Los turistas venden su casa en la costa por la inestabilidad política

«Hemos tenido dos operaciones en que los compradores se han echado atrás y tres casos de personas que quieren vender. Es gente de fuera que tiene aquí la segunda residencia. También conocemos a alguien, con cierto poder económico, que barajaba venirse aquí pero al final se ha ido a Alicante», reconoce José Manuel Gonzálvez, responsable de la inmobiliaria Finques Salou. 

Su testimonio pone voz a la última derivada de la inestabilidad política: los veraneantes de otros lugares de España que tenían la residencia en la Costa Daurada y que han decidido poner en venta su propiedad ante la inestabilidad política. «Es algo puntual. Hemos tenido algún cliente que ha querido poner la casa en venta. Lo que sí continúa es el descenso de la compraventa y el parón de inversiones, porque el dinero no quiere inventos», cuenta Diego Reyes, presidente de la asociación de promotores en el Tarragonès. 

Más contundentes son las voces emitidas por Idealista. El portal inmobiliario sostiene que el número de viviendas a la venta en los municipios costeros de la provincia sufrió un incremento del 50% en octubre, en plena escalada de la tensión por el Procés. 

Más inmuebles a la venta
El jefe de estudios de Idealista, Fernando Encinar, cree que muchos propietarios de estas segundas residencias costeras no son catalanes sino que vienen de otras provincias de España y que, movidos por la incertidumbre, han dado el paso de poner a la venta las casas de veraneo. «Es un poco pronto para sacar conclusiones, pero es cierto que en los meses de septiembre y octubre hemos notado un incremento de los inmuebles en venta», cuenta David Herencia, otro portavoz de Idealista. 

En Calafell, el aumento de activos en venta fue del 30%, mientras que en Cambrils llegó al 40% y en Salou se disparó al 50%, respecto a la media elaborada de los últimos años. «Nos ha llamado mucho la atención este comportamiento. Una de las hipótesis es que sea de gente de fuera que se sienta incómoda aquí y haya decidido deshacerse del lugar en el que veranea habitualmente», añade Herencia. Algunas inmobiliarias lo han confirmado. «No es masivo, pero sí que es una realidad. Me quedé un poco sorprendido cuando me pidieron vender, pero yo hago lo que me reclaman y ya está. También sufrimos un parón de demanda de gente de fuera», agrega Gonzálvez. 

La situación, sin embargo, no es ni mucho menos alarmante ni tiene una afectación general. «Seguimos trabajando con normalidad, como hace dos o tres meses. Sólo hemos tenido un caso puntual, de una persona que nos llamó y nos pidió asesoramiento, nos preguntó que qué debía hacer ante la situación. Por el resto, todo normal», explican desde Fincas Sellarés, inmobiliaria de Vilafortuny. «Hay gente que puede estar empezando a tomar esa decisión. Si hay malas sensaciones políticas, el dinero no va allí donde no existe estabilidad. Algunos intentarán no malvender, porque puede llegar un momento en el que el precio baje. Puede haber casos. Si yo soy de Zaragoza y veo un municipio lleno de estelades y eso me incomoda, puedo llegar a tomar esa decisión», dice Manel Sosa, secretario de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona. 

Rafael Muñoz, economista del gabinete de estudios de la Cepta, también diagnostica la situación: «En el sector inmobiliario la afectación es indiscutible, con cancelaciones de reservas, con situaciones incluso de pérdida de la señal dejada. En el caso de segunda residencia hay procesos de desinversión por parte de no residentes». Muñoz habla de reordenamiento patrimonial, aunque de momento de modo puntual: «No hablamos de algo generalizado, pero sí se están dando casos, en parte debido a que se ha dramatizado la situación». 

La imagen de inseguridad
Para Muñoz, la coyuntura se fundamenta en la imagen sobre el Procés que llega a según qué lugares: «Hay un problema de percepción y una pérdida temporal de reputación, más aún en un sector como el inmobiliario que no quiere correr riesgos. Se da más en los no-residentes porque la percepción es diferente y el vínculo que tiene con esa propiedad inmobiliaria en la costa es distante y, por lo tanto, más débil. A veces se transmite una imagen de inseguridad o de caos que no es real y eso, si vives, lejos afecta». 

Muñoz admite una situación de standby inversor que se prolongará hasta más allá de las elecciones del 21-D: «Hay un miedo al riesgo, a la inestabilidad. Sé de inversores extranjeros que han dicho que prefieren esperar a primavera antes de cerrar operaciones».  

También en el sector hipotecario aparecen consecuencias de la incertidumbre. Según la web Idealista, los bancos que estaban hipotecando en Catalunya al 90 o al 100% del precio de tasación de la vivienda han endurecido las condiciones y han bajado el porcentaje al 70%. El resultado es que el comprador deba tener ahora más ahorros para acceder a la prestación. 

El promotor Diego Reyes incide en las dificultades que envuelven al sector en estas últimas semanas: «Todo está paralizado, como es normal. Yo haría lo mismo. Va a tardar en haber confianza, también desde el punto de vista bancario. Cuesta mucho construir y después, cuando cae todo, la recuperación es muy lenta». 

Hay, en todo esto, varios escenarios futuros posibles y uno de ellos es la oportunidad para el inversor. «Puede generar una expectativa para los que tengan dinero. Todo hecho que desestabilice va a favor de que suba el precio del dinero y que el precio de los inmuebles baje», apunta Reyes. Manel Sosa añade: «Pueden venir buitres a aprovecharse de esos vaivenes. Si la situación política se deteriora mucho, algunos inmuebles pueden bajar de precio y eso ser una opción interesante para el que desee invertir, como pasó durante los años de la crisis». 

A la espera de un análisis más a fondo de esta posible afectación, la segunda residencia en la costa vivía en este 2017 una buena dinámica. La vivienda en el litoral creció hasta verano un 18% en la provincia en relación al año anterior, con puntas de hasta el 30%. Esa inercia positiva suponía un cambio de ciclo inmobiliario.