Los funcionarios de Mas d’Enric sufren una media de veinte agresiones anuales

Desde el sindicato CSIF alertan que se han disparado las vejaciones sexuales a trabajadoras y piden que se les considere autoridad para que todos estos ataques no queden impunes

22 agosto 2021 17:38 | Actualizado a 23 agosto 2021 05:31
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Desde su apertura en noviembre de 2015, la cárcel tarraconense de Mas d’Enric ha visto cómo ha ido aumentado paulatinamente el número de internos –763 el año pasado– y, con ello, las agresiones de presos a funcionarios, que desde 2019 han sido alrededor de veinte cada año. En lo que llevamos de 2021 ya se han producido once ataques a trabajadores penitenciarios, lo que demuestra que la tendencia es la misma o incluso peor, como denuncian desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Aseguran, en este sentido, que cada vez hay más vejaciones sexuales hacia las trabajadoras de la prisión y piden que los funcionarios sean considerados agentes de la autoridad para que estos actos no queden impunes. 

Según cifras del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en 2017 hubo cinco agresiones leves y cuatro tentativas; en 2018, 14 agresiones, una de ellas grave, y 11 tentativas; en 2019, 20 agresiones, de las cuales cinco con heridas de gravedad, y 13 tentativas; en 2020, 13 agresiones, tres de ellas graves, y 13 tentativas –este año el CSIF contabilizó 21 ataques en total–; y, en lo que llevamos de 2021, ya se han producido tres agresiones graves, ocho leves y 13 intentos. Desde el Govern señalan que las cifras de 2017 son inferiores porque hasta el mes de abril de ese año no hubo un centenar de internos, cifra que se elevó hasta 400 el mes de setiembre.

«Nos sentimos indefensos, la impunidad provoca que las agresiones sean cada vez más graves»
Guillermo. Delegado CSIF cárceles TGN

No obstante, defienden que «todas las agresiones preocupan al departamento» y aseguran que «trabajamos la incidentalitad en los centros penitenciarios de forma conjunta con los profesionales y desde una doble vertiente, preventiva y también de atención al funcionario que se ha visto implicado en un episodio de este tipo». En este sentido, desde Justícia señalan que disponen de un programa de atención especializado de apoyo psicológico. 

Con todo, Guillermo, delegado de CSIF en las cárceles de Tarragona, cuenta que «desde hace años pedimos que se nos considere agentes de la autoridad porque en ese caso se podrían judicializar las agresiones, que actualmente solo tienen una sanción administrativa». En este sentido, el funcionario asegura que «cuando un preso quiere que le cambien de módulo porque no está cómodo por cualquier motivo, la mejor opción es encararse con un funcionario, pues sabe que es la forma más fácil de salirse con la suya». Añade que solo se considera agentes de autoridad a los médicos y a los profesores.

En este sentido, Guillermo denuncia que «nos sentimos indefensos» y lamenta que la impunidad provoca que «estas agresiones sean cada vez más graves, hasta que hemos llegado al nivel de la masturbación ante funcionarias y los tocamientos de culo». Sobre estos hechos, Guillermo critica que «ya han pasado unos meses de ambos casos y las afectadas no han recibido atención psicológica, ya que se trata de un servicio especializado con un profesional para todos lo funcionarios de Catalunya, es totalmente insuficiente». 

«En 15 años jamás había visto agresiones sexuales a funcionarias»
Ex funcionario Mas d’Enric

Por su parte, un funcionario que trabajó en Mas d’Enric durante cinco años y medio cuenta que sufrió hasta tres agresiones. En la última, la más grave, en mayo de 2019 un preso le pegó un puñetazo, perdió la conciencia, y durante el forcejeo previo le rompió los ligamentos del hombro, por lo que estuvo ocho meses de baja y tuvo que hacer hasta 50 sesiones de rehabilitación para recuperarse. Y a pesar de ello afirma que «ya no tengo tanta fuerza». «No aguantaba más en Mas d’Enric y pedí que me trasladaran, y ahora estoy en una cárcel valenciana», relata el funcionario, que acabó harto de tanta «permisividad y falta de consecuencias». Alerta también del aumento de agresiones sexuales a funcionarias, «algo que no había visto nunca en los 15 años que llevo trabajando en prisiones». 

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