Los juristas municipales creen que Laia Estrada (CUP) deberá dimitir

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Tarragona consideran que la concejal de la CUP Laia Estrada deberá dejar el acta de concejal cuando la sentencia del caso Bershka sea firme. Según ha podido saber el Diari, los técnicos municipales ultiman un informe en el que ponen de manifiesto que la resolución judicial –en la que el juez condena a la representante de la formación anticapitalista a una pena de tres meses de cárcel– «no es compatible» con la posibilidad de ostentar una credencial como edil en el Saló de Plens. De hecho, los letrados advierten que, cuando se ejecute la sentencia, el pleno municipal podría «constatar la situación de cese y solicitar directamente una nueva acta» de edil.

Las fuentes consultadas por este periódico indican que los funcionarios municipales harán llegar esta semana el documento a la edil cupaire, quien ya habría sido informada de forma verbal por parte de los expertos de la Plaça de la Font. Pese a ello, Estrada habría solicitado la información por escrito. Se da la circunstancia de que, en un primer momento, fuentes cercanas al caso descartaron que Estrada tuviera que dejar su cargo, ya que consideraban que la condena no es retroactiva y que, por lo tanto, la resolución judicial no afectaría al escaño que la edil ostenta desde el mes de junio de 2015. Pese a ello, ahora los especialistas de la corporación local ponen de manifiesto su opinión contraria, ya que indican que el cumplimiento de una pena de privacidad de libertad no se podría ejercer «de forma paralela» a la representación pública.


Los hechos, antes de ser edil
Los hechos juzgados en los que se implica a la ahora concejal se remontan al 7 de enero de 2009 –cuando Estrada aún no era edil–, día de inicio de las rebajas de invierno, en el que los tres activistas hicieron una acción de denuncia contra la presión de la industria de la moda sobre las mujeres ante la tienda de ropa Bershka de la Rambla Nova.

Tras años de polémica, el pasado 29 de diciembre se hizo pública la sentencia, en la que el magistrado marcó para los tres activistas (Laia Estrada, Santi Fortuny y Diego Corredor) 2.250 euros de multa conjunta –en concepto de responsabilidad civil– y tres meses de prisión por el delito de atentado a la autoridad. Una pena de cárcel que no cumplirán porque ninguno de ellos tenía antecedentes penales y se trata de una pena inferior a dos años.

Además, la sentencia impone la inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo (esto es: poder presentarse a unas elecciones) durante el tiempo de condena. La sentencia, en cambio, absuelve a esos mismos tres activistas por el otro delito que la acusación reclamaba: el de lesiones.


Críticas del PSC
La resolución judicial fue rápidamente recordada durante la pasada Navidad, cuando tanto el alcalde Josep Fèlix Ballesteros como la portavoz del equipo de gobierno, Begoña Floria, pidieron a Estrada «coherencia». Los representantes socialistas realizaron estas declaraciones a raíz de las peticiones de dimisión que la CUP ha llevado a cabo por la gestión de Ballesteros y Floria por el caso Inipro, así como con Javier Villamayor (PSC) por el aplazamiento de los Juegos del Mediterráneo a 2018.