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Las enfermeras, en pie de guerra por el decreto que les impide recetar

El Col·legi de Tarragona o la URV claman contra una norma que limita la labor de enfermería. Los profesionales continúan trabajando igual en los centros, aunque esa labor sea ahora ilegal

Raúl Cosano

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El nuevo decreto merma las atribuciones de la prescripción autónoma de los enfermeros.  Foto: alba mariné

El nuevo decreto merma las atribuciones de la prescripción autónoma de los enfermeros. Foto: alba mariné

Las enfermeras llevan semanas en pie de guerra. El colectivo ha alzado la voz reclamando un reconocimiento legal para que pueda indicar fármacos, después de que el Real Decreto (RD) de prescripción enfermera, aprobado en diciembre, haya relegado estas competencias únicamente a los médicos, provocando numerosas y contundentes reacciones en contra. Tanto en Tarragona como en toda Catalunya el clamor es prácticamente unánime.

Más de 40 entidades y organizaciones sanitarias han formado un frente común que ha entregado a la Conselleria de Salut de la Generalitat un manifiesto reclamando poner fin a «la situación de emergencia de las enfermeras catalanas», al no estar amparadas legalmente por una regulación autonómica. En esa protesta están representados más de 49.000 profesionales, incluyendo a colegios, escuelas, facultades universitarias, asociaciones y sociedades científicas, sindicatos y organizaciones sanitarias.

 

Un gremio desguarnecido

El propio Col·legi d’Infermeres de Tarragona o la Facultat d’Infermeria de la Rovira i Virgili son algunos de los entes firmantes de un texto que pide cobertura ante una práctica habitual en hospitales y centros sanitarios, y que a raíz del decreto estatal ha dejado desguarnecido al colectivo. «La aprobación de la regulación estatal deriva en una situación de riesgo que aboca a las enfermeras a una confrontación entre el deber de dar una atención segura y de alta calidad y el respeto a la realidad vigente», afirma Cristina Díez, presidenta de las enfermeras en Tarragona.

Con el decreto en vigor, el sector incurre en una ilegalidad si prescribe sin la autorización médica, una práctica habitual, sobre todo en primaria, como indica Maurici Sabaté, del sindicato Catac-CTS y trabajador en el ABS de Falset –en el equipo de atención primaria–: «A los hospitales no afecta tanto porque se trabaja de forma coordinada entre médicos y enfermeras, pero en la atención primaria, y además en las zonas rurales, es común ejercer por separado, de forma independiente». El comunicado añade: «Es preciso regular legalmente aquello que se está produciendo ‘de facto’ con eficiencia y seguridad demostrada. Hay que adaptar el marco legal a la realidad de la dinámica asistencial».

La afectación puede ser más marcada en áreas pautadas como las vacunas, la gestión de demanda urgente o las curas médicas. «En ocasiones son campos que se han desarrollado al mismo tiempo de la enfermería y se nos ha informado más a nosotros que a los propios doctores», dice Sabaté.

El decreto exige que, para prescribir fármacos, los enfermeros deben tener una autorización de un organismo de la Dirección de Ordenación Profesional del Ministerio. La norma contempla que los enfermeros «podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica». Para ello «será necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir».

Roser Ricomà, decana de la Facultat d’Infermeria en la URV, desgrana otra implicación: «Es un despropósito, un agravio, una incoherencia que sólo puede entenderse desde el desconocimiento de nuestro trabajo. Formamos para que la enfermera adquiera estas competencias y luego aparece un Real Decreto que impide desarrollarlas». Continúa Ricomà: «Lo más grave no es el desamparo de las enfermeras, sino el riesgo para la población, para todos los pacientes. La enfermera tiene una parte de prescripción autónoma, y hay profesionales altamente preparadas con máster, con postgrado e incluso con doctorado».

Ricomà expone algunas de las situaciones que se pueden generar: «En los casos en que la vida depende de una respuesta de minutos o el médico no está presente y la enfermera está capacitada, ¿qué tendremos que hacer?. En situaciones de riesgo ya hay unos protocolos pactados y una autonomía para la que la enfermera está claramente formada. Son cuatro años de estudio, 2.400 horas de práctica clínica y 150 de formación en farmacología. Millones de personas han salvado la vida gracias a la intervención de las enfermeras. Nunca hemos querido ganar competencias que no tocaban, no queremos ser médicos, pero el papel del colectivo es vital en la atención urgente, en las curas intensivas o en la gestión de crónicos». Ricomà pide ahora una regulación en clave catalana: «El Govern adquirió el año pasado el compromiso de aprobar una regulación autonómica de la prescripción que no se ha resuelto. El problema es poder hacerlo ahora, cuando estará contradiciendo un decreto estatal».

 

‘Es una barbaridad’

Desde el Col·legi d’Infermers, la preocupación es máxima. «El Supremo ha denegado la suspensión cautelar del Real Decreto, así que la situación ha empeorado, porque ahora hacemos un trabajo ilegal», cuenta Cristina Díez. «Es una locura, una barbaridad. Se está actuando igual pero con el miedo en el cuerpo, con la sensación de inestabilidad, de poca seguridad porque no estás amparado jurídicamente. Parece que ahora se da la imagen de que la enfermera no estaba preparada para lo que ha hecho toda la vida».

Díez expone diversos ejemplos: «Ante un infarto, nosotras actuamos, no vamos a esperar a que venga el médico. Hay protocolos claros, pautas muy trabajadas, por ejemplo, para la sedación y el dolor. Cualquier auxiliar de farmacia puede dar un medicamento al paciente y nosotros no». La máxima dirigente del sector en la provincia considera que detrás «hay intereses políticos y económicos», y también «presiones de otros colectivos profesionales». Ante esta situación, el gremio sigue a la expectativa, encomendándose al menos a la legislación que pueda impulsarse desde Catalunya, y sin descartar nada: «Si el decreto no se echa atrás, tendremos que ir a la huelga, algo que no se ha hecho aún por el componente asistencial de nuestro trabajo, y por cómo afectaría eso al ciudadano».

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