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La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona tendrá que buscar un gran hueco en su agenda para juzgar un macrocausa de tráfico de drogas en la que hay 35 acusados. Además, todo hace indicar que la vista no se podrá celebrar en el Palau de Justícia ante la falta de una sala para acoger a los acusados, sus abogados y el resto de los intervinientes. Se trata de tres operaciones policiales en las que se incautaron más de ocho toneladas de hachís –valorados en más de 23 millones de euros–. Entre los encausados están tres agentes de la Guardia Civil destinados en Tortosa.
El fiscal pide para los acusados una pena global de casi 200 años de prisión así como multas que superan los 500 millones de euros. Dos de los procesados –una rumana y un marroquí– se encuentran en busca y captura. El resto son de diferentes nacionalidades: españoles, polacos, ingleses y un ucraniano.
El relato que realiza el fiscal en su escrito de acusación se compone de tres partes diferenciadas, una para cada operación. La primera se remonta al 11 de agosto de 2008 y se sitúa en Miami Platja, donde tres de los acusados acudieron a una zona boscosa próxima a la urbanización Via Marina a recoger cuatro fardos de hachís, con un peso de 121,2 kilos. Los tres ingresaron en prisión, en la que permanecieron sólo unos días tras pagar una fianza.
La segunda operación tuvo lugar el 10 de noviembre del mismo año y permitió la incautación de 120 fardos, con un peso de 4.012,2 kilos –valorada en 5,6 millones de euros–. En este caso fueron cinco los detenidos. El día antes dos vehículos salieron de la zona de las marisquerías de Sant Carles de la Ràpita por un camino de tierra. Su acción era observada por la Guardia Civil, que inició el seguimiento de uno de los vehículos. El otro intentó entorpecer el seguimiento policial. Se inició una persecución hacia Alcanar y el camino viejo de Vinaròs. Allí, dejaron uno de los vehículos y se marcharon en el otro.
El tercer punto
En la tercera operación policial fueron detenidos el resto de los acusados, casi una treintena. Los arrestos y los registros se realizaron en dos comunidades autónomas: Catalunya –Les Borges del Camp y L’Ampolla– y València –Gandia, Ontinyent, Penyíscola, Benicarló y Vinaròs–.
El grupo tenía como objetivo introducir gran cantidad de hachís en España a través del mar. Para ello disponía de la embarcación El Pellele, con bandera británica, que transportaría la droga y posteriormente la traspasaría en alta mar a dos embarcaciones más pequeñas –una amarrada en el puerto pesquero de L’Ampolla y la otra, , en el puerto de Benicarló–, que la llevarían a tierra. Todo el dispositivo se preparó el 16 de abril de 2009 en la Manga del Mar Menor (Murcia).
Vigilante del puerto
Uno de los procesados era el vigilante-encargado de seguridad del puerto de Penyíscola. Era conocedor de la actividad de control que le Guardia Civil en dicho puerto, «por lo que daba seguridad a la entrada de hachís».
El 23 de abril de 2009 la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera abordaron al Pellele. Inicialmente fueron hallados 112 fardos y posteriormente cinco mas en el dormitorio de popa, una droga valorada en 18,5 millones de euros. A partir de este momento se sucedió el arresto de los otros miembros de la banda, donde se incautó decenas de teléfonos móviles, hojas con anotaciones, tarjetas de prepago de cabinas de teléfono, dinero en efectivo –dirhams, francos suizos y euros–, báscula de precisión, diversos vehículos, etc.
También se intervinieron más kilos de droga: 127 en un piso de Vinaròs; hachís, cocaína y heroína –además de una pistola y 71 cartuchos– en uno de L’Ampolla y medio kilo de marihuana en otro de Vinaròs.
El fiscal ha solicitado la declaración como testigos de 33 agentes de la Guardia Civil, tres funcionarios del Cuerpo de Vigilancia Aduanera y un vecino de la urbanización Via Marina.
