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El personal de las Llars d’Infants municipales podría ir a la huelga el próximo mes de diciembre. Así lo aseguran al Diari fuentes de los sindicatos USOC, UGT y la Intersindical, después de que en la mesa de negociación que hay abierta con el gobierno local no se haya logrado desencallar una polémica que se arrastra desde hace varios meses y que, en breve, podría tener las primeras consecuencias para los usuarios de estas instalaciones educativas.
Las cincuenta trabajadoras de los siete equipamientos que, a lo largo de los últimos años, han vuelto a manos municipales exigen a la corporación local que les iguale las condiciones laborales del resto del personal municipal, de forma que puedan acogerse al convenio colectivo del Ayuntamiento y dejar atrás el contrato que arrastran de las compañías privadas en las que estaban empleadas cuando fueron subrogadas por el Consistorio. Según indican fuentes de los sindicatos, la diferencia entre ambas condiciones puede llegar «hasta los 300 euros mensuales».
Por todo ello, desde hace meses sindicatos y gobierno negocian encontrar una vía para actualizar la situación laboral de estas profesionales, afectadas por los procesos de subrogación que se han efectuado después de que el Ayuntamiento decidiera recuperar la gestión directa de las Llars d’Infants, que hasta 2017 tenía externalizadas. Así, en el curso 2017/18 el Consistorio internalizó el servicio de las guarderías de El Serrallo, El Miracle, Sant Salvador, Cèsar August y Sant Pere i Sant Pau, mientras que el siguiente curso se siguió el mismo camino en las de la Arrabassada y Bonavista.
«Inseguridad jurídica»
En un informe jurídico firmado por la Oficiala Major del Ayuntamiento, Irene Elena Torralba, la alta funcionaria municipal reconoce que «en la actualidad no hay una regulación específica sobre la subrogación de personal en los supuestos de reinternalización de servicios públicos», un hecho que, a su juicio, «comporta una inseguridad jurídica».
En su análisis, la jurista resalta que el proceso de integración del personal «de una empresa contratista como consecuencia de la recuperación de un servicio no es propiamente un acceso a la ocupación pública», ya que éste «solo se puede producir a través de la convocatoria de las correspondientes plazas, y en base a un proceso de selección fundamentado en los principios de igualdad, mérito y capacidad».
Si este personal no es, pues, empleado público, «su existencia no presupone la aplicación de las reglas jurídicas propias del estatuto de los empleados públicos», afirma la Oficiala Major, quien recalca que el personal subrogado «no puede participar de los beneficios derivados, como el acceso a la promoción interna o la movilidad», ya que su plaza «queda circunscrita exclusivamente al centro de actividad que es objeto de la transmisión».
En este sentido, la alta funcionaria resalta que estas empleadas de las Llars d’Infants «se integran en la administración con los mismos derechos que tenían en la empresa», por lo que se muestra partidaria de que «lo más recomendable es que este tipo de trabajadores figuren en un anexo específico de la plantilla presupuestaria y de la relación de puestos de trabajo, diferenciándolas de los empleados públicos».
Asimismo, Torralba cree que las empleadas de las guarderías deben acogerse al convenio colectivo de ámbito estatal de los centros de asistencia i educación infantil. «Pese a que formalmente ha perdido vigencia, continúa siendo de aplicación mientras la negociación de las condiciones no sea objeto de un acuerdo».
Por todo ello, finalmente la Oficiala Major considera que «la distorsión actual obliga a hacer un punto de inflexión y proceder a la homogeneización de las condiciones laborales y retributivas que aproximen la situación de las diferentes categorías existentes», si bien deja la moneda al aire y asegura que esto pasa por «negociar» y se respetuosos «con los derechos consolidados».
