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Los ayuntamientos de Tarragona baten el récord de gasto en personal

En 2018 los consistorios tarraconenses dedicaron 348 millones a nóminas, la mayor cifra de la década, según Hacienda. Es más que durante los años del boom. Vuelven las oposiciones

Raúl Cosano

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El Ayuntamiento de Tarragona ha incrementado el gasto en personal casi un 15% entre los años 2014 y 2018, según las últimas cifras de Hacienda. Foto: Lluís Milián

El Ayuntamiento de Tarragona ha incrementado el gasto en personal casi un 15% entre los años 2014 y 2018, según las últimas cifras de Hacienda. Foto: Lluís Milián

Los ayuntamientos tarraconenses respiran y abren el grifo, hasta el punto de que el gasto en personal vuelve a dispararse, a rebufo de la recuperación económica en las arcas públicas. Atrás queda un mandato completo que no ha estado tan marcado por la austeridad como lo estuvo el anterior (2011-2015) sino por las señales de resurrección, que irán a más en la nueva etapa municipal iniciada tras las elecciones de mayo. 

El Ministerio de Hacienda acaba de publicar los datos referidos al ejercicio de 2018, que muestran cómo ha aumentado la parte de presupuesto que los consistorios dedican a pagar las nóminas: en 2018, según los datos sin liquidación, la cifra se disparó hasta los 348 millones, 16 más que en 2017 (332). Es un 4,8% más, que marca la tendencia de reactivación. En 2011, esa partida llegó al mínimo en la provincia, con 311 millones, según Hacienda. Hay que tener en cuenta, además, que en estos años la población de la provincia ha disminuido. 

Más personal, menos deuda
A partir de ahí, llegó la progresiva reactivación. Las entidades locales han conseguido cuadrar su particular círculo: han aumentado los gastos del personal y, al mismo tiempo, han reducido su deuda merced a esfuerzos inmensos.

Esos 348 millones suponen la mayor cifra de la serie histórica entre los consistorios de la provincia y significa que los ayuntamientos gastan más en empleados que antes de la crisis e incluso que durante los años del boom inmobiliario y la bonanza. En 2010, cuando la crisis ya estaba instalada pero los recortes en la administración municipal aún no, se llegó a la cifra de 339 millones. 

Atrás quedan también los años obligados de contención a base de reales decretos, que instauraban políticas como la eliminación de pagas extras, la congelación salarial y la reposición cero, esto es, la no sustitución cuando se producía, por ejemplo, una jubilación. El esfuerzo presupuestario está por encima de los años de la crisis, en global en Tarragona. Pese a los incrementos, la administración local tiene menos trabajadores ahora que hace diez años: 12.040 frente a 12.662. Sin embargo, sí ha habido una reactivación si se compara con un punto intermedio. En 2013, esa cifra se quedaba en los 11.368 trabajadores, notablemente por debajo del dato actual, según el desglose del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

El desembolso creció el año pasado un 4,8% respecto a 2017 y un 25% en relación a 2006 

Si se analizan los presupuestos no solo presentados sino también liquidados –otro de los indicadores que ofrece el Ministerio–, también se percibe un aumento del personal. En 2012 se tocó fondo, con 294 millones destinados al capítulo de personal, por los 319 de 2017, último año disponible para Hacienda. Es la cifra más alta de los últimos siete, de forma que para ver una cuantía mayor habría que regresar a 2011, antes de que empezara la durísima etapa de cinturones apretados. 

Algunas voces críticas pueden diagnosticar esta apertura del grifo –también en cuanto a inversiones, no sólo en personal– como una vuelta al inicio del despilfarro. Si bien hay políticos que, recién iniciado el nuevo mandato, se han subido el sueldo, lo cierto es que el aumento del dinero para nóminas responde también a haber quitado el límite al incremento salarial y a la mejora de las condiciones de algunos empleados públicos con categoría de temporales o interinos. 

De alguna forma, en los dos últimos años han conseguido estabilizar su situación, marcada hasta entonces por la precariedad. Un ejemplo de la dinámica al alza son las sucesivas convocatorias de empleo público, algo que se nota a nivel municipal, por ejemplo, en un incremento de las plantillas de la urbana. La inercia se palpa claramente en cómo se han llenado las academias de formación y preparación para oposiciones. 

Contención del gasto
La década pasada también se ha caracterizado por la contención en el gasto de cargos de confianza, etiqueta coloquial para designar al personal eventual. Según los sucesivos informes de Hacienda, ha pasado de destinarse tres millones de euros en 2008 a 2,3 en 2018, en el cómputo global de la provincia. Más equilibrado se ha mantenido el gasto en los órganos de dirección y altos cargos. Ese dispendio sigue más o menos estable, aunque aumentó de 9,2 millones a 10,3 en el último año. 

Los datos muestran la mayor alegría en los sueldos no sólo en el cómputo global sino también si se analizan los diez principales ayuntamientos tarraconenses. Todos han incrementado su gasto en personal entre los años 2014 y 2018, tanto la partida general como la media por habitante. El ayuntamiento que más ha visto crecer su desembolso en personal ha sido Salou, con una subida del 19% en esos cuatro años, por delante de Amposta (17,5%) y de Tarragona (14,8%).

Más contención en esas lides han exhibido poblaciones como Tortosa (un crecimiento del 6,1%) o Vila-seca, que se queda en un 2,2%. Salou es también el municipio, de entre el ‘top ten’, que destina más dinero por cabeza a personal (660 euros). La capital de la Costa Daurada, en tanto que localidad turística con gran crecimiento de población en temporada alta, también lideraba ese ranking en 2014. La segunda posición es para Cambrils (533) y la tercera se la adjudica Calafell (508). Tortosa es la población más austera (310 euros). 

El incremento del personal se ha combinado, eso sí, con una notoria reducción de la deuda. Así, el endeudamiento financiero ha bajado un 44% en la provincia desde que en 2013 se llegara al tope. Nueve cada diez consistorios sueltan lastre, no sólo de la mano de una política ortodoxa para aminorar la deuda sino por la intervención de las cuentas por parte del Ministerio de Hacienda y por la obligación de amortizar deuda en caso de superávit. 

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