Más de una ocupación ilegal de pisos al día en Tarragona

Fueron 14 meses de calvario, más de un año de drama, de periplo judicial por la ocupación de un piso en la calle Apodaca de Tarragona. «No lo puedo vender ni hacer nada», explicaba desesperada la propietaria. Los ocupas argumentaron que pensaban que era un piso de los bancos y que por eso se habían metido. Un primer juicio se declaró nulo, pese a que la dueña debió demostrar que el inmueble era suyo con un sinfín de documentos: la escritura, los recibos del agua y la luz o las denuncias de los vecinos por las molestias creadas por los ocupas. 

Un juicio por lo civil acabó dándole la razón, aunque aún había que esperar varios meses, porque los ocupantes podían recurrir hasta que se efectuó el desahucio forzoso. «Todo ha sido muy angustioso. Me ha generado muchos problemas de salud. Es un piso pequeñito que era de mis padres, a los que costó mucho trabajo y sudor comprarlo, porque eran obreros. Pareces tú el culpable el que tiene que demostrar todas las cosas», explica ella, que se gastó más de 2.000 euros por ese problema, incluyendo agua, luz y abogados.

Pesadillas de este tipo, donde las ocupaciones se alargan en el tiempo, pueden estar cerca de terminar por uno de los últimos anuncios del Gobierno: reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que debe atajar en parte un problema que ha ido creciendo en Tarragona  los últimos años. 

En la provincia se produce más de una denuncia diaria por ocupación. En 2017 se registraron 521, un 67% más que en 2013. Las cifras han ido aumentando tanto en los registros de Tarragona y Catalunya como en los de España, donde se cometen anualmente más de 10.000 delitos de este tipo, según las cifras remitidas por el Ministerio del Interior. 

La propuesta aprobada abre la puerta a pedir «la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento» las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y «entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social». 

En ese caso se trasladará una notificación a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen la situación de posesión. 

Ante esto, «exclusivamente» podrán fundamentar su oposición a la demanda en «la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título» por parte del demandante. 

En caso de no aportarse «justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda». Contra este auto, señala la ley, «no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda». La ponente del PDeCAT, la reusense Lourdes Ciuró, asegura que en ningún caso buscaban permitir «que puedan acogerse ni fondos buitre ni cualquier entidad que pueda especular con la vivienda». 

Pero no todos están de acuerdo con el cambio legislativo, como indica Diego Reyes, presidente de la asociación de promotores del Tarragonès: «Estamos ante una ley coja y manca, porque ha dejado tirados a los profesionales, como si fuéramos seres de otro planeta. Si te dedicas a tener pisos para alquilar, eres un promotor, un banco o un fondo de inversión, estaremos en las mismas, abocados largos procesos judiciales». 

Reyes critica duramente que la ley en ciernes acelere los procesos sólo en el caso de los propietarios particulares pero margine al resto, incluidos los profesionales del sector inmobiliario: «De alguna forma le han puesto carnet de identidad a los pisos. Para el que ocupa es tan fácil como irse al registro de la propiedad y ver de quién es el piso y meterse dentro si pertenece por ejemplo a un banco o a una empresa inmobiliaria».