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Lleva desde mediados del mes de julio sin poder acceder a su casa de la calle Apodaca. Hay okupas dentro. Ese mismo julio de 2016, hace ahora ya diez meses, llevó el caso a los juzgados, y aún espera. Ha dicho el juez que en octubre, si los okupas no se van voluntariamente, habrá desalojo. Habrá pasado más de un año. «Ni lo puedo vender ni hacer nada», explica desesperada la propietaria.
Un cartel anunciaba que su inmueble en la parte baja de Tarragona estaba en alquiler, y aquello fue el reclamo para que los okupas se metieran en la casa aprovechando la ausencia continuada de la dueña. «Yo iba a ver la casa dos veces por semana, para limpiar, para ordenar un poco. Siempre aprovechan un fin de semana para meterse», cuenta ella.
Una llamada de una vecina le puso en alerta: «La presidenta de escalera me preguntó: ¿Has alquilado el piso? Porque hay gente. Llamamos al 112, vino la policía, subió y nos dijeron que no fuésemos». Empezó el calvario.
Los okupas argumentaron que pensaban que era un piso de los bancos y que por eso se habían metido. Un primer juicio en octubre fue luego declarado nulo, a pesar de que la propietaria tuvo que demostrar que el inmueble era suyo con un sinfín de documentos: desde la escritura hasta los recibos pagados del agua y la luz o las denuncias de los vecinos por las molestias creadas por los okupas. El juicio por lo civil del mes de marzo acabó dando la razón a la propietaria.
‘Tengo problemas de salud’
Era el principio del fin de este sufrimiento que aún se alargará unos meses más. Ahora los ocupantes tienen un plazo para recurrir hasta que se haga el desahucio forzoso, que podría irse más allá del verano. «Todo es muy angustioso. Me ha generado problemas de salud. Es un piso pequeñito que era de mis padres, a quienes costó mucho trabajo y sudor comprarlo, porque eran obreros. Te sientes impotente, no puedes hacer nada. Pareces tú el culpable y el que tiene que demostrar todas las cosas», cuenta.
En este tiempo, lejos de ingresar el dinero por la hipotética venta del inmueble, ella ha tenido que pagar. «En total, me habré gastado entre 1.500 y 2.000 euros por este problema», dice. Ahí se incluye el pago del agua o la luz del piso y también el gasto en abogados y juicios. «Sólo quiero que esto se acabe ya», cuenta.
El caso de esta tarraconense, que vive un calvario para poder recuperar su casa y obtener por fin rendimiento económico, ilustra una reclamación generalizada: un cambio de legislación para acabar con una norma insuficiente e inoperante para terminar con uno de los delitos que más ha crecido en estos últimos años, la ocupación ilegal de viviendas, que afecta tanto a entidades financieras, administraciones públicas y particulares, quizás las víctimas más desguarnecidas.
Las cámaras de la Propiedad Urbana de Catalunya, con Tarragona entre ellas, han publicado un manifiesto conjunto para denunciar la situación y explicar su apoyo a la proposición de ley aprobada el pasado 14 de marzo en el Congreso de los Diputados.
‘Imagina que te roban el móvil’
La proposición plantea modificar la ley de enjuiciamiento civil para que los delitos de usurpación se resuelvan mediante la celebración de juicios rápidos que permitan al propietario recuperar su posesión en un corto plazo de tiempo. «Si vas por la calle y te roban el móvil, ¿no reaccionas de forma inmediata? En cambio, si llegas y ves que tu casa está ocupada, tú tienes que demostrar que eres el dueño. Eso no puede ser. Hay que invertirlo y ponerlo en sus justos términos, porque con la legislación actual parece que el propietario ocupado sea el delincuente, porque tiene que hacer un esfuerzo económico para demostrar que es el dueño. Es el mundo al revés», indica Manel Sosa, secretario de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona.
La ocupación se extiende desde el centro de Tarragona hasta los barrios de Ponent, pero también a zonas de alto standing, incluso con chalets, en lugares como Cambrils y Vilafortuny.
Las cámaras de la propiedad hablan de una «sensación de impotencia con respecto a la vulneración del legítimo derecho de propiedad ante la ocupación de viviendas privadas de todo tipo», según expone el manifiesto. El documento alerta de que el problema está causando «un estado de alarma social ciudadana e inseguridad jurídica a la mayoría de propietarios».
La proposición de ley fue iniciativa del PDECat y contó con los votos a favor de PP, C’s y PNV. La izquierda y organismos como la PAH se mostraron en contra. Se prevé que el debate continúe próximamente en las comisiones del Congreso de los Diputados.
