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Los Juegos del Mediterráneo de 2018 son, a juicio de la vicepresidenta del Gobierno Central, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), el mejor ejemplo de que la Operación Diálogo con Catalunya puede dar buenos frutos. Así de clara se mostró ayer la número ‘2’ del ejecutivo estatal durante la fugaz visita que realizó a la ciudad de Tarragona junto a una delegación de primer nivel en la que, entre otros, estaban el ministro de Hacienda –Cristóbal Montoro–, el de Cultura, Educación y Deportes –Íñigo Méndez de Vigo– y el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo.
«Los Juegos son un acto que marca un claro ejemplo de la unidad y colaboración entre distintas administraciones públicas. Trabajando juntos es como mejor podemos servir a los ciudadanos», considera la número ‘2’ de Mariano Rajoy, quien considera que el evento «es una demostración de que la cooperación y el diálogo conducen al progreso y el éxito», afirmó en clara referencia a la falta de acuerdo sobre el encaje de Catalunya y las malas relaciones con la Generalitat sobre el Procés.
A expensas de las cuentas
La comitiva estatal estuvo apenas unas horas en la ciudad para firmar el esperado acuerdo que, en caso de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado (PGE), garantizarán la celebración del evento deportivo que debe realizarse entre el 22 de junio y el 1 de julio. de 2018 El encuentro de ayer, que quería mostrar unidad, contó con la presencia de representantes del Estado, del Ayuntamiento, del Consell Comarcal y de la Diputació, pero se olvidó de la mayoría de alcaldes de las 15 localidades que también son sede.
Los representantes del ejecutivo central firmaron el acuerdo con el Ayuntamiento en el Pretori Romà y, posteriomente, se desplazaron al Anillo Mediterráneo de Campclar, donde conocieron de primera mano las evoluciones de las obras del Palau d’Esports, del estadio de atletismo y del centro acuático. Una vez finalizado este acto se desplazaron a Barcelona a ver el trofeo Conde de Godó de Tenis, donde Soraya se reunió con el President Carles Puigdemont.
Según el convenio que ayer firmaron Gobierno Central y Consistorio –y que está a expensas de que las cuentas estatales puedan ser aprobadas–, el ejecutivo estatal aportará 10,5 millones para asegurar la viabilidad financiera de la celebración del acontecimiento deportivo. Este dinero lo aportará el Consejo Superior de Deportes (CSD), que durante 2017 pagará 6,7 millones de euros, dejando otros 3,8 para el siguiente año. Asimismo, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado también firmará un patrocinio de dos millones, que pagará a partes iguales entre los ejercicios 2017 y 2018.
Este dinero servirá para financiar los 2,7 millones que costará la construcción de la piscina olímpica, así como para poder cubrir el presupuesto operativo del evento. En total, el Estado habrá pagado 15 millones de euros, por los 14,7 de la Generalitat, los 12 del Ayuntamiento, los nueve de la Diputació de Tarragona y los dos de la Diputació de Barcelona.
Gran dinamismo económico
Durante su parlamento de ocho minutos en el Pretori Romà, Soraya Sáenz de Santamaría animó a las empresas a seguir colaborando con los Juegos, ya que –según recordó– «son un acontecimiento excepcional de interés público, con las ventajas fiscales que ello comporta hasta el 31 de diciembre de 2018.»
La vicepresidenta enfatizó las grandes cifras de la cita deportiva, con 300 pruebas de 33 disciplinas, lo que evidencia «que España es un referente en organización de actos deportivos de alto nivel», y que dejará un «gran poso» de excelencia en impacto social y económico. Están citados para Tarragona 2018 unos 4.000 deportistas de 26 países y tres continentes, con 100 medios de comunicación acreditados y la participación de 6.200 voluntarios.
‘Un punto de inflexión’
Por su parte, el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), se mostró convencido de que «este acto marca un punto de inflexión, ya que garantiza el apoyo total del Gobierno a los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018».
El alcalde tarraconense enfatizóla idea de que son unos Juegos «imposibles de realizar sin la lealtad institucional de todas las administraciones públicas».
Finalmente, desde Barcelona, la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Neus Munté (PDECAT), recordó que los Juegos «tenían que celebrarse este verano y tuvieron que aplazarse para el 2018 por falta de dinero», y atribuyó este retraso a la «negligencia» del Gobierno Central, El Govern pide al Estado que «certifique la transferencia de recursos a los Juegos más allá de vincularlos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado».
