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La Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL) y la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC), representantes mayoritarias en las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos en los centros concertados de Catalunya, denuncian la «discriminación que supone para las familias la infrafinanciación» de este sector, y exigen poner fin a «la descalificación injustificada y demagógica contra nuestras escuelas».
Se incumple la gratuidad
Según el presidente de FAPEL, Josep Manuel Prats, «la financiación del sistema debe ser igual para todos, independientemente de que elijamos escuela pública o escuela concertada. Por eso defendemos los derechos de los padres y madres que tienen que soportar la infrafinanciación por parte de la administración». Por su parte, la CCAPAC confirma que «las familias estamos aumentando, en términos netos, nuestra aportación a la financiación de la escuela de nuestros hijos e hijas, algo que revela que el derecho a la gratuidad de la educación, establecida por los derechos humanos y las leyes, no es efectiva y está en retroceso».
La directora general de Centres Concertats i Privats de Catalunya, Pilar Contreras Llanas, reconoce que «nuestra situación es dramática. Si no fuera por las cuotas que pagan las familias, muchos colegios no aguantarían, porque no recibimos fondos suficientes de la Administración».
También Carlos Camí, presidente la Confederació de Centres Autónoms d’Ensenyament de Catalunya, destaca que «un centro concertado de una línea recibe 90.000€ anuales de la Generalitat para pagar todos los desembolsos al margen de los sueldos de los profesores, mientras uno público suele tener unos gastos de 600.000€. Por eso necesitamos las cuotas para subsistir».
Las familias pagan más
Según un estudio de la CCAPAC, basado en datos de IDESCAT, entre los años 2010 y 2015 (aislando la variación del alumnado) la aportación pública a la escuela concertada catalana descendió en 69 millones de euros anuales, mientras la aportación de las familias durante ese mismo período aumentó en 114 millones de euros por curso.
