Las ayudas a la rehabilitación despiertan el interés por el alquiler social en TGN

Propietarios e inquilinos muestran su satisfacción por este servicio que gestiona Smhausa, que ahora cuenta con una partida de 1,1 millones de euros para sumar nuevos usuarios

NÚRIA RIU

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Angelina Pastor Font y Abraham Veciana Gutiérrez son la propietaria y el inquilino de un piso de la bolsa de mediación. FOTO: ÀNGEL ULLATE

Angelina Pastor Font y Abraham Veciana Gutiérrez son la propietaria y el inquilino de un piso de la bolsa de mediación. FOTO: ÀNGEL ULLATE

Desde que la semana pasada el Ayuntamiento de Tarragona abrió oficialmente la convocatoria para solicitar las ayudas a la rehabilitación de viviendas destinadas a vivienda social, el Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA (Smhausa) ha atendido a una docena de interesados. De momento aún no se ha cursado ninguna solicitud formal, ya que tienen que hacerse las valoraciones preliminares para poder iniciar la tramitación. No obstante, hay plena confianza en que esta medida se convertirá en un revulsivo en las políticas de vivienda de la ciudad y que a medio plazo permitirá empezar a incidir en el precio de los alquileres. «Creemos que es muy ambicioso, ya que supone un win-win para todas las partes», afirma la presidenta de Smhausa, Eva Miguel Gascón (CUP).

La partida presupuestaria para dicho efecto es de 1,1 millones de euros, de forma que los propietarios que lo soliciten recibirán el 100% del coste de las obras –hasta un importe máximo de 18.000 euros– para la reforma de cocinas, baños o eficiencia energética, entre otras. Como contraprestación, estas viviendas entrarán a formar parte de la bolsa municipal de alquiler, que gestiona Smhausa, durante un periodo de como mínimo cinco años.

Este servicio administra un total de 86 viviendas entre las que se incluye un piso de Angelina Pastor Font, en la calle Gravina del barrio del Serrallo. «Era la herencia de los padres y lo tenía alquilado, pero estaba muy mal y había tenido problemas con una de las inquilinas, así que unos amigos me dijeron que lo pusiera a la bolsa y ya llevo seis años», explica. Pastor es la dueña del piso en el que vive Abraham Veciana Gutiérrez. En su caso «había tenido problemas con un piso compartido y la asistente social me dijo que fuera a Habitatge para ver si me podían ayudar».

Veciana Gutiérrez ya era perceptor de una ayuda para el alquiler, Smhausa vio que los intereses de ambas partes encajaban y llegó el día en el que formalizaron la firma del contrato y las dos partes se conocieron. «Si la relación es buena, a partir de ahí ya prescinden de mí», indica uno de los técnicos del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA. Y, en este caso, ha sido así, ya que ambos han establecido una relación que ellos mismos definen de «muy familiar».

Los alquileres sociales se regulan por contratos de cinco años, que pueden prorrogarse otros tres. Asimismo, las bases establecen una limitación máxima de precio, de hasta 550 euros. «Tarragona es un municipio con una fuerte demanda de alquiler, por lo que siempre intentamos que la valoración de la vivienda esté entre un 10 y un 20% por debajo del precio de mercado de la zona», argumenta el gerente de Smhausa, Jordi Dies. A cambio, el arrendatario tiene una serie de garantías que hacen que, a pesar de esta ligera diferencia en el precio, la bolsa de mediación sea una opción atractiva. Entre los requisitos que se les exige es que el piso tenga cédula de habitabilidad, certificado de eficiencia energética y que esté en unas condiciones dignas para se habitado.

Por su parte, el arrendador tan solo tiene que avanzar un mes de depósito, cuando ahora la mayoría de inmobiliarias piden tres, y estos tienen que estar inscritos en el registro único de solicitantes de la Agència de l’Habitatge. Y aquí hay que romper el falso mito de que el alquiler social tiene una connotación peyorativa. «Hay mucha gente con un sueldo digno, que a lo mejor no pueden permitirse pagar un alquiler de 800 euros», indican los técnicos de este servicio.

Baja morosidad

La demanda es superior a la oferta y cada vez que sale un nuevo piso disponible, los técnicos de Smahusa chequean la base de datos para conocer si hay alguna solicitud que se ajuste, para hacer la asignación. «Depende de las dimensiones de la vivienda y de si el usuario tendrá la capacidad suficiente para pagarlo, pero el hecho de que haya garantías hace que la morosidad sea muy baja», indica Dies. Y los resultados son satisfactorios. Según datos disponibles, el 80% de los usuarios del servicio repiten y renuevan el contrato ya que «tanto a los propietarios como a los inquilinos les permite olvidarse de todos».

Abraham Veciana Gutiérrez cumplía con todos los requisitos y no lo dudó. «Yo un alquiler convencional no me lo hubiera podido permitir y no quería compartir piso», expone.

Este servicio municipal quiere dejar claro que como intermediario no cobra. «Esto no es una inmobiliaria y, de hecho, nosotros no hablamos de clientes sino de usuarios», afirma Dies.

Las bases de la convocatoria establecen que las personas que quieran solicitar la ayuda pueden tener un máximo de cinco viviendas, que puede que ya estén en la bolsa de mediación o que ahora mismo estén vacías, pero que no están en condiciones y necesitan ser rehabilitadas. Esta partida de 1,1 millones permitirá llegar a un mínimo de 61 propietarios lo que, según la concejal de Habitatge «nos permitirá tener un termómetro por si puede ser un referente de cara a futuras partidas y empezar a incidir en el precio de los alquileres».

Asimismo, con esta partida presupuestaria, el Ayuntamiento quiere «empezar la puesta a punto que necesita el parque de viviendas de la ciudad» y dinamizar al sector de la construcción de la ciudad, que ahora también sufre los efectos de la crisis económica generada por la pandemia y de la falta de suministros.

La administración local asegura que se han simplificado los trámites para «facilitarlo al máximo». Además, no se ha fijado un calendario para presentar las solicitudes, sino que estas podrán presentarse hasta que se agoten los recursos disponibles. Y, a partir de ahí, Eva Miguel Gascón avanza que «valoraremos la acogida para dotarla de nuevos recursos ya que creemos que incrementando esta bolsa de mediación es una manera de poder garantizar el derecho a la vivienda y que podamos tener un parque en condiciones». De momento, Smhausa ha establecido las bases para que surjan nuevas relaciones como la que han forjado estos años Angelina Pastor Font y Abraham Veciana Gutiérrez. «Yo estoy encantadísima», concluye ella.

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