Los vecinos desalojados por el derrumbe de un tejado: «No tenemos dónde ir a vivir»

«Oímos un fuerte golpe, como si hubiera estallado una bombona de butano o una planta química. Rescatamos a los vecinos del primero, un matrimonio de ancianos con movilidad reducida, y salimos corriendo a la calle. Desde ese momento, nuestra vida ha cambiado radicalmente. Me encuentro en la calle con dos hijas menores». Este es el testimonio de Amalia Marugan, una de las vecinas afectadas por el desalojo del bloque número 3 de la calle Vint-i-tres Alt de Bonavista, del pasado domingo. Eran aproximadamente las seis de la tarde, cuando el tejado de edificio de tres plantas se derrumbaba y obligaba a desalojar a las tres familias, un total de 11 personas que, ahora, se encuentran perdidos y sin vivienda.

Los afectados piden ayuda al Ayuntamiento tras no poder hacer frente a los gastos que supone contratar un arquitecto para que solucione los daños y, de esta manera, volver a sus casas lo antes posible. La comunidad anuncia que interpondrá una demanda contra Solvia, inmobiliaria propietaria del tercer piso del bloque, donde se encuentra el origen del problema, según explican los vecinos.

La historia se remonta al pasado domingo, cuando tras ceder el tejado del edificio, el arquitecto municipal llevaba a cabo una primera inspección y determinaba que existía riesgo de colapso y que, por lo tanto, los vecinos tenían que ser desalojados. Las primeras informaciones apuntan a que la causa del derrumbe podría tener relación con un problema de humedades. El problema viene de lejos y la tragedia no pilló por sorpresa a los vecinos, quienes aseguran que «tarde o temprano sabíamos que ocurriría algo así».

Mercedes Escudero, vecina del segundo piso del bloque afectado, explica que hace aproximadamente dos meses y medio, se desprendió parte del balcón del tercer piso. «La administración de fincas que nos lleva la comunidad se puso en contacto con Solvia para informarles del estado de su vivienda y balcón. La inmobiliaria hizo caso omiso y los vecinos nos vimos obligados a pagar la reparación», relata Escudero. Pero la cosa no acabó allí. Hace diez días, esta vecina detectó goteras y humedades importantes en su casa. «Parecía que caía agua directamente de un grifo. El problema estaba en el tejado, lo solucionamos y alertamos a Solvia de la situación. Su obligación era entrar en el piso y tratar las humedades para que dejaran de afectarme a mí. Sabíamos que, si no se hacía, acabaría teniendo consecuencias», asegura Escudero, quien añade que «ese mismo día, desesperados, llamamos a la Urbana, a los bomberos, al Ayuntamiento y a los Mossos para informar de lo sucedido. Nadie nos hizo caso. No tienen vergüenza». El siguiente episodio ya fue el del domingo, con un resultado de 11 personas desalojadas y un bloque apuntalado por completo.

El representante legal de la comunidad y propietario de la planta baja del bloque, Michel Casanova, anuncia que interpondrá una demanda contra la inmobiliaria Solvia por no haber cumplido con sus responsabilidades.

Empieza la pesadilla

Los vecinos afectados recuerdan la noche del domingo como la peor de sus vidas. Una ambulancia atendió a dos de ellos por ataques de ansiedad. «Salimos con lo puesto, en pijama y sin nuestra documentación», explica Amalia Marugan. En un primer momento, los servicios sociales del Ayuntamiento propusieron a los afectados realojarse en un albergue de Tarragona. La idea no gustó a los vecinos. «Tengo dos hijas, una de veinte meses y otra de seis años. ¿Con la que está cayendo con la Covid-19, cómo tenía que dormir en una habitación con más gente?», se pregunta Marugan. El matrimonio de ancianos del primer piso tampoco estaba conforme. Finalmente, estos últimos fueron realojados en un apartamento de la calle Espinach de El Serrallo. «Para nosotros no hubo solución hasta el día siguiente», explica Marugat, quien asegura que «dormimos donde pudimos, y mi marido estuvo toda la noche dando vueltas por la calle vigilando que nadie entrase a robar o a ocupar nuestro piso». Al día siguiente, Marugan y su familia ya pasaron la noche en otro apartamento del barrio marinero. La otra vecina, Mercedes Escudero, optó por quedarse provisionalmente en casa de su padre.

Por su parte, el portavoz del gobierno municipal, Manel Castaño, asegura que la Guàrdia Urbana se desplazó hasta el lugar de los hechos el pasado domingo y tomó nota de aquellas familias que necesitaban ser realojadas. «Ofrecimos alojamiento a todos, pero algunos ya tenían dónde ir», explica Castaño, quien apunta que «quizás se trató de un malentendido, teniendo en cuenta la situación de estrés del momento».

Otra de las denuncias por parte de los afectados es que, hasta pasado un día y medio del desalojo, no les dieron permiso para entrar a buscar sus cosas. Francisco Soler, el hijo del matrimonio de ancianos, explica que «mi madre tiene Alzheimer y azúcar, y necesitábamos las medicinas. No nos dejaban entrar». La mayoría de los vecinos han estado dos días vestidos con la misma ropa. Finalmente, el martes al mediodía, gracias a la intervención de la presidenta de la Associació de Veïns de Bonavista, pudieron acceder a sus viviendas.

También reprochan al Ayuntamiento haberse sentido desamparados. «Echamos de menos contar con un equipo de psicólogos que nos ayudaran a pasar por este trance tan doloroso», explica Escudero, quien añade que «dicen que el alcalde estuvo aquí el día de los hechos, pero a nosotros, los afectados, nadie del gobierno se nos acercó para saber si necesitábamos algo. Solo concejales del PSC y de la CUP, quienes nos mostraron su apoyo».

¿Y ahora, qué?

Los vecinos aseguran encontrarse en un callejón sin salida. «No sabemos qué hacer. En mi caso, tengo que seguir pagando la hipoteca, viva o no viva aquí», explica Escudero. Por otro lado, Marugan, quien está de inquilina, comenta que «cobro la renta garantida de 470 euros, nada más. Con esto no puedo buscarme otro piso. Tengo dos hijas pequeñas y me encuentro en la calle. No sé qué clase de Navidad pasaremos este año, entre la Covid-19 y ahora esto», y añade que «no queremos volvernos invisibles, necesitamos que nos ayuden».

Una de las preocupaciones de estas familias es saber hasta cuándo podrán estar en estos apartamentos de El Serrallo. La concejal de Serveis Socials del Ayuntamiento de Tarragona, Carla Aguilar-Cunill, asegura que «se trata de una valoración que se hará de manera individual con cada caso, teniendo en cuenta sus recursos y situación». Aguilar-Cunill quiere dejar claro que se acompañará a las familias hasta encontrar una vivienda digna.

Loli Gutiérrez, presidenta de la Associació de Veïns de Bonavista, explica que «los residentes en este bloque son pobres y no pueden hacer frente a una reforma de estas características. Por eso pedimos al Ayuntamiento que el arquitecto municipal haga las tareas necesarias para facilitar la vida a los vecinos, mientras no se solucione el problema de manera definitiva». Gutiérrez exige que la situación «no caiga en el olvido» y que se agilicen los trámites. «Para los afectados, un día son 24 horas. Debemos buscar soluciones ya», dice la líder vecinal.

Por su parte, fuentes municipales aseguran que «es inviable que, con dinero público, se paguen actuaciones privadas», y añaden que «los propietarios tienen la responsabilidad de mantener en condiciones sus viviendas». Esta historia tendrá más capítulos.