Los municipios tarraconenses tienen pendientes 33 millones por las plusvalías

Los ayuntamientos de la provincia de Tarragona tienen en estos momentos más de 33 millones de euros en el aire. En plena época de elaboración de los presupuestos municipales para 2022, la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema de cálculo del impuesto de la plusvalía genera muchas dudas entre los alcaldes, que temen perder el próximo año una de sus principales fuentes de financiación, si bien desde el Gobierno Central se afirma que en breve se adaptará el tributo a las exigencias del TC.

Según los últimos datos liquidados por el Ministerio de Hacienda, en 2019 el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana generó un total de 33,2 millones de euros para las corporaciones locales de la demarcación, una cifra que significa entre un 4% y un 5% de los cobros de las administraciones municipales, según reconocen los principales consistorios.

El Ayuntamiento que cuenta con una mayor cantidad de ingresos por este concepto es Tarragona, que en 2021 presupuestó cinco millones pero que en 2022 preveía lograr ocho, una cifra que es equivalente al plan de mejora de plazas y espacio público diseñado para este 2021. «Estamos ante una situación compleja, pero el Estado sabe desde 2017 que debe cambiar el método de cálculo. Ahora deberemos replantear las cuentas para el próximo año», indica el primer teniente de alcalde, Jordi Fortuny (ERC). Cabe recordar que cuando llegó al gobierno, el ejecutivo del alcalde Pau Ricomà (ERC) incrementó en un 30% el porcentaje anual y el coeficiente del tributo.

De manera parecida se expresa el gobierno de Reus. «Lo vemos con preocupación. Obviamente es un fuerte golpe para las finanzas municipales. Hay una sentencia de la que en estos momentos desconocemos la letra pequeña y estamos a la expectativa de conocer todos los detalles para analizarla a fondo. El Gobierno Central ha manifestado que estudiará las fórmulas necesarias para resolver esta cuestión y garantizar la validez del tributo», afirma la concejal de Hisenda, Mariluz Caballero, quien añade que «esperamos conocer las medidas que adopte para valorar su afectación final y tomar las decisiones oportunas. Pero no contemplamos ningún otro escenario, no pueden dejar colgadas a las administraciones locales». En la capital del Baix Camp la plusvalía significa a día de hoy un montante global de 4,1 millones de euros, y la previsión de las cuentas aprobadas para 2022 es de 3,8 millones. Desde 2018, se ha pasado de 2.000 a 3.000 transmisiones, aumentando la cuantía de ingresos de 3,3 a 4,1 millones en cuatro ejercicios.

«La sentencia es demoledora»

Por su parte, el concejal de Hisenda del Ayuntamiento de Cambrils, David Chatelain, asegura que la sentencia es «demoledora». El edil explica que este 2021 se estimaba que la recaudación bruta fuese de 2,75 millones de euros. «De activos hablamos de 1,85 millones y de ejecutados reales ya cobrados, 1,45 millones», detalla el portavoz del PP, quien añade que el año pasado la recaudación fue «muy bien» por la situación inmobiliaria, y que este año la previsión también era optimista. «A día de hoy lo que queda por cobrar no se ingresará porque nos han dejado sin el artículo que permite recibir el impuesto», lamenta. Asimismo, esta anulación afectará a la redacción del presupuesto de 2022 y tampoco se podrán cumplir las expectativas marcadas este año. «Ajustar el presupuesto será complicado porque no sabemos cómo será la nueva figura tributaria que lo sustituirá», señala. Chatelain también comenta que se ha mensajeado con Jorge Azcón, vocal del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias, para pedirle que, desde las asociaciones municipalistas, se haga presión para que el Gobierno español adopte medidas «de forma rápida y efectiva».

En Salou, el cálculo de la plusvalía se sitúa en los 1.100.000 euros. Según explica el concejal de Hacienda y Gestión Económica, Yeray Moreno, «estamos hablando de un 2% del presupuesto municipal a nivel de ingresos». Sin embargo, en la localidad del Tarragonès «no se contempla ninguna reducción de ingresos porque confiamos en que se modifique el impuesto, o bien, también, en ayudas por parte de los entes supramunicipales». Sin embargo, «hasta que no se publique la sentencia completa no nos podremos pronunciar más ampliamente», señala Moreno.

En Torredembarra el impacto puede ser de 1,5 millones de euros, según indica el concejal de Hisenda, Josep Maria Guasch. «En 2017 ya se empezó a notar cuando se dejaron de cobrar las transmisiones negativas, pero ahora el golpe puede ser mayor», indica el edil, quien expone que esta cantidad se asemeja «al coste de construcción de la piscina o al área de Benestar Social».

Sentencia «en análisis»

Para el Ayuntamiento de Valls, la medida también representa «un impacto destacable», según apuntan al Diari fuentes municipales. Este es un impuesto que fluctúa en función de la actividad de compraventa, y para el consistorio vallense supondría entre 500.000 y 600.000 euros al año. «Teniendo en cuenta que el presupuesto es de unos 30 millones, es una cifra destacada», apuntan. En estos momentos se está analizando el resultado de la resolución y estudiando qué hacer. «El Ayuntamiento tiene la capacidad de asumirlo, ya que las cuentas están saneadas, pero la anulación de la plusvalía se añade a una situación de infrafinanciación de las administraciones locales que viene de lejos y que es crónica, teniendo en cuenta que somos la administración más cercana al ciudadano y más en estos tiempos de Covid y post-Covid», añaden desde el Consistorio. Además, esperan que el Estado arbitre alternativas a través de los ingresos que traspasa a los ayuntamientos, «tanto por el tema de las plusvalías como para solucionar la mala financiación con la que siempre han dotado a los ayuntamientos», concluyen.

La eliminación de la plusvalía supondrá un recorte de 2 millones de euros para el Ayuntamiento de El Vendrell. La cantidad es ligeramente superior a dos de las principales obras presupuestadas en el municipio como la construcción de una nueva pista de atletismo (1,5 millones) o la peatonalización de las calles Cristina Baixa y Quatre Fonts (1,5). El alcalde de la capital del Baix Penedès, Kenneth Martínez, señala que la situación «supone un problema, pero estoy convencido de que se resolverá».

En Amposta, la medida afectaría sobre unos 600.000 euros anuales, lo que «es una afectación tremenda», en palabras del alcalde, Adam Tomàs. «Esperemos que no se llegue a esta situación, ya que tendríamos que recortar por muchos sitios, lo tenemos que estudiar», añade. Para hacerse una idea, la primera parte del proyecto de rehabilitación del mercado de la capital del Montsià tuvo ya un coste de 500.000 euros, así como toda la mejora de los espacios verdes. Desde Tortosa, su alcaldesa –Meritxell Roigé– valora «negativamente» la sentencia y reivindica que «pedimos al Estado que compense la parte que los ayuntamientos dejarán de recibir». La previsión de la capital del Baix Ebre es la de ingresar unos 750.000 euros, que en estos momentos están en el aire.