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«Que no te corten la luz es apenas la punta del iceberg», dice Aleix Manonellas, técnico del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona que ha participado en el asesoramiento a un grupo de familias de la ciudad que sufren pobreza energética.
Se refiere a que no se puede cortar el suministro de luz, agua o gas a cualquier ciudadano que presente un informe de Serveis Socials que acredite que está en situación vulnerable. No obstante, aunque el servicio no se suspenda, la deuda se acumula.
Justamente con la idea de evitar llegar a esa situación el Ayuntamiento de Tarragona realizó el año pasado un proyecto piloto junto a este colegio profesional para asesorar a 70 familias remitidas por Serveis Socials.
A estas personas se les atendió de manera personalizada para explicarles, por ejemplo, cómo interpretar las facturas. Se estudiaron sus hábitos de consumo y se les dieron consejos para ahorrar, aunque ya hacían, en general, un consumo muy cuidadoso.
Aunque el verdadero ‘quid’ de la cuestión es que los técnicos les ayudaron a hacer los trámites necesarios para conseguir el mejor precio posible en sus suministros y mediaron con las empresas. Así encontraron, por ejemplo, que el 60% de las familias que por sus condiciones económicas tenían derecho al bono social no lo tenían. Contar con este bono supone un ahorro del 25%.
En otros casos, por lo que se optó fue por reducir la potencia contratada, o por la discriminación horaria. «La mayoría de las familias, aunque no sean vulnerables, se podrían beneficiar por esta opción. Algunas incluso la tienen y, como no lo saben, no les supone un ahorro», explica Manonellas.
Se amplía a toda la ciudad
Ana Santos, concejal de Serveis a la Persona, explicaba que estas acciones se hacen en el marco de la Mesa de la Pobreza Energética de Tarragona y Reus. Ahora la idea es que lo que fue un proyecto piloto se convierta en un programa estable en el tiempo. Para ello el Ayuntamiento está licitando un servicio de asesoría de seis horas semanales para atender a los usuarios que derive Serveis Socials.
Santos recordaba que en 2016 el ayuntamiento dio ayudas de emergencia para pagar servicios a 783 familias por valor de 84.410€. En el primer semestre del año pasado las familias que recibieron ayudas eran 488 lo que supuso una inversión de 42.238€. Además, ha crecido el número de informes de vulnerabilidad emitidos a las empresas de servicios, de 76 en 2016 a 183 sólo en el primer semestre de 2017.
El testimonio: Más de un mes sin agua
Elisabeth Alas, vecina de la Part Alta, lleva más de un mes sin agua por un conflicto entre la comunidad de propietarios y el dueño del piso donde vive; todo a pesar de que ella paga puntualmente el alquiler. Como Alas se encuentra en situación de vulnerabilidad, en teoría no podrían cortarle el agua, aunque en este caso el problema es que hay un depósito común y un único contador. Además, las facturas son a nombre de la comunidad de propietarios. Ahora Serveis Socials ha iniciado un proceso de mediación para instalarle un contador individual que, a priori, solucione el problema.
