Los alquileres en negro dejan un agujero de 83 millones en Hacienda en Tarragona

Cuatro de cada diez arrendamientos en Tarragona son economía sumergida. El fisco ha hallado 19.000 fraudulentos en la provincia

Raúl Cosano

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El 39,3% de los alquileres en la provincia no se declaran a Hacienda. Son cuatro sobre diez, según los datos de los técnicos tributarios.  Foto: A. M.

El 39,3% de los alquileres en la provincia no se declaran a Hacienda. Son cuatro sobre diez, según los datos de los técnicos tributarios. Foto: A. M.

Ni las reducciones fiscales ni las multas surten efecto. El alquiler de la vivienda en negro continúa enquistado. Combatirlo no es una prioridad para la Agencia Tributaria, porque no se evaden cantidades muy elevadas, pero sí se trata de un problema recurrente que no se consigue erradicar. Precisamente en época del boom del alquiler, con muchos propietarios poniendo sus pisos en el mercado, el arrendamiento sumergido presenta todavía cifras elevadas. 

Y eso que la Agencia Tributaria tiene muy fácil seguir el rastro de la picaresca. Le basta un simple recibo de la luz para indagar en el dueño, puesto que un consumo disparado para un piso que se supone vacío hace saltar las alarmas y provoca que se abra una investigación. «La estadística es bastante elevada, para tratarse de un tipo de contribuyente muy fácil de ser detectado, teniendo en cuenta que no suele contar con asesoramiento tributario», indica el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, José María Mollinedo. 

En Tarragona, los propietarios de 19.084 viviendas en alquiler cobran el arrendamiento en B, lo que supone no declarar a Hacienda 83 millones de euros al año. Se trata de dinero que escapa totalmente del control tributario. Son datos de los técnicos de Hacienda extraídos de las estadísticas del IRPF y de los censos de población y viviendas. Las cifras relativas también dan fe de la situación. De los casi 49.000 pisos alquilados en la provincia, el 39,3% se pagan en negro. Es un porcentaje superior incluso a la media estatal, situada en el 38,6%. La cifra en Catalunya es incluso superior (39,8%), afectada fundamentalmente por el dato disparado de Barcelona (41,6%). 

Dicho de otra manera: cuatro de cada diez casas alquiladas en Tarragona forman parte de la economía sumergida. La provincia supera con creces a Girona y Lleida en porcentaje de fraude, según esos últimos datos disponibles. «Es algo preocupante», tercia Mollinedo desde Gestha. Y eso que no se incluyen ahí los arrendamientos turísticos. 

«No es algo prioritario»  

Él cree que la intención de combatir esta lacra existe pero aún queda mucho trabajo por hacer: «Se ha mejorado bastante el cumplimiento desde el año 2010. Es verdad que para la Agencia Tributaria, que presenta una carencia de efectivos, no es la piedra clave de la erosión tributaria. La Agencia podría hacer una actuación más preventiva que indagatoria. Teniendo en cuenta que no afecta a ciudadanos con ingresos muy boyantes y que no se evaden cantidades altas, no es prioritario». 

¿Pero quiénes están en el punto de mira del fisco? «Por un lado tenemos a personas mayores que no necesitan una segunda residencia y la alquilan o dejan su vivienda habitual para irse con sus hijos, y consiguen unos ingresos para complementar la pensión», añade Mollinedo. A eso se añaden los propietarios que compraron durante la burbuja, luego cambiaron de casa y en lugar de vender la antigua, se la quedaron y prefirieron dedicarla al arrendamiento. «En cualquiera de las dos situaciones, el nivel de gastos es superior a los ingresos, y eso es un síntoma», apunta el representante del sindicato. 

Hay varios métodos de detección de fraude. El consumo de electricidad arroja signos evidentes, ya que los kilovatios consumidos delatan siempre la presencia de ocupantes en el domicilio. Lo mismo sucede con el volumen de agua, que permite detectar la existencia de inquilinos. Hacienda también recaba información a través de los portales digitales dedicados al alquiler, a los que suelen recurrir los propietarios en busca de inquilinos. 

No es, en cualquier caso, un fraude sofisticado. Se suele cobrar  en metálico y en mano. Otras pistas: tener unos ingresos bajos y una hipoteca muy alta o, en el caso de los jubilados, disfrutar de unos pagos elevados que no se corresponden con la pensión. 

«Sabemos que existe»  

No se trata, por lo tanto, de irregularidades muy perfeccionadas ni complejas pero que, a la larga y en conjunto, comportan un desfalco con impacto recaudatorio en las arcas públicas. Algunas entidades tarraconenses son conscientes del problema. «Sabemos que es algo que existe. En todos los sectores hay gente que no cumple con sus obligaciones legales y tributarias. Evidentemente, la economía sumergida no es ética ni legalmente aceptable», reconoce Manel Sosa, secretario de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona. 

Si la Agencia Tributaria detecta un alquiler en negro, además de enviar al afectado una propuesta de liquidación, conocida como paralela, se impone una sanción de entre el 50% y el 150% de la cuota que ha dejado de ingresar a Hacienda. Se considera, pues, una falta grave, en tanto que ocultación del contrato que no se ha declarado. A ello se suma que el propietario pierde todo beneficio fiscal, al no poder acogerse a la reducción del 60% aplicable sobre los rendimientos obtenidos.

Sin medios en Hacienda

Bajo esta situación se halla el déficit de empleados. Para Gestha, Hacienda adolece de «una falta de medios muy notable», provocada por que «la plantilla es la mitad que la media de los países europeos», lo que genera ineficacia. Pero, ante los riesgos existentes, ¿por qué aventurarse a este tipo de sanciones? «Puede ser una cuestión histórica que se haya arrastrado, de pensar que existe una impunidad. La gente piensa que no le van a pillar, quizás por cosas como estar cobrando en metálico, pero no es así», explica Mollinedo.

A Diego Reyes, presidente de la asociación de promotores del Tarragonès, también le consta el problema: «Es algo que veo desde fuera, pero lógicamente existe. Es una práctica de la que hay que huir. El propietario que alquila en negro asume sus riesgos». Reyes cree que incluso para el arrendador puede comportar dificultades: «No tiene un soporte en el que ampararse. Si le dejan de pagar, ¿cómo puede ir a reclamar a un juzgado?». 

Este promotor tarraconense cree que el alquiler en B «lo único que hace es lastrar los impuestos, hacer competencia desleal y generar mucha indefensión», aunque acota los ámbitos con casos posibles de mensualidades en negro: «Donde puede haber mucho arrendamiento de este tipo es en alquileres temporales o de estudiantes, pero no tanto en personas que están de forma continuada viviendo en un piso». 

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