Los desahucios por impago del alquiler se multiplican en Tarragona

El número de desahucios vuelve a dispararse en la provincia de Tarragona. Así lo ponen de relieve los números presentados la pasada semana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que indican que –durante el primer semestre de este año– el volumen de lanzamientos se ha incrementado un 24% respecto al mismo periodo de 2017. En concreto, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 se han llevado a cabo un total de 1.053 lanzamientos, una cifra notablemente más elevada que los 845 que se registraron durante los seis primeros meses del año pasado. 

La cifra vuelve a situar las estadísticas en los parámetros de los peores años de la crisis económica, con un promedio de seis lanzamientos al día en la provincia de Tarragona: más de 2.000 al año. Así, mientras que a lo largo de los últimos cinco años se había pasado de los 2.007 lanzamientos de 2013 a los 1.577 de 2017, sólo en lo que se lleva de 2018 ya se han llevado a cabo más de mil.

Asimismo, respecto a los datos de 2017, cabe señalar que Tarragona es la provincia catalana donde más han subido porcentualmente los lanzamientos. El 24% que registra la demarcación de la Costa Daurada supera el 20,4% de Lleida, el 7,4% de Girona y el 4,9% de Barcelona. 

Especialmente duro fue el segundo trimestre de este año, ya que se ejecutaron 569 lanzamientos, un dato al que no se llegaba desde principios de 2015, y que entonces ya se convertía en la peor cifra desde los 621 del primer trimestre de 2013. 

A la cabeza con Lleida

La gran diferencia, sin embargo, con los desahucios que se llevaron a cabo en plena crisis es que, en la actualidad, la mayor parte son por arrendamientos, que han subido un 29% en un año, por lo que no hay dación en pago y el proceso para ejecutarlos es más rápido. Así, mientras que en el primer medio año de 2017 se registraron 431 lanzamientos por impagos en el alquiler, hasta el 30 de junio de este año se han llevado a cabo 557, una cifra que es la peor de la serie histórica y que sitúa a Tarragona como la segunda provincia de Catalunya que ha experimentado un mayor incremento, sólo superada por el 30% de Lleida.  

Pese a ello, cabe señalar que durante el primer semestre, en relación con 2017, también se han incrementado en un 16% los casos por impago en las hipotecas, que han pasado de los 384 de 2017 a los 447 de este año. Esta notable subida sitúa a Tarragona como la demarcación con un mayor crecimiento, por delante del 10% de Girona, el 8,7% de Barcelona y el 7,4% de Lleida.     

«Que haya alternativas»

El secretario general de la UGT en Tarragona, Joan Llort, pide al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) que fomente la creación de un parque de vivienda social «que sirva para dar alternativas a las familias más vulnerables que no pueden hacer frente al coste del alquiler». Asimismo, considera que «debe legislarse para garantizar y poner al mismo nivel el derecho a la propiedad y a tener una vivienda digna, adecuada y accesible». 

En la misma línea se expresa el diputado de los Comuns por Tarragona, Félix Alonso, quien resalta que en la reciente negociación presupuestaria con los socialistas «el tema de la vivienda ha sido uno de los puntos fuertes». En esta línea, destaca que en el acuerdo se establece «poner un techo al incremento abusivo de los alquileres en determinadas zonas», así como llevar a cabo  «un plan de rehabilitación de inmuebles por valor de 400 millones de euros para promover la eficiencia energética y la accesibilidad». Asimismo, en el documento también se establecen «transferencias tanto a la Generalitat como a los ayuntamientos en materias como la dependencia, la vivienda o la educación de cero a tres años». 

Por su parte, Sergio del Campo (Cs) reconoce que «es cierto que a nivel estatal los lanzamientos han aumentado un 1,7%», si bien hace una lectura en positivo porque «hay que tener en cuenta que es la finalización de un procedimiento judicial que ha podido durar años». En este sentido, reivindica que «es preferible valorar positivamente que las ejecuciones hipotecarias, los nuevos procedimientos, se han reducido en más de un 6%», una cifra que, a su juicio, significa que «los efectos de la crisis están reduciéndose y que la recuperación económica se nota con menos procedimientos nuevos». 

«Para nosotros es primordial la atención a las familias con necesidad habitacional. Incluíamos medidas con ese objetivo en nuestra Ley frente a la ocupación ilegal, como la notificación a los servicios sociales de los ayuntamientos para la comprobación de las circunstancias familiares con carácter previo a los lanzamientos», añade el representante del partido naranja. 

Finalmente, el diputado del PP Jordi Roca justifica el aumento de los lanzamientos «en las políticas que se están llevando a cabo en los ayuntamientos de Barcelona y Madrid». El diputado de la formación conservadora califica como de «desastre» las «políticas de vivienda que realizan Ada Colau y Podemos», un hecho que «ha comportado el incremento del precio del alquiler».