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La odisea de las cláusulas suelo continúa. Hace justo un año, el Tribunal de Justicia de la UE aplicaba un duro correctivo a la banca española. Establecía la retroactividad total de las devoluciones que las entidades tenían que hacer a sus clientes por lo cobrado de más en sus hipotecas durante años. Bruselas corregía así el fallo del Supremo, que había limitado las devoluciones hasta 2013.
En este tiempo, hay afectados por la vía extrajudicial, que ha hecho que las entidades financieras devuelvan más de 2.000 millones de euros a clientes que tenían cláusulas suelo abusivas en sus hipotecas y, por tanto, no podían ni pudieron beneficiarse íntegramente de las caídas del euríbor.
Mientras el Ministerio de Economía saca pecho y habla de resultados satisfactorios, las entidades de clientes son muy críticas con el Real Decreto-Ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, una norma que entró en vigor en enero de 2017. «El Real Decreto no ha funcionado. Ha sido un auténtico fracaso. Había lagunas importantes que ya no daban la seguridad para resolver los conflictos», explica Isabel Pons, coordinadora de Adicae, la asociación de consumidores de entidades bancarias.
Más allá de esa mediación extrajudicial impulsada por el Gobierno, la vía judicial también ha echado a andar. En los juzgados de Tarragona había, a finales de 2017, un total de 1.320 asuntos de este tipo entrados. De ellos, sólo hubo ocho vistas celebradas, 33 señaladas y cinco sentencias, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En toda Catalunya, el número de litigios relacionados con las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios era de 12.996 demandas, desde el 1 de junio.
El camino de la justicia será la alternativa para aquellos que no han encontrado solución de otra manera. «Las resoluciones favorables no llegan ni al 25%. El 75% van a tener que ir a procesos judiciales. En su momento apostamos por el Real Decreto, con defensas colectivas», cuenta Isabel Pons.
Ahora la justicia promete retardar más las resoluciones, debido a su exceso de trabajo e incluso al colapso. «Sabemos que en un año algunos juzgados han recibido el trabajo que corresponde a tres o a cuatro. Ahora se aboca a la gente a un proceso judicial sin tener garantías de que vaya rápido», añade la responsable de Adicae.
La entidad, en un informe reciente, expone: «Casi un año después puede afirmarse que no se ha logrado el objetivo de evitar el colapso de los juzgados ante la avalancha de demandas. De hecho, los juzgados especializados para la resolución de estos casos, a 5 de noviembre de 2017, recibieron 118.419 demandas. En ese contexto, los juzgados habilitados se encuentran saturados en todas las provincias del país».
El 1 de junio se puso en marcha ese plan de urgencia consistente en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península–.
Desde el 1 de enero, un nuevo plan del CGPJ sustituye al del año pasado. Según la entidad, «responde a la evolución que han seguido estos asuntos –que a fecha de 17 de diciembre arroja un total de 156.862 demandas en España–, que en caso de no atribuirse a órganos especializados supondría una carga inasumible para el resto de los juzgados».
El número de jueces dedicados a esta materia se incrementará en casi medio centenar. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Tarragona trabajará esta cuestión de manera exclusiva y excluyente. Seguirá concentrando todos los casos de la provincia y no resolverá litigios de otra índole.
