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Los bares de la Plaça de la Font tensan aún más la cuerda con el Ayuntamiento. Pese a que ayer el alcalde de Tarragona –Pau Ricomà (ERC)– cedió y avaló por decreto que los establecimientos puedan servir en el interior de sus locales durante los actos cerrados con entrada previa –como el Seguici Popular de mañana–, los empresarios del centro neurálgico de la Part Alta han decidido mantener este miércoles y jueves el cierre general que ya llevaron a cabo el pasado domingo.
De esta forma, los negocios siguen con su particular pulso con el gobierno municipal (ERC, Junts y CUP) y no abrirán durante los dos días grandes de las fiestas, al sentirse «criminalizados» por el ejecutivo local, que ayer les pidió «más empatía y solidaridad con la ciudad» para «no perjudicar el gran trabajo que llevan a cabo las entidades». Según indicó el portavoz de los empresarios, David Rocamora, los negocios –tras reunirse ayer por la tarde por espacio de más de dos horas– se sienten especialmente dolidos por las declaraciones «impropias de un cargo público» que realizó ayer la concejal de Cultura i Festes, Inés Solé (CUP), quien afirmó que «hemos dejado de hablar del número de muertos por la Covid a cómo distribuimos los bares y nos enriquecemos. Es intolerable».
Ricomà pide «más empatía»
Ayer, el Ayuntamiento de Tarragona publicó un decreto alternativo al polémico bando municipal en el que, ahora sí, permite que los establecimientos puedan vender bebidas y comida en el interior de los locales, pero solo a los asistentes a los actos de las fiestas que cuenten con entrada para el evento, y respetando las medidas vigentes del Procicat por lo que se refiere al aforo y restricciones en el interior de los negocios. Esta medida ya será efectiva de cara a la celebración del Seguici Popular de mañana y el propio día de Santa Tecla.
Pese a ello, el gesto no ha convencido a los locales, que aseguran «no poder estar al servicio de los caprichos y cambios de opinión del político de turno con decretos que se hacen tarde y mal», y exigen al alcalde Ricomà «más reflexión, diálogo y planificación de cara al futuro», ya que los comercios «necesitan un cierto orden para poder estructurar su trabajo y personal».
Ayer el alcalde Ricomà y la concejal de Cultura, Inés Solé (CUP), se mostraron especialmente críticos con el cierre masivo de la Plaça de la Font del domingo. El primero acusó a los bares de «falta de empatía», y manifestó que «una interpretación poco solidaria con la ciudad no puede perjudicar el buen trabajo que realizan las entidades». El líder de ERC reconoció que «no son las fiestas que nos gustarían. Lógicamente, las querríamos sin restricciones, pero hay las normas del Procicat que debemos seguir».
Sobre el papel de los grupos populares, la edil de Cultura, Inés Solé, explicó que el Consistorio habla «desde marzo» con ellos, y valoró el «esfuerzo» que han hecho para adaptarse a la situación. «Es la mejor Santa Tecla que podemos tener», remarcó. Solé también criticó el cierre puso de manifiesto que este domingo podrían haber servido «300 mesas y 1.600 personas», y expuso que el 9 de septiembre se reunió con los locales y acordó que pudieran guardar sus mesas en el espacio público, así como «flexibilizar los horarios o que el público no pudiera entrar bebida y comida para que consumieran más en los bares».
El juzgado aplaza su decisión
Ayer también trascendió que el juzgado no decidirá hasta después de Santa Tecla sobre el recurso presentado por los negocios. La magistrada, en un auto dictado ayer a raíz del recurso de los empresarios, rechaza adoptar medidas «cautelarísimas» y declina anular la resolución firmada por el alcalde Pau Ricomà (ERC) el pasado 10 de septiembre, que vetaba que los establecimientos pudieran servir en el interior de sus negocios la tarde del pasado domingo 19 de septiembre, y durante todo este miércoles y jueves.
En su resolución, la jueza da tres días al Consistorio para presentar alegaciones, de forma que no tomará una decisión a corto plazo. Pese a ello, el juzgado abre la puerta a que los bares puedan ser indemnizados, ya que la magistrada considera que, en caso de fallar a favor de los empresarios, «podría haber un eventual resarcimiento económico» ya que estos podrían solicitar reclamaciones económicas al Consistorio. Por ello, argumenta que las medidas solicitadas «no justifican la existencia de una situación irreparable en caso de no adoptarse».
Por lo que se refiere a las posibles indemnizaciones que podrían solicitar los empresarios de la Plaça de la Font, el juzgado considera que «estas no serían de difícil cuantificación en atención a las mesas en terraza de las que dispone cada establecimiento y el aforo en su interior», un dato que «está garantizado por la solvencia que ofrece un ente público como el Ayuntamiento», indica finalmente la magistrada en su escrito.
