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En el número 1 de la calle López Peláez ya viven los primeros vecinos. En el interior del edificio aún se están haciendo los últimos retoques. Sin embargo, desde que a finales del mes de enero el Servei Municipal de l’Habitatge (Smhausa) hizo entrega de las llaves de esta promoción de viviendas de protección oficial, los nuevos propietarios ya han empezado a ocupar sus aposentos.
Alberto es uno de los vecinos que ha llegado al edificio construido en el solar ocupado antiguamente por la comandancia de la Guardia Civil. Se instaló el pasado 15 de febrero, tras una larga espera que «por fin» ha acabado. «Hace cuatro o cinco años hice la solicitud, porque mis padres habían visto el anuncio en el periódico y al ver que podía cumplir los requisitos pensé que era una oportunidad, porque la situación es muy buena», explica. Superó la fase de sorteo y, a partir de ahí, comenzó una espera que «al principio tenía que ser de dieciocho meses, pero que ha acabado siendo de tres veces más».
Cuando se empezó a excavar en el solar surgieron restos arqueológicos, que obligaron a parar los trabajos. Esto comportó cambios en el proyecto, que tuvo que adaptarse para preservar el yacimiento. Con todo, las obras estuvieron más de un año paradas y cuando estas ya encaraban la recta final, la Covid supuso un nuevo parón. Esta demora la han vivido con más o menos angustia las personas que estaban a la espera de poder entrar. «Lo peor fue la parte económica, porque yo estaba de alquiler en la Part Alta y estaba pagando dos pisos», dice Alberto. Todo esto ahora ha quedado atrás y este joven de 36 años mira con optimismo la oportunidad que representa el haber podido acceder a una de las viviendas, en pleno centro de la ciudad y que, de acuerdo con el cuadro de precios de Smhausa, estos se mueven en una horquilla desde los 105.575 euros a los 176.478.
La promoción consta de treinta viviendas de dos, tres o cuatro habitaciones. Además, dispone también de 31 plazas de aparcamiento, 34 trasteros y dos locales comerciales. Se distribuye en tres escalas, de las cuales dos tienen tres plantas y la restante suma una altura más.
Estos días también se está instalando Francisco Segovia. «Vivo en un piso con unas escaleras en la entrada que son un poco complicadas y con la mujer, ya que ya tenemos una edad, decidimos a ver si podíamos pedir uno de estos», explica. El matrimonio regresa a su barrio de toda la vida y lo hace con la ilusión de estrenar piso. «Estamos acabando unos retoques para ya venirnos para aquí y ahora tocará vender el otro piso», indica Segovia.
Más de diez años atrás
La finalización de esta obra pone el punto y final a un largo periplo que arrancó en enero de 2010, cuando la Guardia Civil abandonó las dependencias construidas en 1930. De hecho, las conversaciones entre el Ayuntamiento de Tarragona y el Ministerio del Interior para el traspaso del solar ya se habían iniciado en 2003, aunque no fue hasta inicios de 2012 que ambas partes alcanzaron un acuerdo, que fue ratificado por escrito en abril de 2013. En este se establecía un precio de compra de 786.000 euros por parte del Ayuntamiento, que después debía hacerse cargo de la demolición del edificio, lo que sumó otros 200.000 euros a la operación.
El derribo estaba programado para el año 2014, aunque este plazo se alargó hasta 2015, y un año más tarde podía iniciarse la construcción de las viviendas, que en su momento se aseguró que tendrían un coste para el Ayuntamiento de 4,3 millones de euros.
La de López Peláez es la primera promoción de viviendas sociales que el Ayuntamiento de Tarragona acaba desde el año 2013. Es uno de los aspectos que ponía de manifiesto el Pla Local de l’Habitatge, el cual recoge también que el parque social de viviendas –según datos facilitados por las diferentes entidades al Consistorio– es de 2.639 viviendas. Sin embargo, la finalización de esta promoción de viviendas marca un antes y un después ya que podría ser la última promoción de pisos protegidos impulsada desde el Ayuntamiento de Tarragona, destinada a la venta. Así lo confirmó el presidente de Smhausa, Hermán Pinedo, en una entrevista publicada en febrero de 2020 en la que aseguraba que este proyecto «supondrá un punto de inflexión ya que la intención es que todo lo que venga a partir de ahora sea de alquiler».
