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Los exconcejales de Ciutadans en TGN se quedan sin despacho ni asesores

Antitransfuguismo. El alcalde dicta que Sonia Orts deje de tener dedicación exclusiva. Tampoco estará en las juntas de portavoces

OCTAVI SAUMELL

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José Luis Calderón y Sonia Orts, en un pleno presencial de diciembre de 2019. FOTO: PERE FERRÉ

José Luis Calderón y Sonia Orts, en un pleno presencial de diciembre de 2019. FOTO: PERE FERRÉ

Sonia Orts y José Luis Calderón se verán obligados a teletrabajar. Los dos exediles de Ciutadans, que el pasado martes abandonaron el grupo municipal de la formación naranja, se quedarán sin despacho ni podrán contar con personal a su cargo, además de no tener la posibilidad de formar parte de la junta de portavoces ni ser representantes en las empresas y organismos municipales, tras pasar a ser considerados como «concejales no adscritos».

Según ha podido contrastar el Diari, el alcalde –Pau Ricomà (ERC)– considera que ambos electos han vulnerado el pacto antitransfuguismo que, desde 1998, ha sido firmado por la práctica totalidad de las formaciones políticas. Por ello, y pese a estar a las antípodas ideológicas de Ciutadans, el líder republicano se posiciona a favor del partido que, a día de hoy, está liderado en la Plaça de la Font por Francisco Domínguez.

No avala ni el fondo ni la forma

Después de reunirse en dos ocasiones con Orts y Calderón –la última, por cierto, ayer mismo a primera hora de la mañana– Ricomà lo tiene claro: no le gusta ni el fondo ni la forma del asunto. Primero, porque en el Estado español solo se aplica la modalidad de listas abiertas para las elecciones al Senado, por lo que considera que en los comicios municipales de mayo de 2019 los electores de Ciutadans votaron a un proyecto político, y no a personas en concreto. Por ello, entiende que, pese a que con la ley en la mano las actas son personales, estas corresponderían a los grupos municipales, tal y como ha pedido Ciutadans.

Asimismo, también tiene un peso importante en la decisión tomada por el alcalde el momento en el que Orts y Calderón se han dado de baja: a escasamente cinco días de la cita con las urnas del 14F, y solo un mes después de la marcha de Rubén Viñuales al PSC.

Por todo ello, y a diferencia de lo que pasó en el pasado con Josep Fèlix Ballesteros (PSC) y Beatriz Pérez (también ex de Ciutadans), este periódico ha podido contrastar que Ricomà no aceptará la petición de los dos ediles para tener oficina y personal, y aplicará el Pacto Antitransfuguismo, que define como tránsfuga a «los representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes».

Asimismo, el documento indica que «no podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo político de origen en cuanto a su participación en las comisiones» y que «no existe, pues, un derecho de la persona no adscrita a participar en todas las comisiones, y el grupo político que sufre merma por la acción del tránsfuga no deberá ver reducida su participación en las mismas».

Solo estarán en comisiones

A raíz de este análisis, realizado con los servicios jurídicos, el alcalde negará la cesión de espacios en el Ayuntamiento de la Plaça de la Font, así como la participación en las juntas de portavoces, un hecho que sí que otorgó Ballesteros a Pérez en 2017. A partir de ahora, los dos exediles de Cs solo podrán tomar parte de las comisiones informativas, ya que estas forman parte de los plenos y son necesarias para el óptimo estudio de los puntos a votar. Asimismo, no cabe duda que Ciutadans también dejará a Orts sin representación en las empresas públicas, y a Calderón en los organismos autónomos e institutos municipales.

Por si no fuera poco, el 1 de marzo se le retirará a Orts la dedicación exclusiva que mantiene, y por la que ingresa anualmente 31.502 euros. Dentro de 17 días, la edil no adscrita pasará a cobrar por régimen de asistencias, como ya hace Calderón, recibiendo un máximo de 26.480 euros al año por asistir al pleno (770 euros por cada uno) o a las comisiones informativas (546). El ‘caso Orts-Calderón’ supondrá un punto de inflexión en una Plaça de la Font donde se prevén más movimientos tras el 14F.

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