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Nadie atiende a las ITE. Las comunidades de propietarios suelen hacer caso omiso a la obligación de aprobar la Inspección Técnica de Edificios. Por eso la Generalitat, apostando por la mano dura y hasta amenazando con sanciones, comenzó ayer una nueva campaña para concienciar a los dueños de viviendas y comunidades de vecinos de la necesidad de superar esta revisión.
Sabemos que no se han hecho las inspecciones con el rigor y la puntualidad que se tendría que haber hecho», confiesa Esteve Martí, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona. Apenas el 10% de los edificios que tenían que pasar la inspección lo han hecho, lo que confirma el fiasco de una normativa que ha distado mucho de cumplirse. De especial gravedad es la situación de los primeros edificios que están llamados a pasar la ITE, aquellos anteriores a 1960.
La carta de la Generalitat
En la provincia hay 9.536 bloques construidos antes de 1960 que tenían que haber pasado la citada revisión antes del 31 de diciembre de 2015 y no lo han hecho. Ellos recibirán las cartas de la Generalitat donde se recordará a los propietarios que tienen que pasar la inspección para evitar posibles problemas estructurales.
Hasta ahora la Generalitat había tenido manga ancha.
«La administración no ha querido tirar adelante una ley que la gente no podía cumplir», cuenta Ramon Rebollo, del gabinete técnico del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona.
El principal motivo es el económico. «¿Qué pasa cuando comienzas a pasar derramas, por ejemplo, de 200 euros?. Son gastos y la situación sigue sin ser boyante. Por eso mucha gente, aun sabiendo que su edificio tiene problemas, prefiere postergar la revisión», cuenta Esteve Martí. Un trozo del balcón a punto de desprenderse, una cornisa en mal estado o tuberías de uralita que se tienen que cambiar forman parte de algunos de los desperfectos encontrados, unos hallazgos habituales cuando se trata de parque inmobiliario antiguo.
Todo ello, sin embargo, cuesta dinero y hace temer a los propietarios. «Las comunidades han pasado una época muy dura económicamente. Para ellas, no ha sido fácil sacar adelante su patrimonio. Todo el mundo es consciente de que se tiene que hacer, pero la situación económica marca», cuenta Maria Pineda Malapeira, administradora de fincas.
La ITE, y el gasto posterior
Pisos vacíos, inmuebles que se han quedado los bancos o vecinos que no pueden asumir ni los gastos de mantenimiento configuran un panorama muy delicado. La ITE puede oscilar entre los 400 euros para un edificio de tres viviendas y los 1.100 para otro de 20. Depende del número de vecinos, el precio por piso variará.
Los desperfectos en las fachadas son la incidencia más detectada en las ITE realizadasLuego está el dispendio para solucionar los defectos. «En algunas comunidades los desperfectos son tan grandes que cada vecino tendría que pagar 10.000 euros. Hay comunidades que están incluso tres años pagando 200 euros cada mes para arreglar una fachada. Y hay que tener en cuenta que en los barrios con edificios antiguos suele haber mucha gente mayor, jubilados, con todo lo que eso comporta», añade Esteve Martí. En el 60% de las ITE realizadas en la provincia se han detectado deficiencias que se han tenido que reparar. Los problemas con las fachadas han sido las incidencias más recurrentes. Revestimientos o cubiertas en mal estado son otros de los deterioros hallados en aquellos bloques sometidos a revisión. En los casos de daños más extremos se encontraron problemas estructurales graves que hubo que solventar de forma rápida.
Administradores y el propio colegio de arquitectos creen que la campaña de la Generalitat servirá para concienciar y dará un espaldarazo al número de inspecciones. «Hasta el momento la administración nunca había tomado la iniciativa. Esperamos que ahora se empiece a mover», cuenta Ramon Rebollo. «Parece que la situación económica va algo mejor. Esperemos que con el requerimiento de la Generalitat la gente sea más consciente de lo que tiene que hacer», apunta Maria Pineda.
La ITE está regulada en el Decreto 67/2015. El incumplimiento de pasarla es una falta grave. Puede comportar sanciones que van de 9.000 hasta 90.000 euros.
