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Un grupo de jóvenes que ocupaba de manera ilegal un piso en el Rancho Grande de El Serrallo ha abandonado la vivienda después de haber superado un proceso de mediación. Se trata de seis chicos, de nacionalidad marroquí, de entre 18 y 21 años, que hasta la mayoría de edad habían estado tutelados por la Generalitat y vivían en un centro de menores. Durante el confinamiento, se instalaron en este conflictivo edificio del barrio marinero. Habían protagonizado algún altercado en los últimos días que puso en alerta a las administraciones. Finalmente, el domingo, el grupo abandonaba el piso y entregaba las llaves de manera voluntaria. Por su parte, la Brigada Municipal tapiaba la puerta a la vivienda para evitar que volviera a ser ocupada.
Así sigue la estrategia con la que trabaja el Ayuntamiento de Tarragona para poner fin a los episodios de violencia vividos en los últimos meses en El Serrallo. Cabe recordar que los vecinos llevan años denunciando inseguridad en sus calles. Peleas, venta y consumo de drogas, robos, insalubridad, y un largo etcétera, que hace prácticamente imposible la convivencia en el barrio.
Este grupo de jóvenes se había instalado durante el confinamiento en un piso de la calle Sant Andreu, número 2. Bloque que, en su mayor parte, está ocupado de manera ilegal por diferentes familias con importantes antecedentes delictivos. En el caso concreto de estos chicos, se han acogido a un proyecto que se llama Alianza Internacional por los Derechos y la Libertades, a través de la concejalía de Nova Ciutadania del Ayuntamiento de Tarragona.
Se trata de un programa que tiene como objetivo reducir la conflictividad vecinal que pueden llegar a generar determinados jóvenes con pocos recursos para vivir. Es el caso del Rancho Grande, y también de algunas calles de la Part Alta, donde estos grupos se buscan la vida como pueden para sobrevivir. «Con 18 años se quedan sin ayuda, sin comida y sin permiso de trabajo. Si la administración no se hace responsable de ello, llegan las consecuencias. Y una de ellas es lo que está pasando en algunos puntos de la ciudad», explica la concejal de Nova Ciutadania del Ayuntamiento de Tarragona, Paula Varas. La labor del Consistorio es seguir buscando maneras para poder inyectar recursos económicos a las asociaciones y plataformas que dan segundas oportunidades a estos jóvenes. «Es importante seguir trabajando para que no prolifere el discurso racista. No justificamos los actos vandálicos e incivicos de estos grupos, pero si contamos con alguna opción para rehabilitarlos, lo vamos a intentar», añade Varas.
Aicha El Gourgi es la presidenta de la Alianza Internacional por los Derechos y las Libertades, entidad que capitanea el proyecto de reinserción. El Gourgi lleva semanas trabajando para que estos jóvenes dejen el piso de El Serrallo de manera voluntaria. «Son chicos que se encuentran solos, sin recursos, y que van en busca de mafias para que les arreglen los papeles. La salida que encuentran es robar para tener ropa y poder comer», apunta El Gourgi. La entidad se reunió con ellos y llevó a cabo entrevistas para conocer cada caso en concreto.
Los seis jóvenes han pasado a residir en tres apartamentos que acogen también otros chicos extutelados que se encontraban en una situación similar. «Nuestra tarea es apoyarles en temas administrativos y darles una salida profesional para que vuelvan a empezar de cero. Si alguno de ellos tiene algún problema con las drogas, también contamos con una red de voluntariado para ayudarles a salir de esto», explica
El Gourgi. Para poder seguir con esta tarea, el programa necesita de recursos, tanto humanos como económicos. El Ayuntamiento se compromete a remover cielo y tierra para encontrarlo. «Pedimos que no se criminalice este colectivo», comenta la presidenta de Alianza Internacional.
El grupo abandonó el Rancho Grande de manera voluntaria el pasado domingo, acompañado por miembros de la entidad. El Gourgi comunicó a la Guàrdia Urbana los hechos y procedió a entregarles las llaves del piso. Por su parte, la Brigada Municipal se desplazó hasta el lugar para tapiar la vivienda. «La intención es evitar que otra gente ocupe el piso. Cabe recordar que este proyecto no solo se basa en la atención social, sino también cuenta con un componente de minimizar los conflictos vecinales», apunta Varas. El Consistorio alertó de la situación a la entidad bancaria titular de la vivienda.
Estrategia municipal
El origen del problema se remonta a hace unos cuatro o cinco años, cuando el bloque conocido como Rancho Grande empezó a ocuparse por familias y grupos que generan constantemente inseguridad en el barrio. El Ayuntamiento se encuentra inmerso ahora en una estrategia para acabar con la situación. Los vecinos empiezan a ver la luz al final del túnel.
