Las ayudas para pagar el recibo de la luz en Tarragona se doblan en un año

Hasta mediados de diciembre del año pasado, Serveis Socials del Ayuntamiento de Tarragona otorgó 806 ayudas de urgencia a familias que no podían hacerse cargo del recibo de la luz. Eran casi el doble de las 461 que se entregaron el año anterior.

Ana Santos, concejal de Serveis a la Persona, reconoce que no hay datos que expliquen la causa de este agravamiento de la situación, pero supone que tiene que ver con una cuestión de prioridades. Pone un ejemplo: «Si una familia tiene dificultades para llenar la nevera seguramente pensará primero en comprar los alimentos para meter dentro que en pagar la electricidad que la hace funcionar».

Señala que no hay un perfil típico de familias que necesitan ayuda. Las hay que tienen problemas en un mes puntual y están las que tienen una situación de pobreza cronificada. Lo que sí saben,  apunta, es que el número de ayudas aumentó especialmente en los barrios de Ponent y en la Part Baixa de la ciudad. 

Además de las ayudas para pagar la electricidad, el año pasado se entregaron 29 para pagar el agua. En este capítulo las ayudas sí que se redujeron sustancialmente porque aumentó el número de familias que tiene el servicio gratuito gracias al fondo social de Ematsa y que el año pasado contó con 90.000 euros. En lo que se refiere a los recibos del gas las ayudas, 148, sí que fueron similares a las del año anterior.

Menos cortes, más deuda

Explica Santos que desde la aplicación de la ley 24/2015  se han reducido significativamente los cortes de suministro en Catalunya. Desde entonces en el pie de la factura debe aparecer un mensaje en el que se avisa de que si no se tienen recursos para pagar se debe recurrir a Serveis Socials.

El municipio, por su parte, también recibe un listado de las compañías para verificar que los cortes que están previstos no correspondan a ninguna persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad reconocida.

El problema, explica Santos, es que aunque el suministro ya no se corta, la deuda sí que se sigue acumulando y las compañías la siguen reclamando tanto a los usuarios como a los ayuntamientos.

En este sentido recuerda que en 2017 se llegó a un acuerdo en la Generalitat entre las diputaciones y municipios más importantes para hacerse cargo de estas deudas entre las administraciones y las compañías de suministros. Estas últimas, no obstante, a día de hoy no han firmado.

Acoso para cobrar

Maria Campuzano portavoz de la Aliança contra la Pobresa Energètica, APE, cree que a la Generalitat le ha faltado hacer más presión para obligar a las compañías a comprometerse contra la pobreza energética. «Estamos hablando de empresas privadas con ingresos multimillonarios que juegan con los derechos fundamentales de las personas».

Algunos ayuntamientos, explica, han optado por ofrecer ayudas «pero es imposible llegar a todos» y otros han decidido no hacerlo para presionar a las compañías.

De momento, y mientras se llega a un acuerdo con las empresas, la APE está apoyando a familias que han pedido la condonación de la deuda. De momento sólo han tenido éxito con la condonación de los recibos del agua de algunos usuarios en Barcelona.

El problema, igual que señalaba Santos, es que la deuda se acumula, y las compañías ponen el cobro en manos de bufetes de abogados y de empresas de recobro «que acosan a las familias que igualmente no podrán pagar y que se dedican a hacer cientos de llamadas al mes y que mandan cartas simulando una demanda judicial... Incluso tenemos grabaciones de llamadas donde les amenazaban con llevarles a juicio».

Actualmente la APE tiene una sección en El Vendrell y se plantea crear este año una en Tarragona. Mientras, se puede contactar con ellos a través de su página web y el perfil en Facebook.

El bono social no acaba de llegar

Pero antes de llegar al extremo de no poder pagar los recibos hay una serie de medidas que se pueden adoptar para rebajar la factura de los hogares, como acogerse al bono social del Gobierno o cambiar la potencia contratada. El problema, no obstante, es que muchas familias vulnerables no tienen suficiente información ni saben cómo tramitarlo.

Con el bono actual el descuento que se aplica en el recibo de la luz es del 25% para el consumidor considerado como vulnerable y del 40% para los incluidos en la categoría de vulnerable severo. El mismo se puede tramitar a lo largo de todo el año.

El año pasado el ayuntamiento hizo un proyecto piloto con el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials en el que se atendió a 70 familias en situación de vulnerabilidad. Encontraron que el 60% de las familias con derecho a solicitar el bono no lo tenían.

A partir de esa experiencia ahora lo que se hace es asesorar de manera personalizada a las familias que han recibido una ayuda de Serveis Socials para pagar el recibo de la luz.

A las reuniones, que se realizan en los centros cívicos, los usuarios deben acudir con sus facturas y allí se les ayuda a interpretarlas. En la experiencia piloto se comprobó que algunas familias tenían, por ejemplo, una tarifa de discriminación horaria, pero no les suponía ningún ahorro porque no lo sabían. 

En estas asesorías también se estudian sus hábitos de consumo y se les dan consejos sobre cómo ahorrar aunque, en general, ya suelen hacer un uso muy comedido de la energía. 

La clave, no obstante, suele ser que los técnicos les ayudan a hacer los trámites necesarios para conseguir el mejor precio posible en sus suministros y median con las empresas.

Santos explica que, en muchos casos, una reducción en la factura puede suponer la diferencia entre que la familia pueda hacerse cargo de los recibos por sí misma o que necesite recurrir a una ayuda social.