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La vigilancia de los Juzgados de TGN deja bajo mínimos los efectivos de los Mossos para patrullar

Se necesitan un mínimo de 48 agentes al día para vigilar las ocho sedes judiciales. No pueden abandonar el puesto si no es por un aviso urgente al que no puedan acudir otros

Àngel Juanpere

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Una patrulla de Mossos, el pasado viernes en la Rambla Lluís Companys custodiando el Palau de Justícia de Tarragona.  FOTO: pere ferré

Una patrulla de Mossos, el pasado viernes en la Rambla Lluís Companys custodiando el Palau de Justícia de Tarragona. FOTO: pere ferré

La orden tácita dada por el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) de que todas las sedes judiciales de la comunidad autónoma tengan vigilancia de los Mossos d’Esquadra las 24 horas al día ha mermado considerablemente los efectivos de que dispone el cuerpo para realizar tareas de seguridad ciudadana, lo que ya ha provocado más de un conflicto ciudadano. La orden de la cúpula judicial ha creado malestar tanto entre los mandos como en los propios agentes. Y más después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya amenazado a los Mossos, en caso de no realizar bien su trabajo, con apartarlos y poner a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Para vigilar ocho sedes judiciales de la demarcación se necesitan un mínomo de 48 agentes al día.

Los ataques llevados a cabo en los últimos tres meses por miembros del CDR han acabado salpicando a los Mossos d’Esquadra, que vuelven a estar en el punto de mira de la Judicatura. Las acciones de los CDR comenzaron en noviembre y se han ido repitiendo. Han consistido en el vertido de estiércol y basura delante de los edificios judiciales, y en algún caso –como en Valls– también de purines, lo que obligó a suspender la actividad judicial. 

El 7 de diciembre, la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ya solicitó a los Mossos un informe relacionado con los ataques sufridos. Según publicó el Diari el pasado 5 de febrero, los agentes de la Unitat d’Informació del Tarragonès iniciaron una investigación respecto al ataque al Palau de Justícia del 3 de diciembre, que se presumía difícil ante la falta de testigos. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad no permitían identificar a los autores, sólo que eran ocho y que se marcharon en dirección a la Plaça d’Orleans, donde precisamente está la comisaría de la Policía Nacional.

En plena investigación se produjo el ataque del pasado 4 de febrero. Éste fue el detonante para que la Sala de Govern del TSJCat tomara una serie de acuerdos de forma tajante. Por un lado reclamaba a los Mossos «que procedan a la protección presencial y permanente de todas las sedes judiciales», dando cuenta al presidente de las «concretas medidas adoptadas». 

Por otro lado, la Sala de Govern sugería a los presidentes de las audiencias provinciales y a los jueces decanos del territorio «que valoren la necesidad de suspender las actividades judiciales, excepto las actuaciones urgentes y de guardia, cuando por razones de salubridad no se pueda garantizar el normal acceso a las instalaciones», como ocurrió el 4 de febrero en los Juzgados de Valls. Asimismo, instaba a la Fiscalía a «depurar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de quienes hayan ideado, planeado, coordinado y ejecutado estos ataques a las sedes judiciales».

Finalmente, el comunicado era crítico con la actitud –o inactitud– del Departament de Justícia de la Generalitat: «Lamentar la falta de condena de estos hechos por parte de la consellera de Justícia, como responsable de las condiciones laborales de los funcionarios judiciales, cuya salud se pone en riesgo con estas acciones, y de los medios materiales que se malgastan en actuaciones de limpieza».

Inicio de la vigilancia

Ese mismo lunes 4 por la noche, los Mossos d’Esquadra ya ponían vigilancia. En el caso del Palau de Justícia de Tarragona, una patrulla estaba aparcada encima de la acera, delante de la iglesia de Sant Pau. Pero las instrucciones del TSJCat han provocado muchos quebraderos de cabeza a la cúpula de los Mossos. Un cuerpo con importantes carencias de personal, donde en algunas comarcas sólo puede salir una patrulla en determinados turnos.

Precisamente, esta carencia de efectivos policiales ya ha comenzado a provocar situaciones tensas. Una noche de la semana pasada había dos patrullas en el Baix Penedès. Una custodiaba los Juzgados y la otra estaba libre para atender los requerimientos. Pero mientras ésta estaba ocupada, saltó un segundo aviso. Primero se indicó desde la Sala Regional –que controla todas las patrullas– que atendiese la llamada. Pero cuando estaba de camino se le dijo que regresara al edificio judicial.

Otro caso ocurrió la semana pasada en el Baix Camp. Se recibió un aviso de un posible tiroteo en Riudoms. No había ninguna patrulla disponible de los Mossos. Estaba la de custodia de los Juzgados. Ante ello se pidió que una de la Guàrdia Urbana de Reus la fuera a relevar y la Policía Autonómica pudo desplazarse a Riudoms.

Fuera de la demarcación de Tarragona, en Puigcerdà, el pasado día 8 se declaró un virulento incendio en un piso del centro de la localidad, donde tuvieron que ser desalojadas 22 personas por el avance de las llamas. A pesar del peligro que había, la patrulla no pudo dejar su puesto en los juzgados de la capital de la Cerdanya.

«Servicio prioritario»

Las directrices son muy claras: la patrulla del Juzgado no puede abandonar su puesto sin previa autorización o un requerimiento muy grave al que no puedan acudir otras patrullas. Y, ante la duda, no se moverá. Se quiere evitar a toda costa cualquier imputación a los mossos que abandonen su puesto para acudir un servicio y dicho instante sea aprovechado por alguien para realizar alguna acción, desde una pintada al vertido de excrementos. Se ha puesto la vigilancia de los Juzgados como un servicio «prioritario». Se acudirá a una urgencia si hay peligro para la integridad física de las personas, si no es así, los efectivos se desplazaran cuando puedan.

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