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Ahora Hacienda también le persigue por aire. No sólo debe temer al clásico inspector ‘in situ’ visitándole en su propiedad. También los satélites y, en especial, los drones, rastrean su casa en busca de fraude. Una nueva campaña del Ministerio peina el territorio a la caza de bienes inmuebles ocultos al fisco.
El Catastro viene realizando esta investigación desde 2013 mediante fórmulas tecnológicas sin precedentes en España. El llamado procedimiento de regularización catastral se aplica desde este mes y hasta noviembre en 47 municipios de la provincia. Entre ellos hay algunos de los más importantes de la demarcación, como Salou, Cambrils, Vila-seca, Altafulla, Ulldecona o Cunit.
Una campaña por fases
Poco a poco las oleadas van completando la exploración. El año pasado, localidades clave como Valls o Reus también sea añadieron a ese rastreo. En una primera fase, Tarragona también se habían sometido a ese proceso, que comenzó a finales de 2013 con la inspección inicial en tres localidades de la provincia: Benifallet, La Nou de Gaià y Tortosa.
El objetivo no es multar las construcciones ilegales, sino aflorar aquellas que están defraudando en un impuesto clave para los ayuntamientos: el IBI. En cada oleada, el Ministerio de Hacienda se ha esmerado en aclarar que el proceso no es un catastrazo. «No se pretende alterar el valor de los bienes declarados sino incorporar al registro aquellos inmuebles y alteraciones como ampliaciones y rehabilitaciones que no figuren. Todo eso supone un fraude fiscal, al no coincidir la descripción en el Catastro con la realidad inmobiliaria», defienden fuentes del Ministerio.
Ampliar un chalet
Desde ahora, construir sin permiso, ampliar un chalet o cambiar el uso de una parcela, así como edificar a escondidas una piscina puede traer sus consecuencias legales. A vista del dron, una suerte de policía aérea que facilita la labor, nada pasa desapercibido.
La casuística, según lo detectado hasta el momento, es muy diversa. No siempre se trata de nuevas construcciones que no estén dadas de alta. Casas por las que sólo se tributa el suelo, viviendas de un piso que ahora tienen dos o bloques antiguos y en mal estado que han sido sometidos a profundas obras de rehabilitación forman parte de las situaciones detectadas en las ‘batidas’.
También puede haber, sobre todo en municipios con segundas residencias, casas de campo transformadas en chalets, almacenes que ahora tienen un uso comercial, fincas familiares con vivienda adicional levantada al lado, balsa de riego reconvertida en piscina, ampliación de la casa para ganar metros al patio trasero o, en la ciudad, un ático con una terraza cerrada para sumar otra habitación.
De hecho, la Costa Daurada es una de las zonas que durante este año van a ser vigiladas en busca de fraude. No sólo las grandes ciudades son susceptibles de tener numerosas propiedades ocultas. También los entornos rurales o aquellos núcleos compuestos por extensas urbanizaciones pueden albergar numerosas fincas cuyas ampliaciones o reformas no se han notificado.
En ese punto, municipios tarraconenses como Albinyana, L’Aldea, Bellmunt del Priorat, La Fatarella, La Figuera, Rodonyà, Tivenys, Vila-rodona, Montbrió del Camp, Montferri o L’Espluga de Francolí también serán analizados con detalle desde los aires y sobre el terreno.
Hacienda argumenta que no se trata de una campaña sancionadora. Eso sí, el propietario de estas propiedades sin actualizar tendrá que pagar una tasa de 60 euros, con la que precisamente se financia el programa de revisión. Y, aparte, regularizar la situación y ponerse al día con su bien inmueble. Debido al carácter retroactivo, el infractor debe pagar los atrasos correspondientes a los últimos cuatro años, ya que lo anterior se considera prescrito.
El hecho de que una construcción o reforma de un inmueble no haya sido declarada no implica que sea legal o ilegal a efectos urbanísticos, una competencia que es municipal. Es decir, en esta campaña Hacienda no determina ese punto. Las revisiones suponen, para los ayuntamientos, una ayuda nada despreciable. Las inspecciones entre 2013 y 2016 han permitido cobrar a los consistorios de Tarragona 12,3 millones sólo en atrasos.
