Los Pujol irán a juicio por negocios en Tarragona

El clan Pujol irá a juicio por algunos de sus negocios realizados en Tarragona. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al expresident de la Generalitat Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos por formar una organización criminal para enriquecerse durante décadas a través de actividades relacionadas con la corrupción que también tuvieron lugar en algunos puntos de la provincia. El eje de todos estos movimientos era el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.

En un auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente a procesamiento), el juez considera acreditado que los Pujol Ferrusola aprovecharon su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios, «para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas». Y subraya que parte de esas actividades coincidieron cuando Pujol ostentaba la Presidencia de la Generalitat (1980-2003) al tiempo que ejercía el liderazgo de la organización criminal junto a su mujer.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 procesa a la familia por organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

«Beneficios ilícitos»

No duda de la organización criminal, porque destaca que reúne todos los requisitos con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada y de permanencia en el tiempo, desde que se abrieron las primeras cuentas en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014.

A lo largo de las 509 páginas del escrito, el magistrado detalla todas las operaciones orquestadas por la familia durante estos años y que les reportaron cantidades multimillonarias sin razón alguna, porque la finalidad no era otra que «obtener multimillonarias beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas».

El juez detecta «prestaciones ficticias de servicios» y «ganancias no justificadas»

Entre las gestiones que esconderían un tráfico de influencias aparece la del vertedero de Tivissa (Ribera d’Ebre), en un ámbito en el que el magistrado habla de «continuidad en la actuación delictiva», en referencia a otras instalaciones similares donde se operó de forma similar. El juez incluye este caso dentro del grupo de «operaciones que exhiben transferencias de dinero hacia Jordi Pujol Ferrusola y miembros de su familia como consecuencia de la realización de gestiones o de tráfico de influencias cerca de autoridades». De hecho, el auto habla de «presunta dádiva a cambio de la participación de Pujol Ferrusola en la dinamizadora de la actuación administrativa posterior relativa al complejo en Tivissa».

En esa compleja trama, Pujol Ferrusola utilizó la sociedad Active Traslation, cuya emisión de facturas «responde a prestaciones de servicios ficticias», por lo que «corresponde su imputación en concepto de ganancia patrimonial no justificada».

En su día, en una comisión en el Parlament, el primogénito de los Pujol también relató su inversión en el vertedero ebrense. Reconoció haber destinado 800.000 euros, conseguir unos permisos y luego revender la instalación a FCC por tres millones, una plusvalía que está en el foco de la investigación. El juez indica que «las gestiones de influencia de Pujol Ferrusola en materia de vertederos continuaron hasta al menos 2011».

En una cuenta de Andorra, «uno de los abonos registrados cuya procedencia ha sido posible trazar consistió en una transferencia recibida por un importe de 9.045.000 pesetas, del que figuraba como ordenante Igor Mozgovoy Mozgoba». Sigue el juez: «La motivación subyacente a esta transferencia fue que Jordi Pujol Ferrusola influyó en el Port de Tarragona para que mediara en una concesión administrativa pública, consistente en puntos de atraque y almacenamiento con capacidad de 331.000 m2 distribuidos en 18 depósitos, interconectados en el conocido como Muelle de la Química, consiguiendo finalmente Mozgovoy su anhelo el 08.09.1998». El magistrado de la Audiencia expone que el movimiento financiero entre Mozgovoy y Pujol Ferrusola no corresponde a ninguna relación económica-mercantil directa entre ambos».

Hay sociedades domiciliadas en Tarragona que servían para «ocultar rentas»

Mozgovoy aparece en la documentación judicial como principal accionista de la empresa Euroenergo, compañía que «concurrió por primera y única vez a un concurso público para adjudicación de concesiones para la instalación de un Parque de Almacenamiento de Productos Petrolíferos en el Puerto de Tarragona». El Port desestimó por aquel entonces las alegaciones presentadas por Repsol y Terquimsa y el consejo de administración otorgó la concesión a Euroenergo en 1999 , «gozando la empresa de ese derecho conferido hasta 2023». De la Mata recalca que «no existe causa que justifique el pago» de esos nueve millones de las antiguas pesetas.

Una «mera pantalla»

El auto también pone el foco en el denominado Caso Puerto Rosario, con vínculos también con Tarragona. Inter Rosario Port Service, una sociedad que tenía el domicilio social en la calle Rovira i Virgili de Tarragona, sirvió, según el juez, junto con otras sociedades, «de mecanismo idóneo para ocultar la titularidad real de las actividades y patrimonio de su propietario, produciendo un abuso de la personalidad jurídica con la finalidad de ocultar rentas y reducir la carga fiscal de Pujol Ferrusola». «Esta entidad –sigue el auto– tiene un carácter instrumental, se trata de una mera pantalla sin voluntad propia. Su objetivo obedece exclusivamente a la finalidad de eludir sus obligaciones tributarias». Tanto el hijo mayor de los Pujol como su mujer entonces, Mercé Gironés, utilizaron esa sociedad «sin más finalidad que ocultar los fondos ilícitamente obtenidos y que ocultaban a la Hacienda Pública, para la operación de Puerto del Rosario».

De la Mata explica que el liderazgo de la organización estaba encarnado en Jordi Pujol y Marta Ferrusola quien, de hecho, detalla, se autodenominaba la «madre superiora de la congregación». Por debajo, Jordi Pujol Ferrusola, denominado «el capellán de la parroquia», cuyas instrucciones seguían a su vez el resto de los hermanos. Él era el responsable de la recepción y distribución de dinero, según el juez.

De hecho, el primogénito ha admitido que todas las operaciones en las cuentas de Andorra y buena parte de los «negocios» en que invirtió durante años estuvieron directamente relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para sí y su familia.

Para el juez, todos estos actos se hicieron con el único ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero que se hacía llegar a la familia directamente en «negro», en metálico, y que se redistribuía entre los diferentes miembros.