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Essentia Costa Daurada, empresa promotora del plan parcial 43, ha reclamado al Ayuntamiento de Tarragona la devolución de 169.000 euros. La suma responde a la cantidad que la compañía pagó a la administración municipal en relación a la tasa de los servicios urbanísticos. Esta sociedad asegura que abonó la cifra tras la aprobación definitiva del plan parcial, que se hizo por silencio administrativo. Tras superar este obstáculo, los inversores presentaron los proyectos de urbanización y reparcelación, a la espera de obtener la licencia de edificación. Dado que la concesión de permisos en este ámbito, conocido popularmente como el de Mas d’en Sorder, está paralizada a la espera de llevarse a cabo una modificación puntual del POUM, la empresa ha solicitado que esta cantidad le sea devuelta.
La compañía justifica que «solicitamos una licencia que no se está tramitando a raíz de la suspensión», por esta razón afirma que «hemos solicitado la devolución de lo pagado a la espera de que en un futuro se tramite». Se escuda en que la Llei d’Hisendes Locals contempla esta posibilidad. Pese a ello, afirma que se trata de «una cuestión jurídica de carácter temporal» y si dentro de nueve meses no se hace efectiva la modificación del plan general, y por tanto la urbanización puede seguir adelante, la empresa pagará de nuevo esta cantidad.
Essentia Costa Daurada presentó la instancia telemática, a través del registro electrónico del Ayuntamiento, a inicios del mes de agosto. Ahora, se mantiene a la espera de que la administración le dé una respuesta, de acuerdo con los plazos establecidos.
La sociedad promotora quiere dejar claro que la reclamación «no tiene ningún carácter indemnizatorio». Por el momento, asegura que este aspecto lo ha dejado aparcado hasta que finalice la moratoria para la suspensión de licencias. A partir de ahí, y en función de si el Equipo de Gobierno con Junts per Tarragona y la CUP alcanzan un acuerdo para descatalogar los terrenos, se explorará la posibilidad de recurrir a la vía judicial.
La cantidad que debería abonar el Ayuntamiento si finalmente no sigue adelante la construcción de las 238 viviendas previstas y la rehabilitación de Mas d’en Sorder como hotel es una incógnita. Por el momento, la administración local no ha dado a conocer la cifra. Por su parte, la empresa asegura que a día de hoy ya ha invertido trece millones, en la mejora del campo de golf y sus inmediaciones, y que su ejecución formaba parte de las «exigencias», por parte de la administración local para seguir adelante con el proyecto. La inversión global asciende a 105 millones de euros.
Entre uno y cinco millones
Estas actuaciones previas hacen referencia a una reordenación de la zona del golf, con cambios en los accesos, la urbanización de calles y la apertura de nuevos caminos. Unos trabajos a los que habría que añadir el coste de los informes técnicos, jurídicos y medioambientales para el desarrollo de la futura urbanización. Con todo, la cantidad que podría reclamar la empresa se sitúa entre cuatro y cinco millones de euros. Una cifra, no obstante, que algunas fuentes rebajan sustancialmente. Estas aseguran que algunas de las mejoras que se han llevado a cabo en la zona de juego o la construcción del nuevo gimnasio DIR no podrían atribuirse al desarrollo del futuro plan parcial. En cambio, el Ayuntamiento sí que debería hacerse cargo de las facturas correspondientes a la redacción de los proyectos técnicos, geológicos, arqueológicos, de impacto ambiental, de suministro eléctrico, hidrológicos y de movilidad. Atendiendo a estos elementos, los posibles gastos que debería asumir la administración local se moverían alrededor del millón de euros.
Sin embargo, el futuro de la nueva urbanización está completamente en el aire. El Ayuntamiento lo paralizó por razones de «sostenibilidad», «eficiencia» y «cohesión de ciudad». En el pleno del 22 de mayo, cuando se decidió aplicar la moratoria contó con el apoyo de la CUP y Junts per Tarragona. Aunque esta última formación abrió la puerta a reconsiderar su postura en función de si se consegue que el proyecto tenga una «interés de ciudad» y pueda garantizarse la rehabilitación de la antigua masía.
