Los bancos aún acumulan más de 9.200 pisos vacíos en la provincia

La Generalitat le ha plantado cara a los pisos vacíos de entidades bancarias. Desde el pasado día 1, los bancos y grandes propietarios de viviendas desocupadas de manera permanente y sin causa justificada durante más de dos años deberán pagar un impuesto que ya se está recaudando. Según el censo de viviendas vacías que realiza la Agència de l’Habitatge de Catalunya, los bancos tienen en propiedad 9.224 pisos en la provincia, distribuidos prácticamente por todo el territorio.

Un total de 151 municipios tarraconenses, el 82% del total, tienen pisos vacíos. Una parte de ellos deberán abonar ese impuesto recién creado, del que quedarán exentas propiedades como las viviendas protegidas, las que están situadas en zonas de escasa demanda, las que se han puesto a disposición de programas sociales o los apartamentos turísticos. En concreto, el tributo se aplicará en 8.300 de los pisos vacíos que hay en Catalunya, donde la cifra total de casas desocupadas tras un procedimiento de ejecución hipotecaria es de 46.974.

Ocho millones de ingresos

El impuesto grava el incumplimiento de la función social de la propiedad de inmuebles vacíos. Los ingresos que se deriven, alrededor de ocho millones de euros anuales, servirán para ampliar la partida dedicada a la compra de pisos para alquiler social. La medida afecta principalmente a los bancos pero también puede incumbir al propietario mediano. Por ejemplo, una sociedad inmobiliaria que tenga nueve viviendas desocupadas que representan un total de 900 metros cuadrados, aunque las tenga en venta o en alquiler, deberá abonar unos 9.000 euros por esa tasa.

El tipo de gravamen será de 10 euros el metro cuadrado para superficies de entre 0 y 5.000 metros; de 15 para las que tengan entre 5.000 y 20.000; de 20 euros, entre 20.000 y 40.000; y de 30 para aquellas propiedades que tengan más de 40.000 metros cuadrados. Tarragona, con 1.272 pisos en manos de 28 entidades financieras, y Reus, con 1.018, son las ciudades de la provincia con más inmuebles desocupados, y además dos municipios que ya han dado ejemplo en el marco de esta nueva normativa. El Ayuntamiento de Tarragona ha exigido recientemente a los bancos que liberen sus viviendas para uso social. En caso de no hacerlo, el decreto del consistorio tarraconense prevé abrir un expediente sancionador que puede llegar a los 90.000 euros por vivienda. La concejal de Serveis a la Persona, Ana Santos, ha explicado que «la medida del decreto no tiene voluntad sancionadora, sino dar salida a un parque de viviendas vacías que hay en la ciudad».

El Ayuntamiento de Reus ha impuesto 72 multas de 4.500 euros a ocho bancos dueños de pisos vacíos. Se trata de la primera de las tres posibles multas coercitivas que el consistorio puede imponer a las entidades financieras que disponen de pisos vacíos. Esta tipología de viviendas se ha convertido en un problema serio en diversas zonas de Reus debido a a las ocupaciones, que generan molestias a los vecinos. Los barrios Gaudí, Mas Pellicer o Fortuny figuran entre los más afectados.

Tanto la determinación del Govern como del Ayuntamiento recogen la reclamación de las asociaciones de vecinos, que han pedido poder utilizar estos pisos con un fin social por parte de aquellas personas o familias con menos recursos. Otros sectores ven con buenos ojos la medida. Así se expresa Esteve Martí, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona: «Esta medida activará un poco más la venta. Los bancos se han sacado stock de encima a marchas forzadas. ¿Qué tendrán que hacer ahora? Quizás bajar precios aún más. O hacer una cesión, dejar el piso al ayuntamiento para que se encargue de garantizar el alquiler. El banco se puede ahorrar los gastos del piso y mantener la propiedad. Un piso en alquiler que podría salir por 400 euros a lo mejor acaba costando 150 euros. Aún hay mucha gente que está sufriendo o juventud que no puede acceder a la vivienda».

Otras voces son mucho más críticas, como la de Diego Reyes, presidente de los promotores y constructores en el Tarragonès: «Es una medida populista. No veo bien que se ponga un impuesto a la propiedad, y más aún cuando los bancos tienen serias dificultades para vender inmuebles y están perdiendo dinero en cada venta. No es lógico ni justo. Esos pisos no están cerrados, sino a la venta, y no están caros. Hipotecas de 150.000 euros en su momento se están vendiendo a 40.000 euros». Reyes no ve con buenos ojos esta política: «Estéticamente queda muy bien, pero las cosas no se pueden regalar. Yo estoy dispuesto a perder un dinero, pero no el 90%, y no soy defensor de los bancos, pero considero que es una medida muy populista y habría que buscar un equilibrio. Los bancos no venden más porque no pueden, ya tienen una estructura brutal como inmobiliarias y hacen campañas constantemente».

Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil en la URV e investigador en el ámbito de la vivienda y la propiedad, considera positiva la medida: «Aumentar el stock de vivienda pública y social es una finalidad muy loable, porque uno de los problemas en España ha sido el bajo número de estas viviendas disponibles, que es sólo del 2%, el dato más bajo de Europa, después de Grecia».

Nasarre está de acuerdo en el fondo pero difiere de las formas: «Otro debate es si el aumento de impuestos, las sanciones o las expropiaciones son útiles. Opino que no. No conozco ninguna experiencia en Europa en la que los impuestos y las sanciones aumenten el parque disponible». Nasarre pone un ejemplo: «Terrassa fue el primer municipio que empezó a poner sanciones a los propietarios de pisos vacíos. En tres años ha abierto 800 expedientes y aún no ha cobrado ni un euro. Los casos están en vías judiciales, en impugnaciones».

El profesor de la URV plantea otras medidas: «No se trata de que los propietarios quieran tener los pisos cerrados, ni que sea difícil desahuciar, sino que la causa principal es la falta de rehabilitación. Eso hace que muchos pisos, que están en malas condiciones, no puedan tener requisitos administrativos como la cédula de habitabilidad». Nasarre propone medidas como líneas de ayuda a la rehabilitación y también recela de algunos conceptos que van añadidos al nuevo recargo que impone la Generalitat: «Si yo soy un fondo o un banco y pongo mis pisos en alquiler por 1.000 euros y nadie viene, ¿quiere decir que tengo yo esos pisos vacíos? La aplicación de medidas sancionadoras será complicada».