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La reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo no supone el fin del bono social eléctrico del que se benefician en la actualidad 2,4 millones de usuarios, aunque sí de su forma actual de sufragarlo. El descuento del 25% en la factura de la luz para determinados colectivos considerados vulnerables –hogares con todos sus miembros en paro, mayores de 60 años que perciban la pensión mínima, familias numerosas y viviendas con una potencia contratada inferior a 3kW– seguirá, de momento, en vigor, pero su coste puede acabar recayendo en el resto de consumidores.
El alto tribunal ha dado la razón a las reclamaciones de Endesa y EON España y obliga a anular la normativa que regula este bono desde 2014, y que determinaba que eran las eléctricas las que tenían que asumir su coste.
El Supremo cree «discriminatorio» que su coste recaiga sólo sobre las empresas que abarcan el ciclo completo de generación, distribución y comercialización de la energía, y no también sobre las que se dedican a una o dos de esas actividades. Es decir, no cuestiona el bono social sino la forma de repartir su coste.
Preocupación
Sea como sea, el cambio en el bono social de la luz preocupa a las familias de Tarragona. Endesa, que controla más del 90% del mercado eléctrico en Catalunya, declinó cuantificar cuántos de sus clientes cuentan con esa ayuda en Tarragona.
Los datos más recientes corresponden a octubre de 2.013 cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinó que eran 38.000 las familias que lo percibían en Tarragona.
La cifra ha bajado ligeramente desde entonces porque las eléctricas han ‘purificado’ los hogares que se beneficiaban por la poca potencia contratada. Muchas eran segundas residencias, que no precisaban dicha ayuda.
Entre esos 38.000 hogares están los de muchas de las 14.000 familias numerosas que hay en la demarcación de Tarragona. Según el delegado en el Baix Camp de la Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (Fanoc), Pere Aluja, «el bono social representa para las familias numerosas una medida de justicia social dada la aportación que hacen estas familias en forma de capital humano a nuestro país y el coste que esta aportación tiene sobre los hogares con más miembros».
Apoyo a las familias
«Hay que recordar que nuestro país está sufriendo una crisis demográfica muy importante y que hay que apoyar a aquellas familias que más aportan para paliar esta crisis demográfica», recuerda Aluja.
Aluja añade que «el hecho de que se ponga en entredicho la continuidad del bono social o bien que se modifique nos lleva a pensar que puede ser el principio de otros recortes sociales a un colectivo muy frágil y dañado por la reciente crisis».
Eugeni y su esposa, Meritxell, son padres de tres hijos, Aleix, Ferran y Miquel. Eugeni explica que el bono social eléctrico le supone un ahorro de 120 euros al año, cantidad que destina a otros menesteres como, por ejemplo, comprar pañales al benjamín de la casa. Para Eugeni, «el bono social es positivo y lo deberían asumir las eléctricas» que ya tienen cuantiosos beneficios.
Fuentes de las principales compañías eléctricas insisten por activa y por pasiva que no se oponen al bono social sino que lo que no quieren es pagarlo ellas. Además critican que todas las familias numerosas puedan acogerse al descuento, independientemente de su nivel de renta, y solicitan que se fije un tope máximo de ingresos. Según Endesa, de los 2,4 millones de beneficiarios actuales unos 800.000 realmente no lo necesitarían
El responsable de Afanoc replica que, en todo caso, debería tenerse en cuenta la renta per capita del hogar, es decir, los ingresos totales divididos por el número de sus miembros e incluso valorar si en el hogar «viven personas afectadas por alguna discapacidad».
La sentencia obliga, además, al Gobierno a reintegrar a las eléctricas las cantidades que han dejado de cobrar a los beneficiarios del bono social durante 2014 (182 millones de euros), 2015 (188 millones) y lo que va de 2016 (unos 150 millones), que más los intereses correspondientes rondan los 530 millones de euros.
El problema que se plantea ahora es de dónde va a salir ese dinero y cómo se financiará en adelante el bono social. El titular del nuevo Ministerio de Energía, Álvaro Nadal, puede decidir que dicha cantidad se reparta por igual entre los recibos de las 26 millones de conexiones restantes, con lo que éstos verán incrementada su factura mensual en 1,7 euros durante un año.
La segunda opción pasaría por cargar los 530 millones a los próximos Presupuestos Generales, una alternativa que se antoja imposible si no se quitan de otras partidas, máxime cuando de las cuentas del Estado hay que restar todavía otros 5.500 millones
