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Hay en el hogar del jubilado de Bonavista un resquemor latente. Sólo hay que rascar un poco para hallar indignación y realismo. «Me han subido dos euros. Eso es una miseria, cuando todo se está encareciendo mucho más. La luz, el agua, la contribución...», cuenta uno de los jubilados mientras juega al dominó.
«Ni para el quinto de cerveza tienes», le asesta uno en broma. El enfado es variable. Hay quien le sugiere a Rajoy y sus ministros algún uso poco confesable en público de la famosa carta recibida para comunicar ese incremento del 0,25.
Varios de estos pensionistas arrojan la clave de su situación de escasez: más allá de la que pensión suba este año el mínimo legal establecido, apuntan al verdadero drama de este colectivo en rebeldía desde hace semanas: la pérdida de poder adquisitivo.
Hay que volver a 2010 para encontrar el último año en que las pensiones mantuvieron el poder adquisitivo, al ser actualizadas en función del Índice de Precios al Consumo (IPC).
A partir de ese año, los cálculos van irremediablemente a la baja. Desde entonces, las pensiones han perdido en Tarragona entre un 3,7% y un 4,7% de su poder adquisitivo.
Desde 2010, los pensionistas de Tarragona acumulan una pérdida media de poder adquisitivo que llega a los 3.368 euros en este periodo, según un estudio de la UGT. Son unos 481 euros, de media, que los jubilados de la provincia dejan de cobrar cada año.
El desequilibrio con el IPC
Para alcanzar la cifra se ha cogido una pensión media de 2010, ubicada por entonces en los 803,83 euros mensuales. A partir de ahí se ha analizado su evolución si se hubiera mantenido vinculada al IPC de noviembre –mes de referencia– durante estos siete años.
Así, el IPC ha aumentado un 9,7%, pero las pensiones sólo han crecido entre un 3,7% y un 4,7%. Si se suma todo lo que los pensionistas han dejado de ingresar desde el 2010 por el hecho de que sus pensiones no se hayan revalorizado a partir de la inflación, el cómputo total alcanza esos 3.368 euros, toda una fortuna.
En la sobremesa de Bonavista la tele zumba y suenan las fichas del dominó. Los que echan la partida son ajenos a los cálculos pero no a los agravios y a las estrecheces, aunque hay de todo en el vasto abismo de las pensiones.
Los hay que, exempleados de la industria química, alcanzan una pensión de 1.500 euros. Otros no llegan a los 800. Ellas –algunas mujeres cosen en una de las salas del hogar del jubilado– rondan los 500 euros de una pensión de viudedad especialmente raquítica.
En la provincia, según datos del mes de febrero de la Seguridad Social, esa pensión es de 620 euros, mientras que la de jubilación alcanza los 1.029 euros.
Las señoras hablan de cambiar el filete por las lentejas para ahorrar, de racanear la calefacción para no gastar, de apurar al máximo para llegar a final de mes.
Por suerte, la mayoría de hipotecas están pagadas, no así el resto de gastos, ni tampoco los de los hijos. La ayuda es recíproca: hay quien estira la pensión para pagar parte las deudas de los vástagos, pero también hay descendientes que ayudan a los padres con dinero para poder salir adelante.
A todos les lastra la entrada en funcionamiento del índice de revalorización de pensiones (IRP), en 2014, «congelando las pensiones para que bajaran lo necesario para equilibrar el sistema», según los sindicatos. Desde su entrada en vigor las pensiones sólo se han incrementado un 0,25% anual, aplicando el límite mínimo.
Con la ley actual, serían necesarios un mínimo de 12 años aplicando la subida máxima prevista del IPC más 0,50 puntos para recuperar el poder de compra volatilizado como consecuencia de los recortes y de la nueva regulación de la Seguridad Social, según las estimaciones del estudio de UGT.
Pero esa posibilidad es más bien un ejercicio puramente matemático y teórico, ya que el sindicato reconoce que es prácticamente imposible que en los próximos años las pensiones crezcan por encima del mínimo del 0,25%.
