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Los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, contra viento y marea

Tarragona 2018 ha superado contratiempos económicos y políticos que han puesto en peligro su celebración. Ahora falta acabar el Palau y la piscina olímpica

Octavi Saumell

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Imagen del aspecto actual que presenta el Palau d’Esports del Anillo Mediterráneo. Foto: Tarragona 2018

Imagen del aspecto actual que presenta el Palau d’Esports del Anillo Mediterráneo. Foto: Tarragona 2018

La ciudad de Tarragona y las otras 15 sedes celebrarán a partir del próximo 22 de junio los Juegos del Mediterráneo contra viento y marea. La organización del evento deportivo ha sufrido incontables contratiempos y problemas de todo tipo que han puesto en jaque la puesta de largo de un certamen que contará con la participación de 4.000 deportistas de 26 países que competirán en 33 disciplinas deportivas. 

Desde que fuera nombrada sede el 15 de octubre de 2011, el primer revés que sufrieron los entonces Juegos de Tarragona 2017 fue la crisis económica, que provocó la falta de financiación de los primeros años de los gobiernos liderados por Mariano Rajoy (PP) en el conjunto de España y por Artur Mas (entonces CiU) en Catalunya. Esos años fueron los de los recortes en ambas administraciones que dejaron en un segundo lugar el apoyo al acontecimiento tarraconense hasta 2014 en el caso del Govern y, 2015, en el del Estado. 

Miguel Cardenal y dos elecciones

Asimismo, la crisis en el Próximo Oriente en países como Siria, Libia o Egipto  también generó dudas en una organización que vivió sus peores momentos entre 2015 y 2016. La mala relación del Ayuntamiento con el entonces presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, hizo perder mucho tiempo para la construcción de instalaciones clave como la piscina olímpica o la reforma del Nou Estadi. Asimismo, la situación política también perjudicó ese año, cuando el Estado español se vio obligado a convocar dos elecciones Generales: una el 20 de diciembre de 2015 y unas segundas el 26 de junio de 2016. 

La falta de acuerdo para consensuar un gobierno derivó en el hecho de que el ejecutivo de Rajoy estuviera en funciones durante más de diez meses, por lo que no tenía competencias para poder asegurar por escrito la inversión en los Juegos que pedía el Comité Internacional. Esta situación retrasó el pago de la aportación estatal, una circunstancia que, en noviembre de 2016, obligó a la organización del evento deportivo a retrasar un año la celebración de los Juegos por la falta de garantías económicas.

En abril de 2017, al fin, el Estado pudo comprometerse con el evento. Así se escenificó el pasado 25 de abril durante la visita que realizaron a Tarragona la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el portavoz del ejecutivo central, Íñigo Méndez de Vigo; y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los representantes del ejecutivo central firmaron el acuerdo con el Ayuntamiento en el Pretori Romà. 

Según el convenio, el ejecutivo estatal debía aportar 10,5 millones para asegurar la viabilidad financiera. De momento, el Ayuntamiento ya ha ingresado los 6,7 millones de euros previstos para 2017, un dinero que ha servido para llevar a cabo las obras en el entorno del Gimnàstic, con la supresión del puente de la antigua circunvalación. También se ha iniciado la construcción de la piscina olímpica, cuyas obras deben finalizar en mayo. Este dinero, sin embargo, no pudo evitar el recorte que se ha llevado a cabo en la plantilla de la organización. Para 2018 aún quedan por cobrar otros 3,8 millones, que están a la espera de que haya acuerdo para aprobar los Presupuestos del Estado. 

Atentados, ‘Procés’, 155...

En medio de todo esto, la preparación de los Juegos también ha visto como se producían los atentados en Barcelona y Cambrils del pasado 17 de agosto, un hecho que generó dudas a nivel de seguridad. Asimismo, también ha vivido la inestabilidad por la crisis entre Catalunya y España, que derivó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución a partir del pasado 27 de octubre que, de facto, supuso una intervención de la Generalitat de Catalunya tras la celebración del referéndum del 1-O y la declaración de independencia del 27 de octubre.

A día de hoy, la práctica mayoría de las obras –que ascienden a un montante global de 75 millones de euros– ya han finalizado. En estos momentos, entre las principales instalaciones, solo quedan por acabar el Palau d’Esports y la piscina olímpica de Campclar, ya que la reforma del Nou Estadi se inaugurará el próximo día 23 con la visita del ministro Íñigo Méndez de Vigo. Por lo que se refiere al Palau, en febrero se adjudicarán las intervenciones de la cuarta fase, que se centrarán en la climatización, el moviliario y el videomarcador. Esta fase podría llevarse a cabo de forma paralela con la quinta y última, en la que se actuará en la gradería. 

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