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Los dos etarras del rack están libres desde hace tres años

Estaban condenados a cerca de mil años de prisión cada uno, pero sólo cumplieron 26 por una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Xavier Fernández

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La bomba estalló a la 1 de la madrugada del 12 de junio de 1987. Las llamas podían verse desde veinte kilómetros a la redonda. Foto:cedida por repsol

La bomba estalló a la 1 de la madrugada del 12 de junio de 1987. Las llamas podían verse desde veinte kilómetros a la redonda. Foto:cedida por repsol

Son las 22.55 horas del 11 de junio de 1987. Dos etarras del comando Barcelona, Josefa Mercedes Ernaga y Domingo Troitiño, colocan seis ollas con nueve kilos de amonal junto al rack de Enpetrol (Empresa Nacional de Petróleos) en un tramo situado junto a la autovía Tarragona-Reus, a pocos metros de la Universitat Laboral. El amonal era el explosivo que solía emplear ETA.

Dos horas después, estallan las bombas y producen una brutal deflagración en el haz de tuberías de la empresa (ahora Repsol). No hay muertos ni heridos pero el pánico es tal que 25.000 personas abandonan sus casas. 

En plenas labores de extinción, el entonces delegado del Govern de la Generalitat, Josep Maldonado, avanza que ha sido un atentado. Ocho horas después, ETA reivindica el ataque

División política

Una semana después del atentado, se convoca una manifestación. O, mejor dicho, dos manifestaciones en una. Los políticos de la época son incapaces de mostrar unidad –ni ante una salvajada como aquella– y organizan dos cabeceras de la marcha.

Tras la pancarta con el lema ‘Terrorisme, no’, se agrupan políticos del PSC, Alianza Popular (ahora Partido Popular) y el PSUC, además de los alcaldes de Tarragona, Valls y Constantí. Un poco más allá, otra pancarta amplía el lema: ‘Terrorisme, no. Químicas seguretat, sí». Detrás van políticos de CiU, el Partit Comunista de Catalunya, sindicalistas de Comisiones Obreras y representantes de las asociaciones de vecinos.

Los políticos fueron incapaces de unirse y la manifestación de repulsa tuvo dos cabeceras

Ajenos a polémicas políticas, la vorágine criminal de Troitiño y Ernaga no se detiene. El mismo 19 de junio, colocan, junto a Rafael Caride Simon, un coche bomba en el Hipercor de Barcelona, cargado con 30 kilos de amonal y 100 litros de gasolina. Estalla a las 16,10 horas. Causa 21 muertos y 45 heridos.

Ernaga y Troitiño pasan pocas semanas más en libertad. El 5 de septiembre son detenidos en un piso en Barcelona, junto a otro etarra, José Luis Gallastegui. En los diversos juicios son sentenciados a 951 años de prisión Ernaga y a 1.118 Troitiño. 

El hermano de Domingo, Antonio Troitiño, también pertenecía a la banda. Entre otros crímenes, colocó el coche bomba que mató a doce guardias civiles en una plaza de Madrid. Jon Joseba, hijo de Domingo, fue detenido en Francia por su pertenencia a la banda terrorista.

Ernaga no cumplió ni el 3% de la condena. Salió de la prisión de Jaén el 17 de diciembre de 2014, tras 27 años encarcelada. Domingo Troitiño había sido liberado más de un año antes, el 8 de noviembre de 2013 de la cárcel de Teixeiro (A Coruña). Cumplió poco más de un año por cada una de las 21 víctimas mortales de Hipercor. El atentado del rack de Enpetrol les salió ‘gratis’. Él y Ernaga habían sido sentenciados a quince años cada uno por lo que podía haber sido otra masacre.

La ‘Doctrina Parot’

¿Por qué esa pronta liberación? El tiempo máximo de estancia en prisión era en la época en que fueron juzgados de 30 años. Además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló, en un varapalo sin precedentes a la Justicia español, la ‘Doctrina Parot’.

La ‘Doctrina Parot’ se aplicó exprofeso al etarra más sanguinario de la banda, Henry Parot, al que se le atribuyen 82 asesinatos por los que fue condenado en total a 4.800 años de cárcel. Cuando estaba a punto de salir al aplicársele diversos beneficios penitenciarios, el Tribunal Supremo estableció que esos beneficios no podían restarse del tiempo máximo de estancia en la cárcel sino de cada una de las penas. El efecto práctico: que Henry Parot debía seguir en prisión hasta cumplir el máximo de esos 30 años.

Otros terroristas sufrieron igual trato hasta que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos referida a una etarra en concreto, Inés del Río, consideró que la aplicación retroactiva de la ‘Doctrina Parot’ vulneraba la Convención Europea de Derechos Humanos. La Justicia española tuvo que liberar entonces a numerosos etarras, entre ellos a los dos que convirtieron la noche del 12 de junio de 1987 en Tarragona en un infierno. 

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