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La Audiencia Provincial de Barcelona dirimirá el 11 de febrero el litigio que enfrenta desde hace años al exconseller de la Generalitat, Jaume Roma y al director general y gerente de la Xarxa Sanitària Santa Tecla de Tarragona, Joan Maria Adserà, tras adjudicarse junto a la Unió la gestión del hospital del Milagro, en la provincia argentina de Salta. El conflicto derivó en una querella por presunta estafa de Roma contra Adserà y también contra el actual conseller de Salut, que cuando sucedieron los hechos era director general de la Unió Catalana d’Hospitals (UCH), la patronal del sector y que, por su condición de aforado en el momento de dirimirse el litigio, pasó a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que zanjó el tema decretando el sobreseimineto parcial en julio de 2011.
Los querellantes son dos. Por un lado, Joan Corona, director general del Instituto de la Empresa Familiar. Por otro, Jaume Roma, exdirector del Institut Català de la Salut (ICS) entre 1992 y 1994 y exconseller de Política Territorial i Obres Públiques entre 1994 y 1995. Roma lleva años desvinculado de la política activa y desde que dimitiera como conseller tras ser acusado de favoritismo en la adjudicación de unas obras (acusación de la que finalmente fue exonerado por la justicia), trabaja en un despacho propio como economista especializado en consultoría de hospitales.
El origen
La base del pleito se remonta a un acuerdo a tres bandas entre la Fundació Unió (de la Unió Catalana d’Hospitals), la Fundació del Hospital Sant Pau i Santa Tecla y la sociedad Pharos (dedicada al asesoramiento de empresas en el sector sanitario), firmado en Barcelona el 16 de abril de 2007. Un contrato de colaboración para presentarse a la licitación del centro hospitalario argentino en el cual se indicaba que ambas fundaciones reconocían «el papel preponderante y de vital importancia de Pharos para la mejor confección, redacción y presentación de la oferta y documentación para el concurso del nuevo hospital El Milagro». Por ello, se acordaba «contratar el proyecto de gestión designado en el expositivo primero y su seguimiento a una sociedad a propuesta de Pharos, en conformidad con el pliego de condiciones» así como que en el capital de dicha sociedad las fundaciones o en su caso la fundación argentina que se constituyera, participarían en un 30% y Pharos o la sociedad que ésta propusiera con un 70%.
Este contrato, que debía ser sometido a ratificación por las juntas de patronato de las dos fundaciones, fue revocado cuatro días después, el 20 de abril, por el patronato de la Fundación de la Tecla.
La razón, según figura en el acta de la reunión, es que «habiendo sido presentada la documentación (para el concurso) al ministerio argentino y teniendo en cuenta que el espíritu de nuestra Fundación es contar con nuestros propios recursos para el desarrollo de las finalidades fundacionales, el Patronato por unanimidad acuerda no ratificar el contrato firmado por Adserà el 16 de abril».
Jaume Roma y Joan Corona esgrimen que desde ese momento empezaron a desarrollar un número importante de gestiones para lograr la licitación sin haber sido informados de esa revocación. Según ellos, «Joan Maria Adserà argumentó que era mejor que de forma exclusiva estuviese gente de la Tecla y la Unió y que la manera de conjugar los intereses económicos de ambos en el tema se debía hacer a través de un contrato de servicios».
Su versión difiere de la del director general de la Tecla que asegura que el acuerdo de colaboración inicial fue revocado porque el pliego del concurso planteaba literalmente que no serían admitidos «los oferentes a los que se hubiera rescindido por su actual culpable contratos de cualquier naturaleza con organismos oficiales en los 24 meses anteriores a la licitación». Según Adserà, se da la circunstancia de que anteriormente Jaume Roma, como socio de Codeh Internacional y en UTE con Gecessa, ya había administrado el hospital del Milagro y que el contrato les fue rescindido.
El director general y gerente de la Tecla afirma que, pese a ello, efectivamente fue él quien buscó la fórmula para que Roma y Corona siguieran vinculados al proyecto: un contrato de servicios y no un acuerdo societario con participación del 30% de las fundaciones (Tecla y Unió)y del 70% de Pharos como se había pactado inicialmente. El contrato fue firmado el 19 de julio de 2007 entre la Unió y Latinoamericana de Proyectos SanitariosS.A. (Lapsa), sociedad constituida ad hoc.
Acuerdo extrajudicial
El caso ha sido instruido en el juzgado número 17 de Barcelona y en las diligencias previas, la fiscal concluía que «no ha quedado acreditado que el sr. Adserà incumpliera de forma maliciosa el contrato de colaboración (de 2007) en perjuicio de los querellantes ni que les causara un perjuicio de 10,2 millones de euros». Además, por vía mercantil ya se ha cerrado un acuerdo extrajudicial.
