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Tarragona Consumo

Las telecomunicaciones provocan una de cada tres quejas en Tarragona

Las reclamaciones ante la Agència Catalana de Consum crecieron un 21% el año pasado. Entre las nueve empresas que recibieron más quejas hay cuatro de telefonía e internet 

Norian Muñoz

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Las empresas de telecomunicaciones volvieron a centrar las quejas el año pasado.  Foto: Alba Mariné

Las empresas de telecomunicaciones volvieron a centrar las quejas el año pasado. Foto: Alba Mariné

El Wifi deja de funcionar cuando menos te lo esperas y si llamas por teléfono es muy difícil que te pongan con una persona de verdad. Cuando por fin lo consigues, siempre te dicen lo mismo: ‘que enciendas y apagues el router’. Tengo dos hijas adolescentes, así que hágase una idea del drama que se organiza en mi casa cada vez que nos quedamos sin servicio: ‘que si los deberes’, que si ‘ no puedo ver YouTube’... Lo peor es que queríamos cambiarnos de compañía y todas tienen sus problemas».

Es la historia de Álvaro, un padre de familia que está a la cola en una oficina de una empresa de telefonía, pero podría ser la de más de un tarraconense a la luz de los datos de la Agència Catalana de Consum (ACC). El año pasado el capítulo de reclamaciones lo volvieron a liderar las empresas de telecomunicaciones e internet. A ellas se dirigieron el 33,3% (una de cada tres) de las 2.564 quejas que se procesaron en la demarcación el año pasado. De hecho, las reclamaciones en general presentadas ante la agencia subieron un 21% en 2018 respecto al año anterior.

Una muestra de ello es que en la lista local de compañías con más reclamaciones el primer lugar lo ocupa Vodafone, pero el tercero es para Orange, el cuarto para Telefónica y el quinto para Xfera Móviles.

Los datos los ofrecía la directora de la ACC, Elisabeth Abad, quien apuntaba que, después de las telecomunicaciones, otros servicios generales de consumo (20,2%) seguían en la lista. Venían a continuación las empresas de suministros de electricidad, gas y agua (15,5%). También tenían un lugar destacado los servicios financieros (7,6%) y los de transporte (5,6%).

Otro caso a destacar en la demarcación y en el conjunto de Catalunya fueron los afectados por el cierre de las clínicas iDental. Abad recordaba que, «al tratarse de una estafa, el caso está siendo investigado por la vía penal en la Audiencia Nacional».
Desde la agencia lo que se está haciendo, explica, es un acompañamiento a los afectados que habían pedido un crédito y se habían quedado sin tratamiento por el cierre para que las financieras les condonen la deuda o, en su defecto, les continúen el tratamiento en otra clínica.

52% de reclamaciones resueltas

Abad distinguió entre las consultas y las reclamaciones. Las primeras bajaron un 15% el año pasado y se prevé que sigan bajando, algo que atribuye a que cada vez los consumidores se informan más por internet en general y por las redes sociales en particular.  

Una vez que se ha recibido información, lo siguiente es la reclamación para pedir una compensación. El primer paso es reclamar directamente ante la empresa que vende el producto o da el servicio. Si pasado un mes no se recibe una respuesta satisfactoria se puede pedir a la agencia que actúe como mediadora entre el consumidor y la empresa para conseguir un acuerdo.

Evitar el juicio

Si el acuerdo no fuera posible,  la siguiente vía es el arbitraje, para el cual es necesario que la empresa esté adherida al sistema arbitral de consumo. El año pasado había 1.138 empresas de la demarcación en el sistema y se producen campañas constantes para que las compañías se adhieran. 

En 2018 se dictaron en Tarragona 184 laudos arbitrales frente a los 285 del año anterior, algo que la directora achacó a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. 

Con todo, el 52% de todas las reclamaciones del año pasado fueron resueltas por la vía de la mediación o del arbitraje.
Es una forma, explicaba, de evitar ir a juicio, algo que no sólo es costoso, sino que puede tardar años en resolverse con el consecuente colapso de la justicia. Con el arbitraje los plazos no se alargan más allá de las dos semanas.

En el caso de la demarcación también destaca el aumento de expedientes resueltos con sanción. Si en 2017 fueron 16, en 2018 llegaron a 60. El importe de las sanciones impuestas pasó en un año de 39.410 a 295.641 euros.

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Es posible que reciba ofertas por diferentes vías para cambiar de compañía de internet. Si es el caso, lea detenidamente el contrato que le ofrecen, compare precios, y no firme ningún documento en blanco ni facilite datos bancarios o su DNI  si no está convencido de realizar el cambio.

Sepa que, si se decide, tiene derecho a un contrato por escrito y que le deben entregar un documento de dejación que le permitirá anularlo durante 14 días naturales.

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