Los profesionales del sector social denuncian que están «al límite»

«Somos los que estamos en primera línea, apagando fuegos... Con tener vocación no basta», señalaba Jabitxu Díaz, miembro de la plataforma Acció Social en Lluita, para explicar la situación de precariedad en la que, asegura, viven la mayoría de los profesionales de la red de servicios sociales. 

La plataforma se ha creado recientemente. Agrupa a trabajadores en los ámbitos de la Educación Social, el Trabajo Social, la Psicología y la Integración Social y cuenta con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT y CGT. Díaz apunta que ellos se hacen cargo de sectores tan sensibles como víctimas de violencia de machista, niños y adolescentes bajo la tutela de la administración, personas con enfermedad mental e inmigrantes, entre otros. 

Este miércoles se concentraron en el Campus Catalunya de la URV al grito de «las personas no somos un negocio». El lugar fue elegido porque allí se desarrollaba la jornada del Día Mundial del Trabajo Social, en la que participaba la secretaria de Infància, d’Adolescència i Joventut de la Generalitat, Georgina Oliva. 

Oliva, de hecho, se reunió con un grupo de representantes de la plataforma para escuchar sus demandas y prometió tener en cuenta su posición en las reuniones que mantendrá próximamente tanto con los sindicatos como con la patronal. 

Hay que tener en cuenta que actualmente se está discutiendo el convenio colectivo del sector, que llevaba 10 años congelado. La propuesta de la plataforma para desbloquear la situación es que se realice una subida salarial de 3% y una equiparación de las categorías profesionales con las de la función pública. 

En manos privadas
El problema, explica Díaz, es que, aunque los servicios en los que trabajan se pagan con dinero público, son gestionados por entidades privadas, en teoría sin ánimo de lucro, pero que abaratan costes para poder ganar los concursos que convoca la administración. 
En este sentido, denuncia también que falta transparencia porque el resultado de estos concursos no siempre es público y se da el caso de que por el mismo servicio se pagan sumas distintas a unas y otras entidades. 

Aunque la diferencia más significativa, explica, es la que se da si se compara la remuneración que reciben los trabajadores que realizan la misma labor para la administración y para un centro gestionado por una entidad privada. Estos últimos trabajan una media de 70 horas más al año.

De noche y sin peligrosidad
Una de las trabajadoras participantes en la concentración explicaba que, en su caso, trabaja en un centro para menores en horario nocturno pero gana menos que en el diurno. Además, por contrato, debería hacer siete horas, pero su turno real es de diez. Todo teniendo en cuenta que les toca lidiar con algunos menores con problemas que pueden desembocar en violencia. 

Díaz explica que estas condiciones de trabajo provocan, entre otras cosas, que exista una importante rotación de personal en el sector, con los consecuentes efectos negativos para los usuarios de los servicios. 

La plataforma promete seguir con sus reivindicaciones a pesar de que las propias condiciones de los trabajadores no se lo permiten. De hecho, ni siquiera pueden hacer huelga porque los servicios mínimos en los centros residenciales, por ejemplo, son del 100%.