Los educadores de centros de menores de Tarragona, al límite

Marcel (nombre ficticio), tarraconense, llevaba 19 años trabajando en un CRAE (Centre Residencial d’acció educativa) cuando le agredieron cuatro menores, a los que se supone que tenía que cuidar.

No era la primera agresión, pero le hizo temer por su vida: le causó un importante cuadro de estrés postraumático y una depresión de la que le costó salir. «Yo amaba mi trabajo, era mi vocación y me la quitaron. No volveré a trabajar con niños y adolescentes, esto me ha dejado demasiadas heridas emocionales», dice.

Marcel trabajaba en un centro concertado (la Generalitat ha encargado su gestión a una entidad privada sin ánimo de lucro) y, a juzgar por los resultados de la reciente encuesta realizada por el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, su situación no es excepcional.

La rotación de personal es alta, especialmente en los centros concertados, que son la mayoría

Uno de los miembros de la junta del colegio explica que lo que les movió a hacer la encuesta, a la que respondieron 703 profesionales que trabajan en algún centro del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, fueron las quejas, cada vez más insistentes durante el último año, sobre las condiciones en que estaban trabajando los profesionales.

El estudio se dará a conocer en las próximas semanas, pero ya se han adelantado algunos datos, como por ejemplo que el 61,88% de los encuestados referían que en el centro donde trabajaban había profesionales de baja. El 6,83% indicaba, además, que más de la mitad del equipo estaba en esta situación.

La DGAIA es categórica: las ratios se cumplen y hay un control periódico de ello

Entre los encuestados que habían estado de baja, el motivo más frecuente era la depresión (un 22,30%), y un 8,94% por haber sufrido una agresión en su centro de trabajo.

Un «carrusel de personas»

Marcel relata que, cuando se fue del centro donde trabajaba, un tercio de la plantilla estaba de baja; muchos ya no volvieron. «En dos años han pasado más de 20 personas por los 9 puestos que teníamos», relata. Pero, más allá de la salud de los propios trabajadores, Marcel cree que habría que pensar en las y los chicos que están bajo la tutela de la administración porque han tenido que ser separados de sus familias. Viven en una institución porque no pueden estar con su familia extensa o con una familia de acogida. Los educadores se convierten entonces en sus referentes, establecen con ellos relaciones de confianza, «pero si hay un carrusel de personas pasando por sus vidas esto resulta imposible», advierte.

¿Ratios desfasadas?

Entre los muchos factores que influyen en la salud emocional de estos trabajadores está la ratio de menores a atender. En la encuesta del colegio el 37,84% de los que trabajaban en centros dependientes de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) decía que no se cumplía con la ratio. El porcentaje era del 28,8% en los centros concertados. En resumen, que en uno de cada tres centros habría más usuarios de los previstos.

Desde la DGAIA, no obstante, son contundentes: «las ratios de plantillas profesionales de educadores sociales se cumplen. El Servei d’Inspecció i Registre del Departament hace una inspección anual... Este ejerce la función de inspección y control de la calidad de los servicios sociales y se hace un seguimiento técnico habitual con el referente del centro de cada servei territorial».

«Los educadores son los referentes de estos chicos, pero no les pueden coger confianza porque la rotación es muy alta», explica Marcel, exeducador en un CRAE

Carlos (también nombre ficticio) trabaja como educador social en otro CRAE concertado de la ciudad de Tarragona (en el Camp de Tarragona hay 8 CRAEs con 181 plazas). No se trata, aclara, de centros para menores migrantes no acompañados. Y tampoco es correcto pensar que la mayoría sean extranjeros. En su centro el 95% de los niños son españoles.

Carlos considera que, en la práctica, el problema está en la forma de calcular las ratios. Se hace una media de horas de educador por menores. Esto permite, por ejemplo, que los centros se queden con escaso personal los fines de semana y lo compensen en la semana.

Los educadores consultados coinciden, además, en que no se tiene en cuenta que hay menores que necesitan más atención porque tienen por ejemplo, algún tipo de discapacidad.

En la ratio, además, sólo se tiene en cuenta la atención directa, es decir, el tiempo en que se encuentran con los menores, cuando en realidad tienen que coordinarse con otros profesionales. «Yo me he visto con cuatro niños yendo a buscar un recurso para otro porque no podía dejarlos solos», explica un educador.

Tampoco ayuda el hecho de que se contrate a otros profesionales para hacer las funciones de los educadores. Marcel explica como en su centro se contrata cada vez con más frecuencia a estudiantes sin el título y a profesionales de otros ámbitos «ya han quemado a tanta gente que no saben de dónde tirar», opina. Otro educador asegura haber trabajado con todo tipo de perfiles haciendo de educadores «he trabajado con monitores de tiempo libre y hasta con un politólogo... Saber que estás trabajando junto a otras personas que no están calificadas profesionalmente para llevar según qué situaciones también genera mucho estrés», reconoce.

Necesidad de otros recursos

No obstante, los educadores insisten en que no hay que criminalizar a los chicos, que ya están en una situación complicada. Carlos señala que muchos de quienes cometen agresiones necesitarían estar en otro tipo de recurso, bien porque tienen problemas de enfermedad mental o trastornos de conducta graves.

«La mayoría de chicos que realiza una agresión no se encuentra en el recurso adecuado», apunta Carlos, educador en un CRAE

El problema, asegura, es que la burocracia para acceder a alguno de estos centros, es larga, requiere numerosos pasos y hay mucha lista de espera. En el caso del Camp de Tarragona, por ejemplo, sólo hay un Centre residencial d’Educació Intensiva (CREI)en Valls, con capacidad para 20 usuarios.

Sin un protocolo de agresiones

Los trabajadores de centros concertados (en Catalunya ya son la mayoría) reclaman que exista un protocolo de actuación en caso de agresiones. En el caso de los centros que dependen directamente de la DGAIA sí que se aprobó, en 2017, un ‘Protocolo de prevención y actuación delate de situaciones de violencia en los centros de protección a la infancia y la adolescencia’.

Antonio Gutiérrez, responsable de centros de menores de gestión privada de la UGT, explica que desde la administración la respuesta siempre ha sido que los trabajadores deben tratar estos temas con la entidad que los contrata. Es una utopía, aclara, teniendo en cuenta que en muchos centros no hay ni siquiera representación sindical.

Apunta que contar con un plan de este tipo no requeriría una inversión económica «sólo queremos que se diga a las empresas que tienen que tener un protocolo de agresiones», insiste.

Sería una forma de que, además salieran a la luz, unos datos que no siempre se denuncian. También dejaría más claro cómo deberían actuar los trabajadores.

«La mayoría de las veces tienes que hacer una contención porque hay otro chico que está en peligro. Se trata de un chico que sacaste de su casa para protegerle de una situación violenta y aquí se encuentra con una peor», relata Marcel. Y Carlos añade «Y lo peor es que ese educador tendrá que vérselas al día siguiente con la persona que le ha agredido».

Consultados al respecto, desde la DGAIA aseguran que «velaremos porque los centros adscritos incorporen el protocolo de agresiones».

También señalan que en los centros que dependen directamente de la DGAIA hay un grupo de trabajo perramente para evaluar las agresiones. La última reunión de trabajo que el 25 de octubre y aseguran haber constatado que las agresiones han «disminuido de manera significativa durante el 2019».