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Las mafias de la 'okupación' crecen en Tarragona

Cambrils, Salou o Tarragona son los lugares más afectados. Intermediarios entran en casas ajenas y luego las ofertan para sacar dinero. El sector inmobiliario pide un cambio de la ley

Raúl Cosano

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Una mansión de Vilafortuny valorada en un millón de euros, recientemente okupada. Foto: Cedida

Una mansión de Vilafortuny valorada en un millón de euros, recientemente okupada. Foto: Cedida

«Es una auténtica lacra. Hay dos detonantes indignantes y gravísimos que están destruyendo a la clase media: la impunidad y el hecho de que las leyes protejan a esta gente», explica el promotor tarraconense Diego Reyes, afectado por las mafias de la ‘okupación’, profesionales que ofertan a terceros viviendas a las que han accedido con una patada en la puerta. El fenómeno está en auge.

Estas bandas organizadas ya están establecidas en la provincia, sobre todo en la Costa Daurada. Estos grupos se han aprovechado en los últimos dos años del grave problema de la falta de vivienda para sacar tajada. 

‘Es una vergüenza nacional’

Colocan a ocupantes en pisos vacíos a cambio de dinero. Luego dan la opción al propietario de que recupere la vivienda, igualmente a cambio del pago de una cantidad negociada. «En el 99% de los casos se trata de gente que quiere hacer negocio con la ocupación. Eso ha pasado con inmuebles míos. Es una vergüenza nacional», cuenta Diego Reyes.

Esteve Martí, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, también ha detectado la situación: «Hablamos de gente que se va de la casa y al volver se la encuentran ocupada y alguien le sale incluso con un contrato de alquiler. Hay personas que se están aprovechando de eso para hacer negocio».

En los últimos tiempos han proliferado los sistemas ‘antiokupación’, en especial las puertas. La empresa barcelonesa SM Seguridad Integrada ha instalado estos dispositivos en edificios de Campclar pero también en algunos de la Avinguda Roma, en pleno centro de Tarragona, y en otros municipios. «Recuerdo que hicimos una intervención muy rápida en Cambrils, porque había una mafia que rondaba, y protegimos 28 viviendas en dos días», explica Juan Carlos Parra, delegado comercial de la empresa.

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En Tarragona capital este tipo de ocupaciones son comunes, sobre todo en barrios de la periferia como Torreforta, Bonavista o Sant Salvador. La Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona tiene detectado el problema, tal y como indica su secretario, Manel Sosa: «En algunos casos nos hemos topado con ‘okupas’ profesionales. Abrir un piso no es nada complicado. Estos intermediarios lo abren y luego lo ofrecen y les hacen pagar la cantidad que sea, que pueden ser 500 o 1.000 euros. Hablamos de segundas residencias o de casas que no pueden estar habitadas de forma permanente por sus propietarios, por estar en venta o alquiler».

‘Una intervención inmediata’

Las cámaras de la propiedad catalanas, organizadas en defensa de los dueños, reclaman una modificación legislativa para que la vivienda, cuando ha sido ocupada o usurpada, sea recuperada prácticamente ‘ipso facto’. «Pedimos una intervención judicial policial casi inmediata, como se actúa normalmente en otros países y ante un robo con fuerza en la calle», admite Manel Sosa.

Estos casos ya están llegando a juicio. Una señora tuvo que acudir a la justicia al ver ocupada su vivienda en la calle Apodaca. «La mujer iba cada lunes a dar un vistazo. Un fin de semana la llamó una vecina y le preguntó si había alquilado, porque vio a gente. Llamó a los Mossos pero no pudieron hacer nada», añade Sosa.

El calvario se prolongó desde julio del año pasado hasta ahora, cuando una sentencia obliga a los ocupantes a desalojar la vivienda.

Desde la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona se emplaza a un cambio de la ley. «No queremos a empresas ocupadoras a las que pagar 4.000 euros. Queremos la legitimidad, rapidez y contundencia de la Ley. Ya hay una proposición de ley aprobada por el Congreso de los Diputados para agilizar los desahucios en ocupaciones ilegales de viviendas», zanja Sosa.

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