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Los transportistas que estos días han seguido circulando por la autopista, en los tramos con bonificaciones, han podido comprobar como Autopistas, la empresa filial de Abertis, ha eliminado los descuentos que venían aplicándose desde finales de agosto del año pasado. El motivo por el cual se dejaron de aplicar las bonificaciones es que el Servei Català de Trànsit había eliminado las restricciones al tráfico pesado de las carreteras nacionales N-340 y N-240, que transcurren en paralelo, para facilitar la movilidad de transporte de mercancías durante el estado de alarma.
La medida ha sorprendido a los profesionales del sector en la demarcación de Tarragona. Cuando se puso en marcha había generado un importante rechazo. Sin embargo, muchos conductores ya habían cogido el hábito y durante este periodo han seguido utilizando la autopista. «No acabamos de entender la política comunicativa del Gobierno, porque aquí nadie nos ha informado de nada», apunta el director de la Federació d’Empreses d’Autotransport de Tarragona (Feat), Josep Lluís Aymat.
La patronal del transporte considera que «en cierto modo tiene cierta lógica», pese a ello lamentan que si se hizo público que se levantaban las restricciones de tráfico, no se hiciera lo mismo con las consecuencias que representaba la medida. La Federación Española de Transporte Discracional de Mercancías emitía un comunicado en el que lamentaba «la falta de rigor y transparencia a la hora de informar al sector de manera formal y suficiente para que la información llegara a los transportistas antes».
Una práctica que ha supuesto que desde el 20 de abril estos camiones tendrán que pagar el precio íntegro de los correspondientes peajes. Las bonficaciones que aprobó el Gobierno alcanzan al 50% del importe en el caso de los trayectos locales y se sitúan en un 42% para los de larga distancia.
¿Alargar concesiones?
La decisión de Abertis se conoce en un momento en el que la compañía protagonista de otra polémica decisión en los últimos días. Esta semana, el diario Ara publicó que la empresa concesionaria de autopistas reclamaba al Gobierno alargar las concesiones de los peajes para compensar el descenso de tráfico. A raíz del confinamiento obligatorio para combatir la Covid-19, la circulación de vehículos cayó en picado, por lo que la compañía habría iniciado los contactos para exigir una compensación y alargar sus contratos de peaje mientras durante el tiempo que dure el estado de alarma.
Esto significaría que los peajes de la AP-7 (Tarragona-La Jonquera), la AP-2 (Barcelona-Zaragoza) o la C-32 (Barcelona-Palafolls) no acaben el 1 de septiembre del próximo año, que es cuando expiran los contratos, sino más adelante. La propuesta se encontró con el portazo del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Su titular, José Luis Ábalos afirmó que «no vemos esta necesidad». Asimismo, aseguró que «no tenía constancia» de que la empresa hubiera planteado esta posibilidad.
