Los usuarios de Cal Pobre de Tarragona siguen pendientes de su futuro

Creatividad, cooperación, activismo y actividades de interés vecinal. Estos son algunos de los ingredientes de la receta que proponen las entidades que actualmente gestionan Cal Pobre, el centro social autogestionado ubicado en la calle Descalços de la Part Alta de Tarragona, que actualmente se encuentra en peligro de desahucio a causa de la nueva demanda de interpuesta por la entidad bancaria que actualmente es propietaria legal del inmueble.

De este modo, el palacete —conocido como Casa Betran— vuelve a ser noticia, cinco años después de la marcha de los últimos ocupantes que vivían de manera ilegal en este edificio, una situación que, según los actuales gestores, marcó el punto de inflexión para dar paso a un local que se ha erigido como el centro de acción de varios colectivos y que acoge actividades sociales y culturales. 

El pasado 12 de abril, los miembros de las entidades que actualmente gestionan este espacio recibieron la orden de desahucio por parte de la inmobiliaria Solvia y se encuentran inmersos en la tarea de defender su tarea, abriendo las posibilidades que ofrece el local a las entidades sociales y culturales de la ciudad.

Su objetivo es hacer realidad un local que sea autogestionado, que pueda reunir a las entidades que estén interesadas en hacer uso del edificio y ayudarse de este modelo de gestión para conseguir llegar a un acuerdo con la actual entidad que ostenta la propiedad para evitar tener que marcharse. 

En este contexto, los actuales gestores del espacio han iniciado una campaña para dar a conocer su situación. «Queremos que Cal Pobre sea punto de partida de actividades sociales, educativas y culturales gestionadas de manera colectiva por las asociaciones, plataformas, vecinos y vecinas y socios de la ciudad», manifiestan los miembros del colectivo. 

A su vez, ponen a su lado de la balanza todo el trabajo que han supuesto las reformas del inmueble y las actividades sociales y culturales que el edificio ha acogido durante los últimos cuatro años. 

«Actualmente, la Part Alta está sufriendo el desgaste de muchos edificios, hay una falta de inversión y una total despreocupación por parte del actual gobierno por su estado», apunta el colectivo.

Al mismo tiempo, los miembros del colectivo solicitan la cesión de este espacio para poder seguir con esta actividad autogestionada.

Una propuesta que, según los actuales gestores del Cal Pobre, serviría para «dar respuesta a la necesidad que tiene Tarragona de espacios públicos destinados a la comunidad, al tiempo que protege al inmueble del deterioro, convirtiéndolo en un centro cultural y de ocio que revierta en las vecinas y vecinos».

 

 

El abogado Hèctor Cabré, que ya ha hablado con las entidades que gestionan el edificio, destaca que durante la próxima semana se reunirán de manera oficial para estudiar la estrategia a seguir. 

En este contexto —y con el objetivo de visualizar el carácter de apertura de puertas— durante toda la jornada de ayer, Cal Pobre abrió puertas para celebrar la Festa de les Flors, en lo que fue una jornada de domingo en la que tuvieron cabida conciertos musicales, espectáculos infantiles y ferias de artesanía, entre otras propuestas.

A la espera de novedades que sirvan para resolver su ubicación en el edificio, las entidades que gestionan este espacio no dudaron en mostrar su propuesta a quien quisiera disfrutarla.