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Las 'trabas' de la Generalitat podrían retrasar la apertura de Ikea otro año

El concejal de Urbanisme, Carles Castillo, carga con dureza contra el Govern por lo que considera una invasión ilegal de competencias
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Imagen virtual del futuro PP-10, que ha sido paralizado por laComissió d´Urbanisme. Foto: DT

Imagen virtual del futuro PP-10, que ha sido paralizado por laComissió d´Urbanisme. Foto: DT

La Comissió d’Urbanisme de Tarragona no aprobó en s?u pasada reunión de mayo el proyecto de Pla Parcial 10 presentado por el Ayuntamiento de Tarragona. Se trata del plan urbanístico de la zona de Ponent donde debe ubicarse la tienda de Ikea –cuya apertura a día de hoy sigue prevista para mediados de 2016–, y un complejo residencial de 11 torres de 14 plantas cada una, lo que dará lugar a más de 1.200 viviendas y se estima que podrá acoger a unos 4.000 habitantes. Además, el PP-10 es también el polígono por el que se accederá a las instalaciones del Anillo Mediterráneo.

Existen dos puntos de desacuerdo que han llevado a la Comissió, órgano que emana de la Generalitat, a no dar por bueno el plan y devolver su tramitación al consistorio. La primera de las observaciones radica en el orden de edificación del plan: «El Govern considera que la superficie comercial de Ikea tiene que ir supeditada a que la parte residencial efectivamente se haga», explica el todavía concejal de Urbanisme, Carles Castillo. Es decir, «que antes de que se desarrolle la parte comercial se haya efectivamente desarrollado por lo menos una parte del suelo residencial previsto en el plan».

Una contrapropuesta que desde el Ayuntamiento no se ve con malos ojos:«Como concejal actual de Urbanisme, estoy absolutamente de acuerdo. Y debemos ver con naturalidad que la Comissió d’Urbanisme haga alguna corrección», asume el edil. Sin embargo, lo que le preocupa no es tanto el contenido de la observación como su existencia en sí, pues considera que la Comissió no tiene competencias para formularla: «En urbanismo, nos tratan como menores de edad y se han cargado la autonomía municipal. La Comissió d’Urbanisme sólo puede entrar en cuestiones de legalidad y de supramunicipalidad. Es decir:no pueden entrar en nada que plantee el Ayuntamiento de Tarragona si no es porque no se esté cumpliendo algún precepto legal;o por algo que tenga afectación a otros municipios. Y eso lo cumplimos».

Sin embargo, Castillo denuncia que «constantemente, y no sólo en este caso, el Govern ha cruzado esa línea y pone trabas». «Han intervenido en temas que no son ni una cosa ni otra», denuncia, y argumenta:«Ninguna ley dice que la Comissió d’Urbanisme pueda supeditar la construcción de la parte comercial de un Plan a que se ejecute la parte residencial. Ninguna ley les permite imponer esas condiciones».

El todavía edil –hoy dejará de serlo y pasará a ocupar su cartera Josep Maria Milà– explica que, pese a no considerar justa la objeción del Govern, la única salida para el consistorio es acatarla, porque la otra solución, un contencioso-administrativo, llevaría demasiado tiempo, justo lo que no puede permitirse el proyecto. Y es que «el PP-10 es, entre otras cosas, la puerta de acceso al Anillo Mediterráneo». «La gente accederá a la zona a través del vial principal del PP-10. Y los Juegos son dentro de dos años. Cuidado con los retrasos, por mínimos que parezcan», advierte.

Se aprobará en julio

En este sentido, el pasado miércoles, el director general de Urbanisme de la Generalitat, Agustí Serra, se reunió con el alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, y con el futuro concejal del área, Josep Maria Milà, para tratar el asunto, ya sin Castillo. Una reunión en la que el Ayuntamiento se comprometió a modificar el plan parcial para incluir la modificación requerida y en la que se pactó que, una vez sea así, el documento será validado, ahora sí, en la Comissió de julio. Se habrán perdido, sin embargo, dos meses respecto a cuando estaba inicialmente prevista la validación (en mayo), un tiempo valioso «especialmente cuando los plazos están tan y tan ajustados», reitera Castillo, más en referencia a los Juegos que a Ikea.

La inclusión de esa modificación significará, básicamente, que en el PP-10 el Ayuntamiento se compromete a desarrollar de manera simultánea una parte del suelo residencial y el centro comercial. Un cambio respecto a la estrategia inicial:«La idea era hacer primero Ikea, que está totalmente cerrado y organizado. Si ahora hay que desarrollar también a la vez las viviendas, es un cambio de planes y puede ser un problema grave», avisa, en referencia a que dicho desarrollo urbanístico deberán ejecutarlo empresas privadas que, a diferencia del caso de Ikea, todavía no están apalabradas.

El concejal, no obstante, quiere ser optimista y pensar que aparecerán promotores dispuestos a hacerlo en los plazos previstos: «Es un polígono interesante y espero que haya gente interesada en construirlo. Pero condicionar una cosa a la otra puede ser peligroso. Puede provocar un retraso ya importante. Dependería del ritmo de construcción, pero podemos estar hablando de entre seis meses y un año. Más los dos meses que ya se ha retrasado la tramitación...», recapitula.

De forma que, si los vaticinios del concejal son precisos, la apertura de Ikea podría aplazarse otro año, tranquilamente hasta 2017. Y eso sin tener en cuenta que «si Ikea ve que se retrasa su apertura, igual pone también condiciones». La empresa sueca, por cierto, por ahora no tiene notificación oficial de ningún retraso, por lo que, según informó ayer, sus planes para Tarragona «se mantienen».

La segunda objeción formulada por la Comissió d’Urbanisme deriva de un informe de Protecció Civil que advierte de la proximidad entre el futuro Ikea y la industria petroquímica. Según la normativa, «dada la concentración de gente que puede llegar a atraer, la tienda no puede construirse allí; habría que desplazarla entre 150 y 200 metros», revela Carles Castillo.

Sin embargo, el edil es en este caso mucho más optimista y está convencido de que la prohibición es negociable:«Me preocupa menos porque se puede compensar. Creo que nos permitirán sustituir ese alejamiento por medidas constructivas. Igual tenemos que hacer paredes más anchas para proteger, o departamentos estancos para que en un momento dado se pueda aislar a la gente... Eso se puede hablar. Ya nos pasó con la iglesia de Bonavista. Había cuestiones de Protecció Civil y al final, en lugar de prohibirnos construirla allí, nos aceptaron medidas constructivas como alternativa», concluye.

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