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Más de 2.500 edificios de Tarragona deberán hacer obras de accesibilidad

En diciembre del año que viene vence el plazo para eliminar las barreras arquitectónicas en los bloques de viviendas

Norián Muñoz

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La mayoría de las obras que se han acometido hasta ahora responden a las necesidades de algún vecino, no a la aplicación de la ley. Foto: Pere Ferré

La mayoría de las obras que se han acometido hasta ahora responden a las necesidades de algún vecino, no a la aplicación de la ley. Foto: Pere Ferré

En algunos casos no se trata más que de dos o tres escalones que separan la entrada de la calle del portal del edificio. No parecen una barrera infranqueable, pero pueden significar la diferencia entre que una persona en silla de ruedas pueda, o no, acceder de manera independiente a su casa.

Desde esa pequeña barrera arquitectónica hasta una más grande, como la falta de ascensor, tienen sus días contados. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2013, los edificios de viviendas están obligados a realizar ‘ajustes razonables’ antes del 4 de diciembre de 2017 para que las personas con discapacidad puedan acceder a todas las zonas comunes: garaje, trastero, jardín, salas, piscina...

Según explica Josep Anguera, del gabinete técnico del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), cuando se cumpla el plazo, el año que viene, las obras deberán estar acabadas. De no realizarse, las sanciones podrían llegar hasta los 300.000 euros.

En el colegio calculan, a priori, que en la ciudad habría unos 2.500 edificios que necesitarían acometer obras de accesibilidad de distinta índole, lo que supondría una inversión de unos 30 millones de euros.

De todas formas, explica Anguera, la norma habla de ‘ajustes razonables’, es decir, no se obliga, por ejemplo, a derribar medio edificio para instalar un ascensor.

En lo que se refiere al coste hay que tener en cuenta que la ley indica que eliminar las barreras arquitectónicas supondrá un esfuerzo económico a los propietarios, pero no podrá ser «una carga desproporcionada o indebida». La norma señala un límite: un máximo de 12 mensualidades de los gastos de comunidad. Un vecino que pague una cuota mensual de 60 euros, por ejemplo, no podrá soportar una derrama superior a 720 euros.

Respecto al tipo de obras a realizar, apunta Anguera, hay cierta flexibilidad, pero siempre dentro de las normas.

Con todo, reconocen en el COAATT y en la Fundació Tarragona Unida (entidad del mismo colegio que lucha contra las barreras), la cercanía del plazo no ha provocado un aumento significativo de comunidades de vecinos pidiendo información al respecto. De hecho, explica, las obras que se encargan en este sentido tienen que ver más bien con las necesidades de las propias comunidades donde los vecinos se van haciendo mayores y teniendo cada vez más problemas de movilidad.

El colegio, a través del portal web www.obresambgarantia.com, pone a disposición de las comunidades técnicos calificados que pueden asesorarles sobre el tipo de obras a realizar y ofrecerles un presupuesto.

 

Comunidades ‘ahogadas’

«La percepción que tenemos es que los vecinos no se van a poner a hacer obras sólo por imperativo legal». Así resume Esteve Martí, Presidente Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, cómo están asumiendo la mayoría de las comunidades la cercanía del vencimiento del plazo. Hasta ahora, relata, cuando se hace este tipo de obras, en la mayoría de los casos se debe a la necesidad expresa de algún vecino.

No obstante, reconoce que desde mediados del año pasado sí que se comienza a hablar más del tema. Ha sido a propósito de la entrada en vigor del nuevo régimen jurídico de la propiedad horizontal. En el mismo se contempla explícitamente que los propietarios que tengan alguna discapacidad o sean mayores de 70 años pueden forzar a la comunidad a suprimir las barreras arquitectónicas aunque el resto de los propietarios se opongan. El coste de las obras, que contempla la norma, eso sí, debe ser «razonable y proporcionado» y va a cargo de todos los vecinos.

Martí no considera que la lentitud en la respuesta responda a la falta de conciencia o sensibilidad de los vecinos, sino más bien a un problema puramente económico.

Se hace aún más evidente en las comunidades de las zonas más desfavorecidas. «En una escalera de veinte donde sólo pagan cinco y están cansados de cubrir a los morosos, ya es muy difícil hacerse cargo de los gastos ordinarios... Imagínese que les dice que, por ley, tienen que instalar un ascensor». En estos casos hay poco que hacer, dice, más que iniciar un largo camino judicial que rara vez llega a ninguna parte si los vecinos siguen sin contar con el dinero.

Se queja, además, de la falta de ayudas por parte de la administración. Uno de los grandes inconvenientes, de hecho, es que las subvenciones, cuando las hay, se pagan «con suerte» después de ejecutada la obra, por lo que primero los vecinos deben poner el dinero de su bolsillo.

Para las subvenciones se piden, además, una gran cantidad de requisitos, entre ellos haber pasado la ITE, Inspección Técnica de Edificios. Es algo que muchos propietarios, especialmente los de los edificios más antiguos, intentan postergar todo cuanto pueden a sabiendas de que la revisión encontrará también otros desperfectos que implicarán hacer más obras.

 

‘Otra ley más’

Montserrat García, responsable de accesibilidad de la junta directiva de la federación Ecom, que aglutina a distintas entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad, comienza por explicar que las barreras arquitectónicas en las viviendas particulares son, junto a Renfe, los temas sobre los que reciben más quejas en la federación.

No se trata, apunta, de que no les ampare la ley. De hecho, antes del nuevo régimen de propiedad horizontal recogido en el Código Civil Catalán, ya el código anterior y otras leyes hablaban de las obras que se debían ejecutar. Además, la ley de accesibilidad catalana, apunta, es muy clara.

Pero la realidad, dice, es que «de la ley a la práctica hay un salto enorme». Eso conlleva que muchas personas con discapacidad, cansadas de luchar contra sus vecinos, terminen por cambiar de domicilio o pagando ellas mismas íntegramente las obras.

Recuerda que durante décadas se han aprobado leyes que se han ido solapando y cuyos plazos se han ido dilatando en el tiempo. «Se supone que las leyes reconocen derechos para que sean efectivos, pero en la práctica lo que vemos es cómo varias generaciones están viendo cómo van caducando sus derechos».

García considera que, por una parte, se deberían ofrecer más ayudas a las comunidades de vecinos para acometer las obras y, por otra, las administraciones, incluidos los municipios, deberían implementar una estrategia para fomentar la realización de estas obras de reforma, algo que, además, debería redundar en una reactivación del tan castigado sector de la construcción.

Recuerda que la accesibilidad beneficia no sólo a quien va en silla de ruedas o tiene muletas, sino que también facilita la vida diaria a todos los vecinos, especialmente a las personas mayores, niños pequeños y padres que van con carritos de bebés.

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