Tarragona Urbanismo

Las obras para urbanizar el nuevo barrio de Ten Brinke empezarán en dos meses

El Ayuntamiento adjudica el encargo a Comsa y Rogasa por un montante de 13,8 millones de euros. El gobierno local lo avala para evitar indemnizaciones «millonarias» a los propietarios

OCTAVI SAUMELL

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Las obras para urbanizar el nuevo barrio de Ten Brinke empezarán en dos meses

Las obras para urbanizar el nuevo barrio de Ten Brinke empezarán en dos meses

Las obras del nuevo barrio de Ponent donde se ubicará el centro comercial de Ten Brinke empezarán en dos meses. Esta es la previsión más optimista con la que a día de hoy trabaja el Ayuntamiento, después de que ayer el pleno municipal aprobara –con la única oposición de Junts per Tarragona y la CUP– adjudicar los trabajos de urbanización a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Comsa y Rogasa, por un montante global de 13,8 millones de euros.

Una vez tramitado administrativamente el encargo, la compañía tiene ahora treinta días naturales para presentar la documentación y pagar la fianza. Este calendario sitúa, si no hay recursos ni alegaciones en los próximos 15 días, el mes de marzo como la primera fecha posible para que se inicien los movimientos de tierras para preparar para la construcción los terrenos situados entre el Anillo Mediterráneo de Campclar y la T-11.

En caso de cumplirse este extremo, la duración prevista de las obras es de 15 meses, una circunstancia que situaría el mes de junio de 2021 como el momento en el que la urbanización estaría a punto. De hecho, según se establece en el propio plan parcial, el plazo de ejecución de las actuaciones debe finalizar antes del 13 de mayo de 2022, ya que será entonces cuando se cumplen seis años desde la aprobación inicial del proyecto de reparcelación.

La actuación que se llevará a cabo comprende una superficie unos 68.000 metros cuadrados, en los que está previsto construir un total de 1.200 viviendas, un 35% de las cuales –unas 420– serán protegidas.

«Indemnizaciones millonarias»

Precisamente, la apuesta por la vivienda social fue ayer el gran argumento que recalcó el gobierno municipal (ERC-Comuns) para votar a favor del proyecto, pese a que en la última campaña electoral para las Municipales los dos socios se posicionaron públicamente en contra. «No era nuestro plan, pero asumimos la herencia de lo que no nos gusta. Somos responsables y racionales», afirmó el portavoz del equipo de gobierno y coordinador del área de Territori, Xavier Puig (ERC). El edil republicano añadió que, entre los motivos que han llevado al ejecutivo a impulsar el plan, están las indemnizaciones «millonarias» que deberían pagarse a los propietarios de los terrenos, en caso de tirar hacia atrás el plan. «No puede salir más caro frenar un plan que impulsarlo. El proyecto parcial tiene aspectos positivos. Lo tiraremos hacia adelante a nuestra manera», anunció el político de la formación soberanista.

La postura de Esquerra no fue compartida por las otras formaciones independentistas. Desde la CUP, la concejal Eva Miguel reprochó que al equipo de Pau Ricomà que no haya concretado qué coste tendría para las arcas municipales detener todo el proyecto del PP-10», y recordó a la formación del alcalde que «en campaña electoral, ERC había defendido tirar hacia atrás el proyecto».

Desde el gobierno municipal no se especificó la cantidad a pagar en caso de frenar el plan porque, según indicó Xavier Puig, «dependería del número de recursos que presentaran los propietarios de los terrenos a urbanizar». Para la CUP, el nuevo barrio no cohesionará la ciudad. «Si queremos hablar de cohesión, pacificamos los puentes del Francolí, y convertimos la N-340 y la T-11 en vías urbanas», propuso.

Dídac Nadal (Junts per Tarragona) se explicó en el mismo sentido. «Los países avanzados de nuestro entorno ya hace años que han abandonado la política de situar las superficies comerciales en las afueras de la ciudad», afirmó el edil neoconvergente, quien disparó contra el exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) por «el gran engaño de IKEA».

«Cohesión de barrios»

La opinión de Junts per Tarragona y la CUP fue diametralmente diferente a la de PSC, Ciutadans y PP. La portavoz socialista, Sandra Ramos, valoró que el proyecto «religa barrios» y «cohesiona los barrios de Ponent entre sí», y no solo los de Ponent con el centro de la ciudad», a la vez que reivindicó la «buena herencia» que el anterior gobierno dejó a Ricomà. «Igual no es tan desastre como se decía», añadió la edil de la formación socialista.

Por su parte, Rubén Viñuales (Cs) justificó su OK al plan «en las 400 viviendas sociales, que falta nos hacen», aseguró el líder del partido naranja, quien considera que la apuesta por el barrio situado junto al Anillo Mediterráneo «permitirá ligar los barrios de Ponent» y recordó que «si al gobierno no le gusta, quien da la licencia comercial es la Generalitat, donde también está ERC».

Finalmente, José Luis Martín (PP) acusó al gobierno municipal de que «cuando entraron, ya sabían la herencia que había, pero en cambio optaron por engañar a los votantes y asegurar que frenarían tanto la Budellera como el PP10».

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