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Los auditores del Estado investigan el sobrecoste del párking Jaume I

Los interventores del Gobierno Central elaborarán en tres meses un dictamen sobre el desvío económico, que pasó de tener un presupuesto de 3,9 millones a más de 25

Octavi Saumell

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Imagen del mes de enero en el que se muestra el aspecto que ofrecía el interior del no párking. FOTO: PERE FERRÉ

Imagen del mes de enero en el que se muestra el aspecto que ofrecía el interior del no párking. FOTO: PERE FERRÉ

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona –Antoni Gambón Vilalta– ha solicitado a los auditores del Estado que investiguen el sobrecoste de la no construcción del polémico párking Jaume I, una obra que inicialmente debía costar 3,9 millones de euros y por la que ya se ha generado una deuda de más de 25 millones de euros para las arcas municipales sin que el objeto por el que se licitó la obra pública se haya podido realizar. Según ha podido saber el Diari, el juez dictó el pasado 31 de octubre un auto en el que fija un plazo de tres meses a los altos cargos del Gobierno Central para que elaboren un dictamen sobre la contabilidad de las compañías que, hace más de una década, formaron parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se encargó de la ejecución de las actuaciones del equipamiento de la Part Alta: Sistemas Alem y Aparcaments Municipals de Tarragona.

En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, el juez solicita a los interventores del Estado que lleven a cabo la investigación solicitada por la parte demandante –la Plataforma Veu Ciutadana– «con el fin de determinar los flujos de dinero que se hayan producido entre las sociedades y la UTE». En el texto, Antoni Gambón argumenta que solicita este informe a los interventores estatales porque «se trata de un organismo gestor y directivo de la contabilidad pública al que le compete proporcionar información fiable, completa, profesional e independiente sobre la gestión pública».

En su petición, el magistrado quiere que se analicen «los pagos y los ingresos obtenidos por estas sociedades y la UTE y su procedencia (préstamos, rentings, pólizas de crédito, aportaciones, etc) con expresión de todas las circunstancias relacionadas con los mismos (fechas que se hayan realizado, quienes lo hayan realizado, etc) y de los movimientos realizados en las respectivas cuentas bancarias».

El magistrado insta al Cuerpo Superior de Interventores-Auditores del Estado «que designe la delegación provincial conforme a la necesidad de tener el documento listo en tres meses. «En el caso de que previsiblemente no pudiera finalizarse en el expresado plazo deberá informarse a este juzgado sobre las circunstancias que impiden su finalización y el plazo previsible de entrega, sin perjuicio de los requerimientos adicionales de información sobre el estado del dictamen que se solicite por este juzgado», remarca el juez en el auto.


¿Facturas hinchadas?
El pasado mes de abril, el magistrado del caso declaró la causa del Jaume I como de «compleja», por lo que amplió a un año más la investigación del desvío de la obra. En ese momento, el juez argumentó que «resulta indispensable la culminación de la fase de instrucción con la ultimación de las diligencias de investigación aún pendientes».

La decisión del juez se produjo después de la presentación del informe pericial realizado por parte del ingeniero Javier Vivas Morte, en el que el especialista económico afirmó que «se hincharon facturas» durante la construcción del no aparcamiento.

Ahora, en el nuevo auto realizado por parte del magistrado, éste recuerda que el informe elaborado por parte del perito «tenía por objetivo comprobar la correspondencia de las facturas obrantes con la obra ejecutada y el material instalado y su correspondencia con los respetivos precios de mercado». En este sentido, el magistrado especifica que, en su informe, Vivas Morte cifra la «ejecución material de la obra en 11,3 millones de euros», mientras que la comisión de investigación elaborada por parte del Ayuntamiento de Tarragona en el año 2009 «fijó en 7,8 millones el presupuesto total de la obra, siendo de 16,2 su coste global», por lo que la desviación establecida fue de 8,2 millones de euros».


‘Dudas sobre el desvío’
En su escrito, el juez expone sus dudas acerca de los números, ya que en el informe de la comisión de investigación municipal «se fijó en 25,3 millones el coste total de la obra, inclusivo el coste inmovilizado, el renting pendiente de activar y los gastos originados por la obra no activados». En esta línea, destaca que «para financiarlo se formalizaron diversas operaciones, siendo la última una que se halla actualmente vigente que es un préstamo a largo plazo de 18 millones de euros suscrito por Aparcaments Municipals para cancelar operaciones anteriores y hacer frente a los avales otorgados a Sistemas Alem y otros acreedores». Asimismo, el juez recalca que «según el mismo informe, las transacciones económicas, comprensivas de aportaciones a la UTE por cuenta de Sistemas Alem que arrojan un saldo a favor de Aparcaments de 9 millones de euros».

De todo lo anterior, a juicio de Gambón, «se desprende que el incremento de coste no sólo se debe a motivos relacionados con la ejecución de la obra en sí, que han sido objeto de la pericial del señor Vivas Morte, sino también a causas de naturaleza económica y financiera». Por ello, ahora insta a los auditores a investigar, ya que sin su análisis «la fase instructora no puede darse por concluida por cuanto resulta necesario practicar la pericial relativa al desvío presupuestario en orden a determinar si responde a necesidades de la construcción de la infraestructura o si se debe a otra causa».

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