Las obras del Estado en Tarragona bajan a la mitad con la falta de Gobierno

La Cambra de Contractistes de Catalunya detecta que las licitaciones del segundo trimestre han descendido un 94% en la provincia. Patronales y sindicatos urgen a acabar con la parálisis

18 julio 2019 19:44 | Actualizado a 18 julio 2019 19:59
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Es el signo de los tiempos. Pasó en Catalunya, también sucedió en el global de España y ahora vuelve a ocurrir. Ya van casi tres meses desde las generales del 28-A, no hay un acuerdo de Gobierno y se acerca la próxima semana una investidura encaminada a resultar fallida. Los agentes económicos del territorio lamentan esa falta de entendimiento y entidades como la Cambra Oficial de Contractistes d’Obra de Catalunya ofrecen datos que muestran la dinámica a la baja de las inversiones. 

En el segundo trimestre de este año, que coincide con la campaña, las elecciones y las posteriores negociaciones, el volumen de licitaciones ha bajado a la mitad en la provincia por parte del Gobierno Central. De los 6,4 millones del primer trimestre a los 3,3 del segundo. Es un descenso del 94%. Así, se llevaban invertidos 9,8 millones en ese periodo en la provincia, menos de la mitad de lo que se había destinado a estas alturas el año pasado y que alcanzaba los 20,7 millones. Especialmente marcada es la diferencia de este segundo trimestre con el del año pasado: de los 14,6 millones licitados en obras a los 3,3, según el cómputo de la Cambra catalana. 

En estos meses, ha destacado cómo se ha disparado la licitación por parte de la administración local, por un factor fundamental: la finalización del mandato y las elecciones municipales del 26 de mayo. En Tarragona, de los 42,7 millones del primer semestre de 2018 se ha pasado a los 49,9 de este. Ya el año pasado, los 102 millones invertidos por los entes locales superaron con creces a los 32 destinados tanto por el Estado como por la Generalitat. 

Eso sí, tras las elecciones del 26-M, ya se detecta un frenazo. «La administración local, que ha aumentado el volumen en un 14%, de enero a junio, es el nivel administrativo más activo. Sin embargo, la serie histórica nos indica que, una vez se han celebrado elecciones, la contratación de obras disminuye muy significativamente», indica la Cambra en su último informe a nivel catalán. 

Durante el último año, los ayuntamientos tarraconenses se han puesto las pilas en la licitación de obras y han ido aumentando las inversiones con la cercanía de los comicios: de los 25 millones del tercer trimestre de 2018, a los 33 del cuarto y a los 36 del primero de este 2019, cuando se registró ese récord, antes de desinflarse a los 13 millones. 

«Un gobierno estable»
La preocupación está ahora en lo que sucede estos días en Madrid y va más allá del punto de vista estadístico. PIMEC Tarragona pide responsabilidad a todos los partidos políticos para configurar un gobierno estable de forma rápida. Su presidente en la provincia, Jordi Ciuraneta, reclama que se constituya «con la máxima celeridad un gobierno estable y con la necesaria sensibilidad empresarial que inspire tranquilidad». 

Ciuraneta cree que el ejecutivo debe «garantizar la seguridad económica y jurídica que exige el país y su tejido productivo» y apuesta por una «legislatura sólida y duradera». Desde la CEPTA, su presidente, Josep Antoni Belmonte, también reclama estabilidad: «Es algo que pedimos desde hace dos meses. Es la única forma de dar estabilidad a la gente, de tirar cosas hacia adelante. Estamos siempre con el chip de paciencia y más paciencia y nunca se toman decisiones». 

Desde el sindicato UGT, Joan Llort, secretario general en Tarragona, también es crítico con la situación: «Al final quienes sufren la parálisis son los ciudadanos en su día a día, poque no se activan políticas de cara a la gente». 

Llort alude a temas como las redes eléctricas, una especie de tarificación plana para la industria química, que está pendiente de ser aprobada e implementada: «Es la forma de ser más competitivos. También hay que trabajar para una transición energética». Llort apunta a otras cuentas pendientes que, según dice, están encalladas: «Hay que hacer un plan de choque para el trabajo, para ayudar a los colectivos con más dificultad, como las mujeres o los mayores de 45 años. Y derogar la reforma laboral de 2012, así como trabajar contra la precariedad en la contratación». Vicente Moya, su homólogo en UGT, también es claro: «Instamos a las fuerzas progresistas a cerrar un acuerdo de gobierno, tanto en políticas como en nombres. El electorado progresista no entendería otra cosa». 

Belmonte, desde la patronal CEPTA, es contundente en su lista de reclamaciones y no demasiado optimista de cara al futuro: «Ir de nuevo a una repetición de elecciones sería un desastre. Pero incluso con un gobierno en marcha, que sería el mejor de los escenarios, ya no se puede pensar a largo plazo. Todos los proyectos son a corto plazo y pensando siempre en cuestiones electorales». 

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