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Los padres de Tarragona rechazan que se les multe si sus hijos se emborrachan

Madres, padres y expertos se oponen a la medida de la nueva ley del alcohol. Cada dos días hay un menor intoxicado en la provincia

Raúl Cosano

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Padres, madres, psicólogos y pedagogos advierten del habitual abuso que hacen los menores del alcohol, sobre todo durante el verano.  Foto: DT

Padres, madres, psicólogos y pedagogos advierten del habitual abuso que hacen los menores del alcohol, sobre todo durante el verano. Foto: DT

Si su hijo se emborracha, y lo hace asiduamente y con grave perjuicio para su salud, sepa que le podrá caer una multa en virtud de la nueva ley del alcohol que prepara el Gobierno, un texto polémico que suscita la crítica entre los padres, la comunidad educativa de los colegios y los expertos.

La delegación territorial en Tarragona de la Federació d’Ampas de Catalunya (Fapac) se opone frontalmente a esa medida. Cree que el consumo de alcohol debe resolverse de forma transversal y siempre desde la educación y no desde la penalización. «No soy partidario de ejercer un aprendizaje a través del castigo. Entiendo que tiene que haber un tratamiento transversal del problema. Creo más en las medidas tipo trabajos sociales o sustitutorios de condena», cuenta Lluís Pallejà, delegado territorial en Tarragona. 

Ricardo Redondo, además de vocal de la Fapac, es profesor de ciclo formativo en el Institut Cal·lípolis y miembro de la Ampa del Institut Joan Guinjoan, en Riudoms. Redondo da fe de un problema recurrente al que él se asoma a diario: «Es necesario buscar la manera de reducir el consumo de alcohol. Yo estoy con alumnos de entre 16 y 19 años y a veces veo que el botellón es la única forma que tienen de divertirse. El alcohol es algo muy presente, pero creo que antes que sancionar hay que hacer otras cosas». 

La prevención, la formación o la educación deben ser pilares maestros, siempre que vayan acompañadas de un impulso efectivo derivado de campañas con recursos y financiación suficiente. Laura Moreno, vocal de la junta de Fapac en el Camp de Tarragona y de la Ampa del Joan Ardèvol, en Cambrils, es crítica con la ley: «No han consultado a las familias. Si quieren sancionar, que se planteen también el acceso tan fácil que hay al alcohol. Antes no había tantas tiendas de 24 horas». 

El problema que hay detrás

Moreno sugiere un planteamiento mucho más a fondo y global: «Sancionar es dejar de abordar el problema. Si hay un adolescente que vuelve a beber en exceso, que es reincidente, ¿no habrá que mirar qué problema hay detrás?». El informe de la futura ley contempla esa posibilidad sancionadora. El texto fue validado en el Senado. La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas también dio luz al informe que sentará las bases de la futura ley y que propone intervenciones pactadas por todos los grupos, para acabar con el botellón y los comas etílicos en menores.

El documento también prevé que, en los casos de reincidencia y actitud negligente de los progenitores, se aplique la normativa de protección de menores. El texto subraya que la futura ley debe tener un carácter «educativo y pedagógico», pero también debe garantizar su protección, de ahí que incluya un régimen sancionador dirigido hacia aquellas personas mayores de edad que permitan y fomenten el consumo, especialmente si obtienen un beneficio con ello. Para evitar la sanción, los padres podrán participar junto con sus hijos en actividades reeducativas de prevención del consumo.

No sólo la comunidad de padres se posiciona en contra de las medidas punitivas. Silvia Sumell, psicóloga y profesora en la UOC, también censura la opción: «No es la solución más adecuada. Está bien poner unos límites pero debería englobarse en un pack más global de acción, a nivel familiar». Sumell arroja una de las claves: «En la sociedad actual consumir alcohol se sigue viendo como algo positivo. Es algo socialmente aceptado y nosotros como padres tenemos que tener claro el modelo que transmitimos a los hijos». 

En ese sentido, el informe también propone revisar los impuestos especiales de todas las bebidas con graduación y establecerlos según la cantidad de alcohol puro que contengan, perseguir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, prohibir los ‘happy hour’ en los locales y restringir la publicidad. «Hay que hacer un trabajo intenso desde la propia casa, intentando arrinconar esa actitud más permisiva y de que no hay sensación de peligro. El alcohol se ve algo como social y lúdico», añade Sumell.

Negligencia en las pautas

Tampoco Enriqueta López, psicóloga infantil y juvenil de Tarragona, considera adecuada la vía sancionadora: «Me encuentro con muchos padres correctos, que educan bien y el hijo sale con otro tipo de actitud. Otra cosa son los padres excesivamente tolerantes. Sólo en el caso de que haya una negligencia en cuanto a pautas se puede culpabilizar a los padres».

Ese punto es el más controvertido, como desglosa Pallejà: «No iría hacia una sobrerregulación basada en el castigo. En el caso de que los tutores de esos menores sean entidades sociales, ¿se harán ellas o el estado cargo de esa sanción? O si hay una familia desestructurada, con problemas, ¿haremos responsable al padre de que su hijo se emborrache?». Más allá de eso, en lo que todo el mundo coincide es en la necesidad de atajar cuanto antes el abuso de alcohol entre los menores, que se ha ido expandiendo en los últimos años. «Entre los jóvenes se bebe, y mucho. En principio, muchos dicen que sólo el fin de semana, pero es algo que empieza el viernes y acaba el domingo, y a veces se dan atracones. El botellón es la tendencia de grupo, pero me preocupa cuando te dicen que beber les sirve para coger el puntillo», radiografía la psicóloga Enriqueta López.

Los últimos datos de las asistencias de emergencias también son preocupantes. En la provincia se atienden al año más de 200 casos de intoxicación etílica de menores, lo que arroja una media de una asistencia cada dos días, según los últimos datos del SEM. En cuatro años, el número de asistencias a menores de edad se ha disparado un 34% en Tarragona. En 2017 hubo 212 intoxicados.  

Por su parte, Daniel Recasens, abogado y miembro del Ampa de la Escola Montsant, en Reus, cree que «hay una problemática a la que se tiene que poner remedio» y que «con la política sancionadora se está pensando más en los costes-beneficios» que en atajar eficientemente el problema.

Recasens apuesta por «una política educativa» porque la solución «no es una vía expeditiva hacia los padres». Recasens, también miembro de la junta directiva de Fapac en Tarragona, añade: «Los padres tenemos la corresponsabilidad pero los hijos no están las 24 horas en casa, así que no somos los únicos. Buena parte del día la pasan en otros espacios, que además son públicos».  

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