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Tarragona Política

Los candidatos de Tarragona piden más inspectores de limpieza

Los alcaldables apuestan por vigilar el cumplimiento del contrato de basura

Octavi Saumell

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El contrato de limpieza y basura de Tarragona es de 2002. FOTO: Pere Ferré

El contrato de limpieza y basura de Tarragona es de 2002. FOTO: Pere Ferré

Tarragona ocupa el lugar 54 de 60 en el estudio de limpieza de las ciudades españolas elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La capital tarraconense suspende en todos los aspectos analizados en el estudio, que en esta ocasión ha encuestado a 5.260 vecinos.

En el informe destaca el hecho de que en los 24 años que se lleva realizando, «La Coruña, Palma de Mallorca y Tarragona son las que han tenido una evolución más negativa. Su caída en picado se salda con 19 puntos menos en este periodo». En el aspecto en el que Tarragona sale peor parado es el relacionado con la recogida de excrementos de animales: un 26 sobre 100. El aspecto mejor valorado es el del estado de parques y jardines, pero tampoco llega al aprobado: saca un 44.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Tarragona ha iniciado recientemente los trámites para sancionar a la compañía que gestiona el servicio de la limpieza viaria y de la recogida de la basura desde el año 2002: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Un informe firmado el pasado 31 de enero ha detectado hasta ocho incumplimientos «muy graves» en la ejecución del contrato, que está en vigor desde el 2 de mayo de 2002 y que, después de ser prorrogado el 13 de diciembre de 2010, caducará el 28 de abril de 2023. 

Las posibles sanciones de los incumplimientos de mayor calado oscilan entre los 60.000 y los 300.000 euros, mientras que las de segundo rango van desde los 2.400 euros hasta los 9.000. En caso de incoarse todos los incumplimientos, la franja baja de la sanción sería de medio millón de euros, mientras que en una interpretación más severa podría llegarse hasta los 2,5 millones de euros. 

«Modernizar» el contrato
Para externalizar los dos servicios –recogida de la basura y la limpieza viaria– el Ayuntamiento de Tarragona paga anualmente un canon superior a los veinte millones de euros. Por todo ello, las principales formaciones del Saló de Plens se muestran partidarias de incrementar la vigilancia para asegurar su cumplimiento.

Así, el candidato del PSC a la reelección –Josep Fèlix Ballesteros– anuncia que «en dos años incorporaremos a dos inspectores para controlar el servicio», mientras que Rubén Viñuales (Cs) apuesta por «agentes cívicos» y dotar de más recursos humanos al seguimiento del cumplimiento de la contrata, «ya que en la actualidad hay una sola persona que lo hace», indica. 

Por su parte, Pau Ricomà (ERC) lamenta que «es increíble que un contrato de este importe no tenga una supervisión pública rigurosa», por lo que propone «un equipo de inspección cualificado», una medida que –sin embargo– «siempre ha sido rechazada» por PSC, PP y Ciutadans, denuncia el candidato republicano.

De forma parecida se expresa Dídac Nadal (JxTGN), quien se decanta por «modernizar» el contrato de la basura e «incorporar inspectores municipales que supervisen las tareas de la limpieza». Finalmente, Carla Aguilar Cunill –de En Comú Podem– quiere «hacer un seguimiento de la ejecución por parte de la empresa adjudicataria».  

Nuevo contrato en 2023
Precisamente, al final del próximo mandato –en febrero de 2023– acaba la concesión a FCC, por lo que la definición de las nuevas condiciones será uno de los retos de los próximos años. Se da la circunstancia de que Tarragona no saca a licitación su mayor contrato desde hace 17 años. 

«Iniciaremos la redacción del nuevo pliego, en el que el papel de las asociaciones de vecinos será muy importante», indica Ballesteros (PSC), en un posicionamiento que es compartido por Rubén Viñuales: «El redactado del nuevo contrato lo empezaremos ya el primer día de mandato», resalta el candidato de la formación naranja. Pau Ricomà (ERC) critica que «la proporción entre el coste del servicio por habitante y la calidad es la peor de todas las capitales».  

Por contra, CUP y En Comú Podem seguirían otra hoja de ruta. «Queremos internalizar el contrato y que el Ayuntamiento preste el servicio de una forma directa», indica la cupaire Laia Estrada, quien considera que, de esta forma, «se ofrecerán mejores condiciones laborales a los trabajadores y nos ahorraremos, además, el beneficio industrial de la empresa». 

Por su parte, los Comuns son partidarios de «realizar un análisis del futuro contrato o remunicipalizar total o parcialmente el servicio», argumenta Aguilar Cunill. 

«Guerra» al incivismo
«Tarragona es una ciudad limpia, pero tiene un grave problema, que es el incivismo», indica Josep Fèlix Ballesteros (PSC), quien asegura que «en los próximos dos años doblaremos la partida para llevar a cabo campañas de concienciación». De manera parecida se expresa Viñuales (Cs), quien dice abiertamente que «declararé la guerra a los incívicos», aplicando «sanciones de cuatro horas de trabajos en beneficio de la comunidad por cada 40 euros de multa». 

Martín (PP) quiere «sancionar con contundencia» a las personas que no respeten el espacio público, mientras que Junts per Tarragona, CUP y En Comú Podem apuestan por políticas pedagógicas. Así, el soberanista Dídac Nadal quiere llevar a cabo «campañas sobre la importancia de mantener la vía pública limpia» e «incrementar la vigilancia y las sanciones con agentes de la Guàrdia Urbana para poner fin a los vertederos ilegales». 

Finalmente, por lo que se refiere a la recogida de la basura, Estrada (CUP) optaría por «implementar la recogida porta a porta» y aplicar «una fiscalidad ambiental incentivadora para mejorar la recogida selectiva», mientras que Carla Aguilar Cunill (En Comú Podem) pide «aumentar los puntos verdes» e incrementar «medidas de prevención» con más papeleras, wc públicos y pipicans». 
 

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