Los ecologistas rechazan la llegada de más parques eólicos en Tarragona

GEPEC-Ecologistas de Catalunya ha presentado diez informes técnicos contra la tramitación de los nueve parques eólicos que se han proyectado en suelo rústico o forestal en el Baix Camp, Ribera d'Ebre, Conca de Barberà y la Segarra. La tramitación de proyectos de más de 50 MW es competencia del Estado y los ecologistas denuncian que las grandes empresas energéticas están fraccionando clústers eólicos de más 100MW (megavatios) en centrales más pequeñas, que tienen entre 30 MW y 50 MW. El "vacío competencial", dicen, que existe en este tipo de proyectos la aprovechan los promotores para solicitar la autorización de una central con la misma ubicación, tanto al Govern como al ejecutivo español.

Desde la aprobación del Decreto Ley 16/2019 que ha acabado con las limitaciones territoriales para implantar renovables, el número de nuevos proyectos que se prevén en todo el país se ha disparado. La entidad GEPEC-EdC critica la tramitación "simultánea" de once nuevos parques eólicos en el territorio -Tivissa I, Tivissa II, Vandellós, Sereno, Esteve, Ondara, Portella (al Barcelona), Trilla, Millares, Les Planes y Gilet- los que ya han preparado y presentado informes técnicos contrarios. Supondrán 78 nuevos aerogeneradores y una potencia global de más de 350 MW. Diez de los proyectos son de Naturgy - y un undécimo parque, de Green Capital Power.

"No son los únicos que el Departament de Territori de la Generalitat ha puesto en bandeja a los promotores para acabar de trinchar las comarcas que ya habían vivido una implantación de energía eólica completamente caótica y desmesurada", han criticado en un comunicado este jueves. "El festín eólico en Catalunya ha atraído especuladores que no saben qué hacer con el capital proveniente de la ya rota burbuja inmobiliaria y han comenzado a inflar la burbuja eólica con el nuevo decreto", han denunciado.

Desde GEPEC consideran que la nueva normativa equipara el decreto 16/2019 con rango de ley y "se salta a la torera normativas de rango superior", como el texto refundido de la Ley de Urbanismo, la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y otras normativas estatales que "ponen contra las cuerdas el marco constitucional de competencias entre el Estado y Catalunya".

De hecho, el nuevo decreto permite que las tramitaciones energética, ambiental, urbanística y paisajística se hagan conjuntamente, que se tramite la instalación con la línea de evacuación de energía a la red, o que se tramiten proyectos híbridos que combinen energía eólica y solar fotovoltaica que compartan la línea de evacuación de la electricidad generada. También acompañado de una ponencia de energías renovables, a través de la cual se hace una consulta previa a todos los municipios para que puedan dar su antes de que el Govern dé luz verde.

Pero los ecologistas denuncian que, aprovechando "el vacío competencial" que existe en los proyectos de entre 30 MW y 50 MW, "algunos se están tramitando por la vía autonómica a través de unas empresas determinadas, y por la vía estatal a través de otras, pero casualmente en el mismo lugar ". Desde GEPEC han advertido que lucharán para detener "este nuevo desbarajuste legislativo", junto a los ayuntamientos y de las entidades que se están organizando, como la plataforma de Afectadas por la Concentración de aerogeneradores, entre otros.

Señalan que la generación de energía se llevará cerca de los lugares donde se consume para reducir los impactos ambientales en la biodiversidad y minimizando los daños al paisaje que han sufrido zonas como la Terra Alta. Con casi 200 aerogeneradores instalados. "Es completamente intolerable que se utilice la argumentación de la transición energética y la crisis climática para destruir territorios donde se ha optado por la conservación de sus valores naturales, de su paisaje y donde se propone un modelo socioeconómico basado en la capacidad de decisión propia ", afirman.