Los promotores de Mas d’en Sorder podrían reclamar cinco millones si se paraliza el plan

Essentia Costa Daurada, la empresa promotora de la urbanización de Mas d’en Sorder, podría reclamar entre cuatro y cinco millones de euros de indemnización si finalmente el Ayuntamiento de Tarragona paraliza el plan parcial 43. La compañía no estaría dispuesta a quedarse de brazos cruzados si se aprueba la suspensión de licencias en este ámbito. Esto supone que si se abre la vía judicial, cosa que ahora mismo no se descarta, podría exigir una compensación económica por las obras que ya se han llevado a cabo en el campo de golf Costa Dorada y sus inmediaciones.

Los promotores alegarán que la ejecución de estas inversiones formaban parte de las «exigencias», por parte de la administración local, para la construcción de la nueva zona residencial con 236 viviendas de alto standing. Asimismo, el proyecto contempla la rehabilitación de la antigua masía de Mas d’en Sorder, en la que se prevé un hotel rural con encanto.

Estas actuaciones previas hacen referencia a una reordenación de la zona del golf, con cambios en los accesos, la urbanización de calles y la apertura de nuevos caminos. Unos trabajos a los que habría que añadir el coste de los informes técnicos, jurídicos y medioambientales para el desarrollo de la futura urbanización. La cifra se aleja de la estimación que hacía el concejal de Territori, Xavier Puig, el pasado 18 de febrero, quien situó el coste de una posible indemnización en «unos 15.000 euros». El Ayuntamiento defiende que, al no haberse puesto en marcha las obras del plan parcial, tan solo debería asumir el coste de los proyectos redactados.

Esto suma nueva presión después de que ayer, el equipo de Gobierno, formado por Esquerra Republicana y En Comú Podem, conseguía el apoyo de Junts per Tarragona y la Candidatura d’Unitat Popular para llevar a cabo la suspensión de licencias por el periodo de un año. Así se puso de manifiesto durante la Comissió Informativa de Territori. Ahora la decisión deberá ser ratificada en el plenario del próximo viernes. De esta forma, si no hay cambios de última hora, el Ejecutivo contaría con catorce votos a favor y trece en contra (PSC, Cs y PP) para aplicar una moratoria, que debe servir para tirar adelante una modificación puntual del POUM y reconsiderar este ámbito de actuación.

En contra de la ‘cohesión’

Durante la comisión, el concejal de Territori, Xavier Puig, expuso que esta nueva urbanización va en contra de lo que dice el Text Refòs de la Llei d’Urbanisme, según el cual «hay que favorecer la configuración de modelos de ocupación del suelo que promuevan la compactación urbana, evitando la dispersión de la urbanización y de las edificaciones en el territorio, mediante el crecimiento continuo con el tejido urbano existente». Asimismo, el edil republicano argumentó que el propio POUM habla de «cohesión de la ciudad, mediante la aproximación de los núcleos dispersos, especialmente en lo que se refiere a la zona de Ponent».

El plenario del viernes votará la moratoria en las licencias que propone el Ejecutivo

Esto generó un tira y afloja con la representante del PSC, Begoña Floria, quien intervino para solicitar al Ayuntamiento que dé a conocer «los informes jurídicos en los que consta que el PPU 43 no se adecua a los objetivos del plan general». Citando la página 128 del volumen cuatro de la memoria final de este instrumento, Floria aseguraba que «inicialmente no, pero después se resolvió y se dice que cumple con el POUM».

Esta situación hizo que finalmente tuvieran que intervenir los técnicos municipales. Estos aseguraron que la suspensión «no es un tema jurídico sino de discrecionalidad política». «Si el plan se aprobó por silencio administrativo es porque cumplía con el POUM, sino no se hubiera aprobado», afirmaba una de las técnicas presentes en la reunión.

«A día de hoy, el plan parcial cumple con los objetivos de sostenibilidad, por lo que nos encontramos con una valoración del concejal personal y subjetiva», lamentaba la edil socialista. Un punto de vista que compartía el portavoz de Ciutadans, Rubén Viñuales, quien lamentaba que el Equipo de Gobierno «está intentando maquillar una decisión política»

El líder de la formación naranja se mostraba «profundamente preocupado» ante esta decisión. «No soy capaz de conocer con exactitud las consecuencias económicas y jurídicas que puede comportarnos a todos los ciudadanos, ya que estamos en una situación en la que hay unos inversores que cuentan con todos los informes favorables y ahora se les dice que no, tan solo por unos criterios personales», lamentaba.

El Partido Popular también es contrario a esta suspensión de licencias. «Nos preocupa porque al final nadie querrá invertir en Tarragona», decía, José Luis Martín.

Revisar el POUM

El Ejecutivo de la Plaça de la Font cuenta con el apoyo de Junts per Tarragona y la CUP. Las cuatro formaciones han abierto la puerta a una modificación puntual del POUM que permita reconsiderar este proyecto. Un proceso que deberá acelerarse ya que contarían con doce meses para su aprobación inicial. Desde la formación nacionalista, Dídac Nadal apuntaba que la decisión «permite poder repensar cuestiones urbanística para mejorarlas con criterios de sostenibilidad y de cohesión de ciudad». En este sentido, añadía que «repensar para mejorar, nunca puede ser un problema».

Por su parte, Laia Estrada defendía que «no es una discusión técnica sino política». «No tan solo necesitamos parar planes como Mas d’en Sorder y la Budellera, sino revisar todo el POUM», decía. Los anticapitalistas consideran que «el hecho de que pueda tener que pagarse una indemnización no es motivo suficiente para que no se descarte un plan. Incluso sería interesante que se abriera una consulta y que sea la ciudadanía la que se pronuncie».

Por su parte, la empresa emitía un comunicado en el que lamentaba que había conocido la decisión a través de los medios de comunicación. Aseguraba que hace tres meses solicitó una reunión con el Ayuntamiento, que no acabó celebrándose. Considera que «con sus afirmaciones, el concejal de Urbanisme desacredita los informes técnicos de su propio Ayuntamiento y de los organismos competentes en materia de medio ambiente y urbanismo de la Generalitat». Asimismo, apuntaba que tomará las «decisiones que corresponda» cuando sea informada.