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Las pistolas trucadas del delegado Cao de Benós

El tarraconense, representante de Corea del Norte, compró armas por sentirse amenazado

Raúl Cosano

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Cao de Benós, en un campo de tiro. Foto: @DPRK_CAODEBENOS

Cao de Benós, en un campo de tiro. Foto: @DPRK_CAODEBENOS

Alejandro Cao de Benós, el tarraconense que ejerce de delegado especial en Corea del Norte en el Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero, protagonizó un caso mediático vinculado a la manipulación de armas. Fue detenido este pasado verano tras recibir en casa dos detonadoras que había comprado. Ambas habían sido transformadas y estaban preparadas para disparar.

A raíz de eso, Cao de Benós compareció como investigado por un delito de posesión ilícita de armas ante el titular del juzgado de instrucción número 8 de El Vendrell. Según fuentes oficiales, la presunta organización compraba armas detonadoras legales por internet y después las manipulaba para transformarlas en prohibidas y de fuego real.

Cao de Benós quiso aclarar desde el primer momento que «en absoluto» se trataba de una trama que traficara con armas ni que estuviera relacionada con Corea del Norte.

Tráfico de armas prohibidas

El juzgado de instrucción número 3 de Totana, en Murcia, es el que dirige una investigación en la que la Guardia Civil detuvo a otras 11 personas en toda España en esta operación contra el tráfico de armas prohibidas.

El tarraconense Cao de Benós es un gran aficionado al tiro deportivo, como se puede comprobar en algunas imágenes en su cuenta de Twitter. Ha declarado en alguna ocasión que decidió comprar detonadoras –simuladores de fogueo que sólo hacen ruido– por si tenía que intimidar a alguien, después de las amenazas de muerte que decía haber recibido.

También ha afirmado que no sabía que esas armas que adquirió estuvieran manipuladas para disparar.

En realidad, en esta investigación de tráfico de armas, el popular Cao de Benós no es más que un nombre que, por su relacion con Corea del Norte, destaca por su fama en esa lista de al menos 12 personas que habían adquirido distintas cantidades de este tipo de armamento, para uso personal o para reventa y redistribución.

A nivel estatal, la Guardia Civil se ha incautado de unas 500 pistolas detonadoras trucadas en los últimos dos años.

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